Los ocho empleados administrativos de la Policía Nacional Civil (PNC) que son acusados de sustraer repuestos y lubricantes de un almacén de la institución serán procesados en libertad, según lo resuelto ayer por el Juzgado Segundo de Paz de San Salvador. El monto de los sustraído asciende a 239,085 dólares, según la Fiscalía General.
Seis de los procesados tendrán que cancelar fianzas que van desde los 1,000 a 2,000 dólares para recuperar su libertad. Los otros dos imputados Lorgio Antonio Campos Quintanilla y Jerónimo Salvador Pineda Torres, usarán brazaletes electrónicos, según la Unidad de Prensa del Centro Judicial Isidro Menéndez.
A Campos Quintanilla y a Pineda Torres les ordenaron usar los brazaletes electrónicos porque ellos están siendo procesados en otro caso de supuesta corrupción aunque siempre en la PNC.
Se trata de la confección de más de 23 mil uniformes policiales que la empresa responsable de los mismos no entregó la cantidad exacta. Este supuesto fraude asciende a más de 239 mil dólares, según la Fiscalía.
Los acusados Lisandro Ramírez Abarca, Néstor Agustín Mejía Berríos, José Ángel Orellana Durán, Cristina Yamileth Rivas, Manuel Antonio Flores y José Moisés Mata Rivera, tendrán que pagar fianza.
La Fiscalía General había pedido al referido juzgado que enviara a los ocho acusados a prisión preventiva por considerar riesgo de fuga. El Ministerio Público tiene seis meses para recabar más evidencias en contra de los imputados para presentarlas en la audiencia preliminar.
Algunos de los procesados enfrentaron cargos en la audiencia inicial de peculado, otros por incumplimiento de deberes y falsedad ideológica.
Los empleados policiales habrían cometido los delitos entre 2008 y 2014. El faltante fue detectado a través de una auditoría y a raíz de eso la Unidad de Asuntos Internos dio aviso al Ministerio Público.
Además, en la auditoría se descubrió faltantes en el almacén de la Policía por el monto antes mencionado, en productos adquiridos no registrados en el sistema de suministros, $71,396.44; deficiencias en hojas de material entregado en stock utilizados para realizar ajustes en almacén, por $34,781.54, según la Fiscalía.
En otro caso, el ente fiscal acusó ayer en el Juzgado 14° de Paz a la fiscal Rosa Orellana Salazar, quien se habría apropiado de $21 mil decomisado a bandas de tratantes de personas. Deberá responder por el delito de peculado, incumplimiento de deberes e infidelidad en la en la custodia de documentos.