Sociedad civil alerta por reparto político de la Sala de lo Constitucional

Temen que elijan funcionarios que frenen investigaciones en la sección de Probidad o quieran revertir fallos de Sala Constitucional.

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Foto/Menly Cortez

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18 July 2018

Representantes de 23 organizaciones de la sociedad civil manifestaron ayer su preocupación porque los partidos políticos en la Asamblea Legislativa están repartiéndose por cuotas 10 magistraturas en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y hasta, según denunció el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, partidos como el FMLN y GANA están haciendo “punto de honor” con algunos candidatos, lo que ha entrampado la elección.

La Asamblea debe elegir a cuatro magistrados y cuatro suplentes de la Sala de lo Constitucional, un tribunal clave para proteger los derechos constitucionales de los salvadoreños y que ha quedado desintegrado desde el domingo.

Los abogados Belarmino Jaime, Florentín Meléndez, Sidney Blanco y Rodolfo González culminaron el domingo su periodo de 9 años como magistrados de la Sala. Igual terminó sus funciones María Luz Regalado como magistrada de la Sala de lo Civil.

A esa fecha la Asamblea Legislativa debió haber nombrado a los sustitutos, pero lo ha venido posponiendo por las negociaciones “con fines electorales”, según denunciaron las organizaciones cívicas.

“No se está evaluando los perfiles de los candidatos de manera técnica y objetiva. Lo mínimo que esperaríamos para una elección tan importante para el país es que se tomen en cuenta criterios técnicos, que se hubiera hecho una evaluación en base a un baremo como la que han hecho algunas organizaciones de la sociedad civil”, denunció Roberto Rivera Ocampo, de Acción Ciudadana.

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Esta organización se pronunció junto a los Aliados Por la Democracia, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) Consorcio por la Transparencia, Funde, Fundación DTJ, Decide, Movimiento Libertad, CREO, Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), Concertación Democrática y Movimiento 300, entre otras.

Los representantes de las organizaciones sociales dijeron que les preocupa el incumplimiento del plazo para elegir a los cinco magistrados de la CSJ y temen que se esté haciendo por “cuotas partidarias” y no por idoneidad y capacidad.

“Nos preocupa profundamente el retraso en la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia, así como que haya trascendido en las últimas horas que entre diputados de diferentes fracciones legislativas se estén llevando a cabo negociaciones para elegir a dichos postulantes con base en criterios de conveniencia política, y no fundamentadas en los parámetros éticos y constitucionales establecidos para tal efecto”, expresó Claudia Umaña, del Consorcio por la Transparencia.

Conflicto de interés con jefe de Probidad

“Hoy nos estamos jugando nada menos ni nada más que el futuro de la República; hoy estamos jugándonos precisamente a la Corte Suprema de Justicia, a la Sala de lo Constitucional particularmente, por eso necesitamos magistrados ideales”, dijo Miguel Fortín, del Movimiento Libertad.

Los miembros de las organizaciones sociales dijeron estar preocupados porque los diputados estén intentando nombrar como magistrado al actual jefe de Probidad, Carlos Pineda, quien tiene en sus manos la investigación de decenas de legisladores, por presunto enriquecimiento ilícito.

Para los representantes, en este caso en particular hay un “conflicto de interés”, pues de esa manera se genera un “compromiso”.

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“Como lo hemos sostenido desde hace meses, (Pineda) tuvo la oportunidad de participar bien, tuvo la oportunidad de haber renunciado al puesto que administrativamente ocupa en la Corte Suprema de Justicia y no lo hizo, no lo quiso hacer y eso es lo que ha generado un conflicto de interés”, dijo Humberto Sáenz, del Centro de Estudios Jurídicos.

Pero también alertan que los diputados estén negociando para nombrar magistrados con nexos partidarios que busquen revertir algunas sentencias que emitió la recién concluida Sala de lo Constitucional.

“Si llegan magistrados con vinculación partidaria, ideológicamente comprometidos, tenemos el peligro que la nueva Sala empiece a revertir las sentencias emitidas por la Sala que acaba de terminar sus funciones, pueden terminar sujetos a varias interpretaciones equivocadas, que no haya voto por rostro, que continúen con los gastos secretos (en Casa Presidencial), apuntó Domingo Méndez, en representación de los Aliados.

De hecho, GANA ha advertido que no dará sus votos si no se toma en cuenta las propuestas del FMLN a la hora de elegir.

Diputados con otras “prioridades”

Las 23 organizaciones exigieron a los legisladores que dejen de lado las “negociaciones oscuras” y que la elección de magistrados debe ser transparente y de cara a la ciudadanía.

Inclusive cuestionaron que los legisladores hayan “priorizado otras actividades” y dejado de lado la elección de los magistrados que es un mandato que les impone la Constitución de la República.

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A través de redes sociales se publicaron fotografías de varios diputados que se fueron a Rusia a disfrutar de los partidos del Mundial 2018, en pleno proceso de selección de esos funcionarios. Aseguraron que estarán “vigilantes” de la forma en la que los legisladores están llevando a cabo dicha elección que es trascendental para el país.

“Como sociedad civil estaremos vigilantes de la decisión que ustedes tomen, y nos reservamos el derecho de denunciar, con nombre y rostro, a los diputados que voten para elegir magistrados a Corte Suprema a personas que no cumplen los requisitos de idoneidad para ejercer la trascendental función de impartir justicia”, dijo Sáenz.

Jorge Daboub, representante de Decide, recordó que cuando la Asamblea aprobó el polémico decreto 743, con el cual pretendían amarrar a la Sala de lo Constitucional, la sociedad civil salió a las calles a manifestarse y evitó que eso ocurriera. Aseguró que ahora están en “alerta” y dispuestos a defender la buena elección, con base en la idoneidad, capacidad profesional y moralidad notoria de los nuevos funcionarios que llegarán a la CSJ.