Bienestar Policial es la dependencia de la PNC que debería velar por la asistencia social a los agentes de la corporación. Sin embargo, en la práctica no cumple con sus funciones. Para los agentes consultados por El Diario de Hoy, la unidad es un departamento inoperante, con políticas de atención deficientes e incapaz de cumplir con sus obligaciones y menos de cubrir las necesidades de los más de 23 mil agentes operativos de la institución.
Si a eso se suma que al interior de la policía no existe otra unidad que se encargue de recibir de manera particular las denuncias provenientes de agentes policiales, Bienestar Policial se convierte en la única esperanza para ellos.
Sin embargo, esta dependencia no se activa en ningún punto del esquema actual de denuncias, ni está clara su participación en el problema a pesar de la naturaleza de su origen. Un agente que tenga la intención de interponer una denuncia suele hacerlo primero a través de un informe a su jefe inmediato superior, pero esa ruta tampoco es eficaz.
Sepelio del agente Walter Antonio Guardado Alfaro asesinado por pandilleros junto a su esposa Maritza Varela de Guardado y su hija de 4 años, en noviembre de 2017, en Santa Ana. Foto/ Archivo EDH
“Tiene que existir un protocolo y un mecanismo dentro de la institución para atender este tipo de situaciones, pero es difícil cuando el Estado y el Ejecutivo no reconocen un término tan básico como ‘desplazamiento forzado por violencia’”, declara Armando de Paz, quien también denuncia la ausencia de garantías básicas de seguridad social, traslados por amenazas o medidas para salvaguardar a las familias de los agentes.
Ante la duda, El Diario de Hoy intentó conocer el detalle de otros posibles proyectos que estuviesen destinados a garantizar la seguridad de los agentes de la PNC, las dependencias encargadas de ejecutar cada proyecto, los fondos destinados a cada uno, la procedencia de esos fondos, los resultados obtenidos y documentos relacionados.
En su respuesta, la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) comunicó que la petición fue dirigida, como era de esperarse, a la División de Bienestar Policial, confirmando que es la dependencia más cercana a responder por esas obligaciones. Sin embargo, tras una espera de 15 días y una ampliación de plazo, la información fue denegada, pues Bienestar Policial jamás contestó a la solicitud de la UAIP. Se solicitó una entrevista con el director de Bienestar Policial, pero hasta la fecha no se tiene resolución.
Ellos fueron los que presidieron el protocolo en nombre del director de la PNC, quien no asistió a los actos funerarios del agente caído. “Este caso no quedará impune”, aseguró uno de los tres oficiales.
La alcaldesa de Suchitoto también asistió al sepelio del agente Caravantes y pidió la palabra. En un discurso de cinco minutos habló de compromisos y pidió unidad para mantener la violencia lejos del municipio.
El agente Caravantes fue asesinado en el caserío Zacamil del cantón Platanares de Suchitoto, sobre una calle de tierra rodeada por matorrales: uno de esos caminos que se prestan a las emboscadas y a la impunidad. Una de esas veredas descuidadas que abundan en los cantones y comunidades, donde los policías y sus familias no tienen otra opción que vivir a merced de sus verdugos.
“Ese camino no es seguro y la alcaldesa lo sabe, pero nunca ha hecho nada por arreglarlo”, relató un agente que acompañó al féretro de Caravantes y que está destacado en la zona. Él confirma que los lugareños viven asediados por las pandillas y que estas tienen una red de “colaboradores” que delinquen y asesinan en los cantones y caseríos cercanos.
Entre 2013 y 2017, se reportaron un total de 117 homicidios en ese municipio, según datos de Medicina Legal, cotejados con la Fiscalía General de la República (FGR) y la PNC. En promedio, hubo un asesinato cada 15 días.
Caminos, como el que recorría Caravantes el día que fue asesinado, son una de las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan a diario los policías que viven en la misma zona que los pandilleros que los asechan.
Una historia similar ocurrió con el agente Ramón Alberto Raymundo, quien fue asesinado la tarde del sábado 11 de agosto cuando se transportaba en motocicleta sobre un camino en el municipio de Candelaria, Cuscatlán.
Un par de horas después del asesinato del agente Raymundo, la FGR dijo tener en su poder información sobre grupos de pandillas que habrían girado instrucciones para atentar contra miembros de los cuerpos de seguridad pública en el occidente del país. Emitieron la alerta a través de sus redes sociales.
La PNC reaccionó al mensaje catalogándolo como “inoportuno y atentatorio”. Aseguraron que mantienen constantes medidas de protección y “autoprotección” para su personal. Sin embargo, hasta el 17 de agosto, ya eran 14 los agentes asesinados en lo que va de 2018.
William Caravantes forma parte de ese grupo y con su muerte deja a cuatro niños en la orfandad. “Luchaba para sacar a sus hijos adelante, para que no se dedicaran a una carrera tan peligrosa como él tuvo que hacer”, sostuvo la hermana del policía.
En el cementerio hubo silencio después de sus palabras y el capellán de la PNC invitó a la familia a darle un último adiós al agente. Nadie fue capaz de contener las lágrimas. “Es como un ángel que me han quitado”, exclamó su madre entre sollozos.
Un policía que vestía de azul, como hacía Caravantes en su trabajo diario, se acercó a la madre y a la esposa del agente, abrazó a ambas mujeres y con la voz entrecortada les dijo: “Aquí vamos a estar siempre”. La esposa sostenía entre sus manos la bandera que entrega la PNC, la madre tenía una rosa blanca en su mano derecha. Minutos más tarde, con pala en mano, ese mismo agente ayudó a sepultar a su compañero. La madre de Caravantes lanzó la rosa que también quedó bajo tierra.