El expresidente de la República, Elías Antonio Saca, confesó extrajudicialmente ante la Fiscalía General que durante su administración cometió los delitos de lavado de dinero y peculado (apropiación de fondos públicos), los cuales son castigados hasta con 12 y 15 años de cárcel respectivamente.
El Ministerio Público acusa al exmandatario de haber montado una “estructura criminal” que desvió, entre 2004 y2009, $301 millones provenientes de fondos públicos hacia cuentas particulares.
Las investigaciones señalan que Saca actuó en complicidad con seis exfuncionarios, con quienes está siendo enjuiciado desde este martes.
En el tribunal, se preguntó a Saca si admitía la comisión del delito pero allí él guardó silencio.
Pero a cambio de aceptar su culpa, el expresidente logró que la Fiscalía pidiera al Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador que, con base en el artículo 380 del Código Procesal Penal, él sea sometido a un proceso abreviado y se le condene únicamente a 10 años de prisión, es decir, cinco años de reclusión por cada delito admitido.
También pidió que devuelva al Estado entre 25 millones y 30 millones de dólares, manifestó Jorge Cortez, jefe fiscal de la Unidad de Investigación Financiera.
Los montos millonarios a que ascienden los bienes de Saca y de los otros imputados, serán restituidos al Estado, dice la Fiscalía.
Para el jefe de la UIF, este hecho es histórico porque, “a ningún presidente de El Salvador se le había condenado con este mecanismo de peculado y lavado de dinero, en conclusión: actos de corrupción, y eso lo vamos probar”.
La satisfacción de Cortez contrasta con el hecho que de los más de 300 millones que se atribuye a Saca: 195 millones salieron en efectivo de la cuenta subsidiaria del Tesoro Nacional y de esa suma 171 millones fueron sustraídos por el contador privado, Pablo Gómez.
Cortez dijo que esa suma de dinero en efectivo ha sido difícil de rastrear y detectar. “Nosotros hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para tratar de ubicar todas las propiedades habidas por esta persona, sus testaferros, que habían comprado con fondos públicos”.
Abreviados para tres más
El juicio abreviado también fue solicitado para el exsecretario privado de la Presidencia, Élmer Charlaix, a quien se le imputan los mismos delitos que el expresidente. Para el exsecretario de Comunicaciones, Julio Rank, y para el exsecretario de la Juventud, César Funes, acusados de lavado de dinero, la pena de prisión requerida fue de cinco años.
Durante el juicio, que se extendería por dos meses, los cuatro imputados -quienes se mostraron sonrientes y de buen ánimo durante la diligencia- aceptaron someterse al juicio abreviado.
Quienes quedaron fuera del acuerdo con la Fiscalía fueron Francisco Rodríguez, exjefe de la Unidad Financiera Institucional (UFI) de Casa Presidencial; Jorge Herrera, jefe de Tesonería, y Pablo Gómez, auxiliar contable. Fiscalía explicó que dos de ellos pidieron sobreseimiento definitivo y uno pena de 2 años.
La Fiscalía pidió que fueran apartados del proceso y se les hiciera un juicio aparte, pero el Tribunal resolvió que se llevarían a cabo los juicios (el abreviado y el ordinario) de forma simultánea.
El fiscal Jorge Cortez negó que el juicio abreviado solicitado para el exmandatario sea para beneficiarlo y justificó que la institución estaba actuando en el marco que regula la Constitución y bajo lo que faculta el Código Procesal vigente.
“Es el primer expresidente de la República que será condenado a pena de prisión por actos de corrupción... Y eso lo hace merecedor de catalogarse como un hecho histórico dentro de la historia de El Salvador”, expresó Cortez.
El abogado defensor Lisandro Quintanilla insistió ayer que en este proceso no hay delito que perseguir, los 300 millones que atribuyen a Saca fueron utilizados en compras de bienes y servicios “muchas de esas erogaciones han sido avaladas por la Fiscalía General de la República; que no se siguieron las normas, es cierto, pero se brindaron al pueblo”.
Pero en un comunicado publicado como a las siete de la noche, la Fiscalía dijo que Saca “aceptó confesar el cometimiento de los delitos” y de haber adquirido con fondos públicos bienes como vehículos, ranchos, haciendas, residencias e acciones entre otros.
De ser sentenciado a diez años de prisión, como lo pide la Fiscalía, a Saca le faltaría cumplir ocho (ver nota aparte).