La negligencia y el abandono en que quedó por mucho tiempo el proyecto de El Chaparral, así como el inexplicable pago multimillonario por una obra inconclusa en la gestión de Funes, dispararon el precio de la misma de $219 millones a $376.3 millones que se pagarán con dinero de todos los salvadoreños.
De este monto, el gobierno ya pagó $108.5 millones a la empresa italiana Astaldi, pese a que dejó abandonados los trabajos con el insólito argumento de “imprevistos imprevisibles”. La Fiscalía General y la supervisión determinaron que el terreno no era el adecuado, algo de lo que nadie había advertido antes de iniciar los trabajos pese a que se hicieron dos diseños a cargo de la firma brasileña Intertechne a un costo de $9 millones.
El Chaparral tenía que concluirse en 2013 y haber iniciado la generación de energía en 2014. Según se ha previsto, tendrá una potencia máxima de 66 megavatios con dos turbinas de generación de fabricación rusa.
El proyecto está situado en la zona baja de la cuenca hidrográfica del río Torola, entre los municipios de San Luis de La Reina y Carolina, en el departamento de San Miguel.
La actual administración de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) continúa con el proyecto y reporta que hasta la fecha ha ejecutado el 63.64 % de la obra, bajo la modalidad de múltiples empresas contratadas, tanto nacionales como extranjeras, y que el cronograma no reporta retrasos en la ejecución.
Lee además: INFOGRAFÍA: proyecto El Chaparral, el hoyo de $108.5 millones
Por ello, los datos que CEL ha hecho públicos en su portal de transparencia confirman que la autónoma ha firmado, hasta marzo pasado, 15 contratos con diferentes empresas a un monto de $209.6 millones.
De estos destaca el firmado con la rusa Tyazhmash (a un monto de $29.8 millones) y la salvadoreña Diseños y Construcciones Civiles (Dycsa S.A. de C.V.). La primera empresa está instalando la turbina que generará un estimado de 64 megavatios de energía eléctrica, mientras que la local está realizando diferentes obras civiles para alojar estos equipos.
Otro de los contratos que ya asignó CEL es el de la construcción de presa que permitirá retener el agua del río Torola para formar el embalse. Estas obras se otorgaron al asocio que integran la empresa argentina José Cartellone y la salvadoreña Holcim Concretos a un costo de $17.1 millones.
Según la información de la CEL, la finalización de la construcción y el inicio de operaciones de la presa hidroeléctrica está prevista para diciembre de 2019, incluyendo la instalación y funcionamiento de la línea de transmisión que conducirá la energía eléctrica.
Los datos de la institución también confirman que el proyecto se está financiando con dos préstamos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) a un monto de $163 millones y $212.6 millones, más recursos propios de la CEL de $687,168.
Te puede interesar: El Chaparral: 10 años entre litigios, abandonos e impunidad
Del préstamo de $212.6 millones están pendientes de ejecución $158.8 millones y solo se han pagado $4.8 millones de intereses y comisiones porque este aún se encuentra en un período de gracia, dice el documento de la CEL.
Otras empresas que están trabajando en El Chaparral son Corten S.A. de C.V., la constructora Disa S.A. de C.V. y Supra Construcciones. Todas realizan diferentes tareas en la margen izquierda y derecha del proyecto e instalan obras para controlar el cauce del río Torola.
El proyecto es supervisado por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Mientras tanto, ni la Corte de Cuentas ni la Fiscalía hablan aún de deducir responsabilidades y sancionar a los autores de lo que ha sido una cadena de fallas y despilfarro de dinero que huele a podrido en el oriente de El Salvador.