Durante la visita de los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los pobladores de El Mozote y de otras comunidades de Morazán señalaron las deudas que persisten de parte del Estado salvadoreño en relación al cumplimiento de la sentencia emitida por la Corte en 2012.
Carlos Antonio Ponce, habitante del cantón Cerro Pando del caserío El Barrial, señaló que el proceso de construcción del Centro Escolar de El Mozote comenzó hace varios años, pero el avance ha sido lento. Pidió al ministro de Educación, Carlos Canjura, quien había llegado a El Mozote para exponer los avances en materia de educación a los jueces de la Corte IDH, que le presenten el diseño completo de cómo quedará la obra al terminar.
Ponce reconoció que el Ministerio de Educación ha trabajado por mejorar la infraestructura de distintos centros de la zona, que ya estaban deteriorados, pero que aún necesitan que se renueve el mobiliario.
Ponce señaló que también se les había prometido un programa de becas para los jóvenes de la zona, que aún no ha llegado. “El gobierno manifestó ese compromiso con las víctimas. Entusiasmamos a los jóvenes que iban a tener esa oportunidad, pero no ha pasado nada”.
Aunque el nuevo centro escolar de El Mozote contará con bachillerato, los jóvenes de otras comunidades deberán recorrer grandes distancias si quieren estudiar ahí. Para llegar a pie desde El Barrial a El Mozote se debe caminar por más de una hora, dijo María de la Cruz Argueta, habitante de la zona.
“Le pedimos a la CIDH que esté siempre presente. La sentencia menciona El Mozote y lugares aledaños, esperamos que en los otros lugares también se puedan hacer realidad estos beneficios”, dijo Ponce.
Canjura se comprometió a abrir una universidad en línea en Perquín para el año 2019 y a desarrollar un programa para otorgar 110 becas universitarias.
En el área de salud, denunciaron que se les entregó un carnet que los identifica como víctimas de El Mozote para que al llegar a un centro asistencial se tome en cuenta sus necesidades, como la atención sicosocial, pero en cambio han sido víctimas de discriminación y maltrato por lo que prefieren no mostrar el carnet.
Los jueces Humberto Sierra y Eugenio Raúl Zaffaroni visitaron ayer El Mozote.
“Que la Corte haya venido al Mozote es muy significativo, la Corte no hace este tipo de visitas de manera muy frecuente”, dijo Gisela de León, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho, Internacional (CEJIL).
De León dijo que era muy valioso que los jueces vieran la realidad en la que viven las víctimas. “A pesar de que han pasado seis años de que se emitió la sentencia, la escuela, que uno pensaría que hay medidas que son más fáciles de cumplir y la escuela sería una de ellas, pero han pasado seis años y sigue en construcción”, señaló la abogada.
Los jueces también se reunieron con el juez que lleva el caso El Mozote en el Tribunal de Instrucción de San Francisco Gotera. “El caso que tiene el juzgado supongo que es el caso más complejo que hay en toda la justicia salvadoreña, no le he visto una infraestructura suficiente al Estado como para llevar eso adelante”, dijo Zaffaroni que fungió como juez por 40 años en Argentina. Expuso que la complejidad del caso requiere de un equipo de trabajo que no solo esté compuesto por empleados del juzgado sino también por expertos y letrados.
De León añadió que además de garantizar justicia a las víctima aún falta cumplir las medidas relacionadas a la exhumación de los cuerpos y desarrollo de infraestructura, no solo del centro escolar, pero también de un programa habitacional que permita el retorno de las personas desplazadas. La Corte IDH también ordenó la creación de un registro de víctimas, pero el proceso ha sido engorroso y les están pidiendo requisitos que implican muchos gastos para los pobladores, como la presentación de certificados de nacimiento y de defunción.
“Se han cumplidos con medidas simbólicas, pero las medidas significativas nos parece que hay grandes deudas pendientes del Estado en materia de cumplimiento de la sentencia”.
Para el tema del registro, que el estado debe determinar quiénes son las víctimas de la masacre, les están pidiendo requisitos onerosos Para ellos. Certificado de nacimiento, de defunción. Un procedimiento que se llama sencillo.