Las confesiones de corrupción del expresidente Saca

Elías Antonio Saca aceptó ayer ante tres jueces que durante su administración desvió fondos de la partida de gastos reservados de la Presidencia a cuentas personales, pagó sobresueldos y evadió controles estatales. Juzgado aún no avala pacto de juicio abreviado.

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Foto EDH: René Quintanilla

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09 August 2018

“¿Acepta usted haber cometido de manera dolosa los delitos de peculado y lavado de dinero?”.

—“Sí, acepto”, fue la respuesta, sin titubeos, del expresidente Antonio Saca, en una sala de audiencias en la que todos estaban expectantes, aferrados a sus sillas y en silencio.

A lo largo de la declaración de Saca nadie estaba filmando ni grabando sus palabras por disposición del Tribunal, sin embargo todos los presentes —defensores, fiscales y jueces— estaban atentos a cada una de las palabras que espetaba el exmandatario, principal acusado de la trama que desvió $301 millones del Estado. Los otros imputados estaban fuera de la sala mientras Saca confesaba y detallaba el destino de millones de dólares.

Minutos antes de declararse culpable de los delitos que le acusa la Fiscalía, Saca confesó ante los tres jueces del Juzgado Segundo de Sentencia de San Salvador que era ilegal el desvío de fondos públicos a cuentas privadas, no obstante lo hizo y transfirió a sus empresas con el apoyo de otros implicados.

En este juicio abreviado son procesados tres exsecretarios de la administración Saca; Élmer Charlaix (por lavado de dinero y peculado), César Funes y Julio Rank (por lavado de dinero), y los exfuncionarios de Casa Presidencial, Francisco Rodríguez Arteaga (peculado y lavado de dinero) y Jorge Herrera Castellanos (peculado), quienes pretenden una condena menor tras haber aceptado esos delitos como parte de sus estrategias de defensa.

Pablo Gómez es procesado en un juicio ordinario por peculado y lavado de dinero, ya que se considera inocente, aunque —según la Fiscalía— era uno de los que retiraba millones en efectivo de Capres y los trasladaba a cuentas privadas de Saca, y es el mismo personaje que sacó millones de dólares del Banco Hipotecario en bolsas de basura en el caso que se sigue a Funes.

Saca admitió que había desviado el dinero para favorecer a sus empresas, como el Grupo Radial Samix, un conglomerados de 14 radios con diferentes frecuencias en todo el país. Durante su declaración aceptó que abrió cuentas a nombre de su secretario privado, Élmer Charlaix para transferir los fondos del Estado. Más tarde Charlaix admitió haber creado 16 cuentas bancarias en las que se transfirieron $272 millones. Estas cuentas eran administradas por Rodríguez Arteaga y por Pablo Gómez.

Durante su confesión Saca dijo que lavó dinero público con la compra de haciendas y residencias de lujo, entre otras, a través de sociedades ficticias, y en algunos casos usó a varios prestanombres para mover el dinero público, uno de ellos era el exentrevistador de televisión Jorge Hernández, a quien le daba $100,000 mensuales disfrazados en trabajos publicitarios para Casa Presidencial por parte de Marketing and Service, propiedad de Hernández.

Otro que le sirvió de prestanombre fue el expresidente de CEL, Irving Tóchez, para la compra de propiedades como residencias y haciendas con dinero público.

El dinero que daba a Hernández luego era trasladado a las cuentas bancarias de las empresas de Saca.

El expresidente reveló que había invitado a Hernández a un viaje a El Cairo, Egipto, para que cubriera el viaje como “periodista”, pero pagó con fondos de los gastos reservados de la Presidencia.

Luego Saca aceptó ser culpable de haber sustraído fondos públicos para su beneficio y de sus empresas, así como de otras personas.

47 cheques por $13 millones

Saca, quien es el primer presidente de la República en aceptar cargos de corrupción, dijo que como parte de la trama del desvío e dinero público, recibió en su oficina 47 cheques por un monto de $13 millones 370 mil, los cuales luego se los pasó a Charlaix para que este reo confeso depositara esos fondos en cuentas personales.

Las cuentas bancarias para transferir fondos públicos a favor de Charlaix y los tres exempleados de Capres no tenían la autorización de la Dirección de Tesorería, del Ministerio de Hacienda.

Dijo que tenía privilegios con bancos como: que no se identificara a la persona que iba a retirar el dinero de las cuentas creadas para depositar fondos públicos y que no se reportara esos movimientos sospechosos a entes contralores.