Para el martes, el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador ha convocado al expresidente Elías Antonio Saca y seis exfuncionarios suyos para que comparezcan al juicio en el que deberán rendir cuentas sobre el supuesto desvío de $301 millones durante la gestión presidencial 2004-2009.
La Fiscalía General de la República demandó al exmandatario y a sus excolaboradores ante los tribunales de justicia por los delitos de peculado (apropiación indebida de los fondos públicos) y lavado de dinero y activos.
Según la acusación fiscal, los procesados habrían utilizado toda una estructura para desviar el dinero y llevarlo a cuentas personales. Y otra parte de la suma señalada fue sustraída en efectivo.
El juicio o la última fase del proceso judicial penal en contra de los siete acusados está previsto que se desarrolle en los siguientes dos meses hasta el 7 de octubre.
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Sus abogados estiman que el juicio contra Saca y seis exfuncionarios se desarrollará al límite del plazo que la ley otorga como máximo para resolver un proceso judicial (dos años). El 30 de octubre vence la detención provisional para todos los imputados.
Los exfuncionarios que acompañarán a Saca en el banquillo de los acusados son Francisco Rodríguez Arteaga, exjefe de la Unidad Financiera Institucional (UFI) de la Presidencia; Pablo Gómez, auxiliar técnico de la UFI, y Jorge Alberto Herrera Castellanos, jefe de la Tesorería Institucional.
También serán enjuiciados el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Julio Rank; el expresidente de la Anda, César Funes, y el exsecretario privado, Élmer Charlaix.
Saca fue arrestado la noche del 30 de octubre de 2016, mientras se celebraba el matrimonio de uno de sus hijos en un local privado de Antiguo Cuscatlán. Otros cinco fueron arrestados la misma noche en sus viviendas, en tanto Élmer Charlaix se presentó días después a las bartolinas de la División Antinarcótico de la Policía Nacional Civil.
Tanto Saca como Charlaix han enfrentado paralelamente un proceso civil por el delito de enriquecimiento ilícito. En el caso de Charlaix y su esposa, María Arline Rivas, la Cámara Primera de lo Civil resolvió que se enriquecieron de forma ilícita en la gestión del expresidente y le ordenó a devolver al Estado $17,809,967.31 y su esposa $173,925.75.
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Por su parte, Saca y su esposa, Ana Ligia Mixco, aún esperan agotar el proceso civil que desarrolla. Ambos son procesados por no justificar el origen lícito de su patrimonio: él no dio cuenta de $3,970,000 y ella de $589,608.
Los abogados defensores del expresidente Saca y los seis exfuncionarios aseguran que probarán en el juicio que este caso no hay delito que perseguir, puesto que sus acciones están respaldadas por la discrecionalidad y que ha sido una práctica empleada desde el expresidente José Napoleón Duarte en la década de los 80 hasta el periodo actual.
El abogado de Charlaix, Luis Peña, ofreció 28 testigos, entre ellos expresidentes y ejecutivos de bancos para demostrar que no hubo nada ilícito durante la gestión de su defendido. El tribunal no los aceptó por estar fuera de plazo, pero sí admitió un testigo, que, según la Fiscalía, ayudará a esclarecer el destino de los $301 millones.
La Fiscalía respaldará su acusación con el informe de un peritaje financiero.
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El tribunal tampoco le admitió a la defensa una serie de documentos de descargo porque fueron presentados en formato original.
El abogado Lizandro Quintanilla sostuvo que los dineros que se cuestionan provenían del Presupuesto General de la Nación, aprobado por la Asamblea Legislativa, y que fueron utilizados en actividades oficiales.
