Crisis migratoria aumenta presión al Triángulo Norte

La crisis en la frontera sur de Estados Unidos, que ha incluido la separación de familias con la política de “cero tolerancia”, impulsada por la administración de Donald Trump, fue valorada por un grupo de expertos en el Diálogo Interamericano.

descripción de la imagen
Foto: Tomás Guevara

Por

05 July 2018

La inseguridad ciudadana, el desempleo y reunificación familiar forzada tensan la cuerda que mide el pulso entre la administración de Donald Trump, aferrado en criminalizar las migraciones irregulares para retener el paso de indocumentados por la frontera sur, y la decidida acción de miles de centroamericanos que seguirán arriesgándose por llegar a Estados Unidos.

Un grupo de expertos convocados por centro de análisis Diálogo Interamericano discutió este viernes el tema en caliente, cuando aún no están claro los mecanismos de reunificación de grupos familiares y los procesos legales para deportar a mujeres y niños que han llegado en medio de la “Política de cero tolerancia”.

El centro de análisis convocó a Ángela Kelley, asesora de Inmigración para el tanque de pensamiento Sociedad Abierta - Centro Político (OSPC, por sus siglas en inglés); Sandra Grossman, del grupo Grossman Law; y Manuel Orozco, experto en Asuntos del Triángulo Norte en el Diálogo Interamericano; el foro fue moderado por Michael Shifter, director de la organización en Washington.

Para Kelley, la administración de Donald Trump ha contribuido de algún modo a ampliar el número de personas indocumentadas, con los cerca de 700 mil jóvenes amparados con el Programa de Acción Diferida, de la administración de Barack Obama, que hoy penden de decisiones judiciales; a ello se suman los cerca de 400 mil entre salvadoreños, hondureños, nicaragüenses y haitianos, para los que se ha puesto fin al Estatus de Protección Temporal (TPS).

También: EE.UU. busca aumentar la detención de familias migrantes

“Es una administración que por un lado complica el panorama al aumentar el número de personas indocumentadas y, por el otro, intenta hacer presión al congreso para resolver los problemas creados como consecuencia de esas acciones”, explicó Kelley.

Según esta experta, la situación se ha agudizado con la política para restringir peticiones de asilo y otras figuras de protección de inmigrantes que están contempladas dentro del sistema de justicia de Estados Unidos, donde en administraciones anteriores, que se vieron en iguales circunstancias, como las gestiones de los expresidentes George W. Bush y Barack Obama, primó el principio de la ley y del sistema de justicia para dirimir casos.

En la actualidad coincide la experta Sandra Grossman, el sistema de justicia bajo la batuta del fiscal general Jeff Sessions, exsenador de Alabama, con amplia y reconocida trayectoria anti inmigrantes, ha presionado al sistema judicial, al sobrecargar a los jueces para ventilar audiencias en tiempo cortos y denegar solicitudes.

En el área de Washington, para poner un ejemplo, solo dos cortes de Inmigración en Virginia y Baltimore deben absorber una sobrecarga de trabajo para revisar y procesar casos, en tiempos que superan la capacidad de las instancias judiciales.

Para esta experta queda claro que el mayor problema se da porque figuras muy cercanas y de fuerte influencia en el entorno de Donald Trump empujan por estas vías, que incluso buena parte del aparato republicano no comparte, pero que tampoco hace un contrapeso, sino hasta llegar a los mementos críticos, como la situación de separación de niños de sus padres que valió un masivo repudio a nivel nacional e internacional para la agenda migratoria del gobierno.

Presión para el Triángulo Norte

Para el analista del Diálogo Interamericano, Manuel Orozco, es claro que la mayor presión en esta situación la tienen los países del Triángulo Norte de Centroamérica, signatarios del Plan Alianza para la Prosperidad, que lleva de fondo contener los flujos migratorios, pero que en el programa mismo no están claros los mecanismos.

Orozco también razonó que la actual situación de violencia e impunidad que campea en El Salvador, Guatemala y Honduras es el principal multiplicador de las migraciones.

“En los países del Triángulo Norte hay unos 100 mil pandilleros concentrados, se cometen unos 15 mil homicidios cada año, a ella se suma la fuerte acción de los cárteles del narcotráfico”, explicó Orozco.

Como ejemplo mostró datos atribuidos a la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) que revelan que el 60 por ciento de los pequeños y medianos negocios en el país están bajo extorsión de las pandillas; a ello se suma la aguda violencia en zonas del país que son un fulminante que hace explotar las migraciones irregulares, acotó.

Los analistas no ven mayor optimismo en los mensajes que dejan cumbres como la de los presidentes de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén; de Guatemala, Jimmy Morales; y de Honduras, Juan Orlando Hernández con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, el jueves reciente.

Además: Trump ordena reunificar familias de inmigrantes separadas

Orozco reconoce que el problema es mayor porque la retórica del gobierno estadounidense está ganando con mensajes de que los inmigrantes son criminales, pero esa tesis se cae al comprobar que más del 80 por ciento de personas que han pedido asilo tienen credibilidad.

Para Orozco la situación actual tiene un fuerte impacto para El Salvador, Guatemala y Honduras al ser estos países los emisores del 70 por ciento de los migrantes que buscan entrar de manera indocumentada a Estados Unidos.

La “política de cero tolerancia” de la administración Trump, que inició en mayo de este año, considera que toda persona que sea atrapada cruzando la frontera de manera ilegal debe encarar juicio bajo cargos criminales con la ley federal y ser enviados a los centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras esperan juicio.