Para saldar una deuda que viene de hace décadas, varias organizaciones de la sociedad civil aglutinadas en el Equipo Impulsor de la Reforma a la Función Pública, han realizado mejoras al proyecto de Ley del Servicio Público que presentó el Ejecutivo a la Asamblea en diciembre del año pasado. Esto, con el objetivo de que la administración pública contrate a los servidores del Estado en concursos públicos y transparentes que valoren la capacidad y los méritos para optar a un cargo público.
Con lo anterior, las organizaciones civiles pretenden terminar con el “amiguismo”, el “clientelismo político” y el “tráfico de influencias”, considerados males que carcomen la credibilidad de las instituciones públicas y propicia la corrupción desde el nivel administrativo hasta los más altos cargos de la función pública, señalaron ayer algunos de sus promotores aglutinados en el Equipo Impulsor.
Algunos de estos organismos civiles que respaldan la propuesta gubernamental -pero haciéndole mejoras- fueron promotores también del anteproyecto de ley de la Función Pública que fue presentada en 2013 a la Asamblea, pero que terminó siendo una normativa a la que los diputados no hicieron caso.
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Entre sus propuestas están que la ética e integridad, el liderazgo, la automotivación y el compromiso, las aptitudes y competencias, la convicción de servicio y la visión a largo plazo, sean las características que contenga el perfil del “servidor público ideal”.
Informaron que dentro de poco el proyecto de ley comenzará a ser socializado en todos los ámbitos, incluyendo el sector sindical, un gremio que ha mostrado oposición a la nueva ley, creyendo que es una manera de violar sus derechos laborales, pero según los promotores de las organizaciones civiles, como Sofía Flores Cruz, directora ejecutiva de DTJ, es todo lo contrario.
“Estamos gestionando varios acercamientos con sindicatos para conocer sus inquietudes, sus temores, para ver como nos adecuamos de la mejor forma”, aseveró.
Agregó que la normativa ya pasó los filtros y las observaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es decir, que no contempla violaciones a derechos laborales, sino más bien, la “creación de una verdadera carrera administrativa para seleccionar, retener y dignificar a los servidores públicos”.
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Para cumplir con ese objetivo se deben crear condiciones adecuadas, tales como la “capacitación permanente y continua como un derecho para el funcionario y un deber del Estado, así como el reconocimiento legal de la Escuela Nacional de Formación Pública”.
El Equipo Impulsor plantea que esta nueva ley sea el marco para toda la Administración Pública.