La elección de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia no debe hacerse para “cobrar favores después”, ni por “afinidad política-partidaria”, sino que debe ser una selección de personas que reúnan el perfil idóneo para velar por los derechos constitucionales de la ciudadanía, afirman representantes de varias organizaciones de la sociedad.
Esto es lo que exigen a los diputados el presidente del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), Humberto Sáenz; el Director de Estudios Legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), Javier Castro; y el coordinador del Movimiento Laboral Salvadoreño, Ricardo Soriano, ante el atraso de más de un mes de los nuevos funcionarios en la Sala de lo Constitucional y en la Sala de lo Civil del Órgano Judicial.
El último intento de la Asamblea por juramentar a los nuevos magistrados de la CSJ en la plenaria del jueves pasado se frustró a raíz de las posiciones encontradas por las propuestas que manejan el bloque del FMLN y GANA con los partidos de la coalición ARENA, PCN y PDC.
ARENA acusa al FMLN y a GANA de querer tomar el “control de la Sala de lo Constitucional” para frenar demandas y resoluciones que les afecten a ambos partidos, como la sentencia en contra del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (SITRAMSS), denunció ayer el presidente de la Asamblea, Norman Quijano, de ARENA. (ver nota aparte).
La moción del partido oficial y del partido naranja de llevar a la Procuradora General de la República, Sonia Cortez de Madriz, como magistrada de la Sala de lo Constitucional ha creado una vorágine de cuestionamientos, no sólo entre los partidos, sino también de las organizaciones civiles y de abogados.
Partidos inflexibles con sus propuestas a magistrados de Corte Suprema
“Yo creo que hay muchos mejores candidatos, incluso que el otro señor Avilés; hay muchas personas mejor calificadas que el señor Avilés para estar siendo asignados (a la Sala de lo Constitucional)”, argumentó Sáenz.
A pesar de las críticas, el FMLN y GANA se mantienen firmes en respaldar las postulaciones de Cortez y de Avilés, al punto de no dar sus votos por ningún otro candidato, aunque coincida con los apoyos de otros partidos para ser electos.
El estira y encoge por la elección lleva más de un mes en la Asamblea, pero la fricción ha terminado concentrándose en la candidatura de Cortez de Madriz. Sobre ella, Ricardo Soriano, del Movimiento Laboral Salvadoreño, opina que si los diputados la nombran en la Sala de lo Constitucional lo menos que hará es velar por los derechos del sector de los trabajadores.
Soriano señaló que hay casos documentados en los que la mediación de la Procuradora ha sido “ineficiente”, ya que ha argumentado que no cuenta con suficientes procuradores (abogados estatales) para resolver las denuncias laborales.
“Los trabajadores tenemos camándulas de demandas en la Procuraduría, donde sexos femeninos, igual que la señora Procuradora, están archivados; donde están durmiendo el sueño de los justos. Y si esta señora que ha empantanado, supuestamente, elegir (a los magistrados), no ha podido manejar la Procuraduría General de la República por uno o dos periodos, ¿qué esperamos de ella estando en una instancia superior?”, recrimina Soriano.
Roberto Rubio advierte interés de partidos en elegir magistrados que los “protejan”
Piden usar cuadro de evaluación
Para Sáenz y para Castro, los diputados han hecho mal su tarea en elegir a los magistrados y han incumplido con el mandato que les dio la población el 4 de marzo pasado en las elecciones.
Según Castro, el proceso comenzó a deformarse desde que los diputados terminaron las entrevistas a los 30 candidatos. Por primera vez dicho mecanismo se llevó a cabo de forma abierta y participativa por exigencia de asociaciones de abogados y de la sociedad civil, pero las deliberaciones de los legisladores para razonar su respaldo a cada uno de los aspirantes han sido secretas.
“Cuando no se hacen esos mecanismos todo apunta a que lo que se quiere hacer es un reparto de instituciones o elecciones bajo criterios políticos partidarios y eso es bastante delicado”, reflexionó Castro.
En este punto, Sáenz y Castro recomiendan hacer una retrospectiva para que los partidos tomen ejemplo de baremos, como el diseñado por el diputado independiente Leonardo Bonilla o el que hizo la Iniciativa Social para la Democracia (ISD) junto a universidades privadas, para calificar una a una las características de cada candidato propuesto y de manera pública.