El presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Nelson Vanegas, admitió ayer que analizan la solicitud que le hizo la empresa china Asia Pacific Xuanhao Project Investment (APX), de arrendar 102 manzanas de terreno en las zonas aledañas al Puerto de La Unión y también en la Corporación Salvadoreña de Inversiones (Corsain).
El funcionario confirmó ayer en una entrevista televisiva que la empresa ya había hecho una solicitud anteriormente, pero el contrato no se firmó y el pedido quedó sin efecto, por lo que ahora la compañía volvió a enviar una nueva carta.
Esta solicitud fue enviada dos días después de que El Salvador abriera relaciones diplomáticas con China Continental, y expresa el interés por arrendar 102 manzanas de terreno con un canon anual de arrendamiento de $1 por metro cuadrado más IVA.
Vanegas negó que ya haya un acuerdo para otorgarle los terrenos a esa compañía y aseguró que este solo puede tomarlo la Junta Directiva de CEPA.
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Justificó, además, que este tipo de arrendamientos son comunes con otras empresas, como la otorgada a la compañía de reparación aérea, Aeroman, a la que se le dio un arrendamiento de 40 años en las zonas aledañas al Aeropuerto Internacional de El Salvador.
Vanegas añadió que las conversaciones con empresas chinas no son nuevas para él. “Con los chinos hemos venido hablando desde hace un montón. He recibido a muchas empresas”, dijo, tratando de justificar las relaciones con el gigante asiático que se han abierto aún más en momentos en que se abrirá un nuevo proceso de licitación para concesionar el Puerto de La Unión, y además, se propone una ley para crear Zonas Económicas Especiales en el oriente del país.
De acuerdo a lo ha expresado por la Embajadora de Estado Unidos en El Salvador, Jean Manes, detrás de estos proyectos hay negociaciones poco transparentes que apuntan a establecer una base militar en la terminal marítima, que ha mantenido una mínima actividad desde hace 10 años de haberse construido.
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Vanegas negó en la entrevista que la terminal vaya a ser usada como una base militar, pues, afirma que la actual ley lo considera un bien público y sin ningún régimen especial, por lo que no habría posibilidad de que China use esta terminal para usos militares.