Aunque el fiscal general, Douglas Meléndez, advirtió que habrían “consecuencias nefastas” para el país si no se supera el veto presidencial a una reforma a la Ley de Lavado de Dinero y Activos, que pretendía dotar de autonomía a la Unidad de Investigación Financiera (UIF), los diputados ni intentaron ayer sumar los 56 votos requeridos para superar el veto del Ejecutivo.
El presidente Salvador Sánchez Cerén vetó la semana anterior la reforma a la Ley de Lavado de Dinero y Activos, que pretendía dotar de autonomía a la UIF, oficina de análisis financiero adscrita a la Fiscalía General de la República (FGR).
Los diputados de la Comisión de Seguridad y combate al Narcotráfico inclusive citaron por la mañana al fiscal general, Douglas Meléndez, para escuchar su postura en torno al veto emitido por el mandatario. De entrada dijo el funcionario, dicha reforma “no es inconstitucional”, como argumenta el Ejecutivo.
LERR MÁS: Termina plenaria, diputados no superaron veto del gobierno a Ley de Fiscalía
“Las consecuencias, señores diputados, de no superar el veto, serían nefastas, no para el fiscal general, no para la Fiscalía o la UIF, sino para el país. La trascendencia de estas reformas es importante, tan es así que el día de ayer recibimos una notificación fuerte del Gafi (Grupo de Acción Financiera Internacional), donde están abordando el tema de El Salvador, concretamente el tema de la reforma”, les externó el fiscal general.
Les advirtió que el país podría ser expulsado de los organismos internacionales que comparten información referente al lavado de dinero y activos transnacional.
“Es de tal trascendencia que de no tenerla al día 24 de septiembre en la reunión del Grupo Egmont se va abordar este punto de esta reforma. Si no tenemos esa reforma a esa fecha podríamos ser suspendidos o lo más seguro, expulsados de ese organismo”, advirtió Meléndez.
Aseguró que de ser expulsados de esos organismos, El Salvador no tendría acceso a información importante como cuentas bancarias de salvadoreños investigados por presunto enriquecimiento ilícito o lavado de dinero, aperturadas en otros países.
Repercusiones económicas
Pero también, El Salvador se verìa afectado en la parte económica, dijo el fiscal general.
“Los organismos internacionales, el BID y otros organismos que miden este tipo de situaciones lo toman en cuenta en un momento determinado y podrían haber ciertas restricciones al país”, planteó el jefe del Ministerio Público.
El diputado de ARENA, Ernesto Vargas, advirtió que de ser superado el veto presidencial y no ser aceptado por el Presidente, por ley tendría que irse el litigio a la Sala de lo Constitucional, pero que ésta no está funcionando porque aún no han sido nombrado los 4 magistrados que faltan.
No obstante, los diputados no hicieron ni siquiera el intento de someterlo a votación para superar el veto presidencial.