A pesar de existir un acuerdo entre Fiscalía General y abogados defensores de seis de los acusados en el caso conocido como Destape a la Corrupción para que se declararan culpables del desvío de 300 millones de dólares, hubo discordia con respecto al monto de la responsabilidad civil que demanda el ente fiscal para cada uno de los procesados.
La Fiscalía General pidió ayer al Tribunal Segundo de Sentencia, que condene a diez años de cárcel y de responsabilidad civil de $300 millones 347 mil para el expresidente Elías Antonio Saca y su exsecretario Privado, Elmer Charlaix, tras culminar sus alegatos finales en el juicio que lleva 16 días.
También pidió cinco años de prisión para el exsecretario de la Juventud, César Funes, y para el ex secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Julio Rank.
En el caso de Funes, la Fiscalía exige que sea condenado civilmente a pagar 800 mil dólares y a Rank 8 millones de dólares para resarcir los daños al Estado.
Con respecto a los ex empleados de Casa Presidencial, Francisco Rodríguez Arteaga y Jorge Herrera ha solicitado la pena de seis años y tres años de prisión respectivamente.
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Los seis confesaron haber desviado fondos públicos de la Presidencia, por lo que se sometieron a un proceso abreviado para recibir penas menores de prisión.
El exempleado de Casa Presidencial, Pablo Gómez, fue el único que desistió de someterse a un proceso abreviado, por lo que la Fiscalía pidió ayer al tribunal de Sentencia que lo condene a 16 años de cárcel.
En la petición fiscal se establece que Rodríguez Arteaga, Gómez y Herrera, también tendrán que responder por los 300 millones 347 mil de dólares a fin de que sean devueltos al Estado.
Lo anterior significa responsabilidad civil solidaria, es decir, que cada uno de los cinco procesados tendrán que responder con bienes, inmuebles o dinero, según su capacidad económica, para cubrir el monto de dinero ($300 millones) que está siendo reclamado por la Fiscalía para ser devuelto a las arcasl del Estado, de donde fue sustraído de manera ilegal.
“Con esta cantidad de dinero también se realizaron actividades propias del delito de lavado, es decir, se depositó, se transfirió, se retiró, se convirtió... En el presente caso el instrumento del delito, han sido las sociedades del Grupo Radial Samix, ha quedado evidenciado que estas sociedades fueron utilizadas para realizar las operaciones de estratificación del dinero que fue sustraído ilegalmente de Casa Presidencial, para luego retornarlo al patrimonio del señor Elías Antonio Saca González y sus familia”, dijo un fiscal del caso.
Aseguró que la Fiscalía ha pedido en el proceso de Extinción de Dominio que las 16 emisoras radiales y las 86 frecuencias radiales sean confiscadas y que pasen al patrimonio del Estado para resarcir el daño causado al erario.
Además de las radios y las frecuencias, el ente fiscal también ha solicitado que bienes, inmuebles y sociedades mercantiles de Saca y de los procesados puedan ser confiscadas y que pasen a dominio estatal.
Los abogados defensores de Saca, Charlaix y Funes no están conformes por los montos exigidos por la Fiscalía para que sus clientes cumplan con la responsabilidad civil.
Luis Peña, defensor de Charlaix, pidió al tribunal que se abstenga de emitir una sentencia condenatoria con relación a la responsabilidad civil de cada uno de los procesados.
“Ni la pericia ha determinado los montos específicos de responsabilidad de cada uno de los imputados”, argumentó Peña.
Agregó que en el caso de Charlaix, la Cámara Primera de lo Civil lo condenó en enero de este año a devolver 17 millones 709 mil dólares a las arcas del Estado, con lo que se enriqueció de manera ilícita.
Peña advirtió que no puede haber doble persecución con relación a la responsabilidad civil.
Miguel Girón Flores, abogado de César Funes, solicitó a los tres jueces que su defendido sea exonerado de la responsabilidad civil alegando que los peritajes financieros presentados por la Fiscalía están incompletos porque omitieron algunos puntos que favorecían a Funes y al resto de los imputados.
Girón Flores solicitó al tribunal imponerle a Funes una pena de prisión menor a la acordada con la Fiscalía, que es de cinco años.