Funde asegura que Instituto de Acceso a la Información tarda 120 días en resolver

Señalaron que la población cada vez más está haciendo uso de los recursos para obtener información pública.

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31 July 2018

El Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (Alac), de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), aseguró este martes que el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) tarda hasta 120 días en emitir una resolución, lo que afecta a los ciudadanos en su derecho de obtener datos de las instituciones estatales, de forma oportuna.

Jiovanni Fuentes, investigador del área de Transparencia de Alac, informó que cada vez más los ciudadanos están haciendo uso de la LAIP, pero que el problema es la tardanza de los comisionados del IAIP en resolver las apelaciones que le llegan ante la negativa de las instituciones estatales de brindar información a los ciudadanos.

"Lo que hemos visto es que tarda el Instituto alrededor de 120 días para resolver a los ciudadanos los casos que han presentado, eso lo consideramos realmente peligroso en el sentido que afecta los derechos del ciudadano", dijo Fuentes.

Añadió que cuando el IAIP resuelve y ordena a un ente del Estado entregar la información requerida por un ciudadano, la misma se convierte "en inoportuna y ya no sirve" al peticionario por llegar demasiado tarde.

Jaime López, coordinador de Alac, aseguró que inclusive el IAIP no está aplicando resoluciones que ha emitido anteriormente y que muchas veces ha resuelto contrario a sus mismas resoluciones.

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Con estos hechos y la tardanza en emitir sus fallos, considera Lopez, el IAIP está incumpliendo con la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), al no aplicarla como se debe.

"Cuando el Instituto decide dejar de lado su inconformidad (del ciudadano), pues sí está violentando las mismas bases de la Ley de Acceso a la Información Pública, lo cual consideramos grave y delicado", manifestó López.

Los miembros de Funde/Alac hicieron varias recomendaciones a los comisionados del IAIP, para que mejoren la atención de los ciudadanos que se ven vulnerados en su derecho de obtener información pública por parte de los entes obligados por la LAIP.