La PNC se enfrenta a un problema que va en aumento, además del desplazamiento forzado de sus miembros, desde enero de 2014 hasta el 17 de agosto de 2018, han sido asesinados 200 policías en El Salvador.
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17 August 2018
Cobra- indicativo utilizado por seguridad – es un policía que sobrevivió a un ataque armado de la Mara Salvatrucha en 2016, eso lo obligó a dejar su hogar con su esposa e hijos. Pero, sin otra medida de seguridad, escapar es solo un atenuante y no aleja realmente del peligro a los agentes amenazados por las pandillas. Cobra lo confirma: en el lugar en que se ocultó, los pandilleros no tardaron mucho en darse cuenta que era policía.
“Me quedé perplejo porque me investigaron, sabían hasta mi nombre”, relata el agente. En la casa de la madre de Cobra, donde él y su familia se refugiaron, vivía también su hermano menor. Con él se encontraba cuando fue víctima de un segundo atentado.
Los pandilleros lo interceptaron al bajarse de una unidad de transporte público. Les arrebataron su objetos personales y comenzaron a golpearlos. “Nos robaron todo y me dijeron que ya sabían que yo era policía”, recuerda Cobra. De pronto, el agente se vio cercado e impotente en mitad de un lugar desolado, rodeado por cinco sujetos armados que no paraban de golpearlos.
Desde 2003, la Policía Nacional Civil registra 976 denuncias por amenazas directas de pandillas: una denuncia cada dos días durante los últimos cinco años. Foto/ Archivo EDH
Uno de los pandilleros apuntaba en todo momento el cañón de su arma directamente a la cabeza de Cobra. “Yo solo esperaba el sonido del disparo”, confiesa el agente. Sin embargo, sucedió algo que él jamás dejará de explicar como un milagro, los pandilleros desistieron del ataque y comenzaron a retirarse. “Solo me dijeron que ya no me querían ver ahí”.
Como cualquier policía, Cobra no es de los que cede ante los delincuentes, pero pensó en su familia y las palabras de aquel pandillero fueron como órdenes para él. Al haber agotado las instancias a su alcance, al sentirse solo y desesperado, consideró que su única opción era tratar de escapar del país.
El pasado 13 de julio, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió una sentencia que legitima a las víctimas de desplazamiento forzado en El Salvador. “Declárase que en El Salvador existe un fenómeno de desplazamiento forzado de personas que tiene origen en el contexto de violencia e inseguridad”, reza parte de la resolución.
Además, manda a la Asamblea Legislativa a legislar sobre el tema y al Ministerio de Seguridad Pública a reconocerlo. “Ordénase reconocer a las víctimas de la violencia y del desplazamiento forzado dicha calidad”, dice el documento de la Sala, que también exige diseñar e implementar políticas públicas orientadas a prevenir el desplazamiento forzado, brindar medidas de protección a quienes ya tienen “de facto” la condición de desplazados y garantizarles la posibilidad de retorno a sus residencias.
“En el momento que no queremos poner nombre al problema y aceptar que es un problema, cualquier respuesta que se intente dar será una respuesta nula”, afirma Arnau Baulenas. Según él, tener una tasa tan grande de desplazamiento sin reconocerla hace imposible hablar de protección.
Un grupo de agentes durante el funeral de su compañero, el agente Adán Servellon, asesinado por pandilleros en su día libre frente a sus hijos en el municipio de Huizucar, La Libertad. Foto/ Archivo EDH
El Informe Mundial sobre Desplazamiento Interno publicado por el Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés) ubica a El Salvador entre los diez países con más desplazamientos forzados por violencia en el mundo durante 2017. El IDCM da cuenta de 296,000 personas forzadas a huir de sus hogares a causa de la violencia. Sin embargo, el Gobierno se resiste a reconocerlo.
“El gobierno sabe que hay desplazamiento forzado, lo único es que por táctica o estrategia política sigue con la idea de que es propio seguir negando el hecho”, opina Baulenas. “Reconocerlo (El desplazamiento forzado) permite trabajar en los mecanismos de protección para las víctimas”, sostiene Armando de Paz.
Por diferentes medios, se quiso obtener la opinión del Director de la PNC, Howard Cotto, para conocer la postura oficial de la institución ante los casos de policías desplazados por la violencia y la atención que se brinda a las personas afectadas; sin embargo, no se ha conseguido respuesta alguna hasta la fecha.
