Tribunal de Sentencia suspende audiencia especial de expresidente Saca y seis exfuncionarios

La Cámara Segunda de lo Penal no ha resuelto una petición hecha por el abogado de César Funes, exsecretario de la Juventud, para que la jueza sea separada del caso.

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El expresidente salvadoreño Elías Antonio Saca (2004-2009), asiste a un tribunal de la capital salvadoreña hoy, lunes 16 de abril de 2018, en San Salvador (El Salvador). La Fiscalía del país centroamericano elevó a más de 300 millones de dólares los fondos supuestamente malversados por el expresidente Saca, por los que enfrenta un juicio, según explicó hoy uno de los fiscales del caso antes de una audiencia preliminar. EFE/Rodrigo Sura

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04 July 2018

El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador suspendió este miércoles una audiencia especial de aportación de pruebas en el proceso que enfrenta el expresidente de la República, Elías Antonio Saca, y seis exfuncionarios de su gobierno, por los delitos de lavado de dinero y peculado.

Uno de los jueces que conforman el tribunal colegiado informó a los defensores y a los fiscales que la diligencia no se realizaría porque la Cámara Segunda de lo Penal no ha resuelto una petición hecha por el abogado de César Funes, exsecretario de la Juventud, para que la jueza sea separada del caso.

Lizandro Quintanilla, defensor de Julio Rank, exsecretario de Comunicaciones en la administración Saca, explicó que su colega ha pedido que la funcionaria sea apartada del proceso porque entre ellos "parece que ha habido una trayectoria de conflictos o animadversiones" que a juicio del abogado de Funes afectaría la imparcialidad de la jueza.

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En la audiencia, los defensores iban a pedirle a los jueces que admitieran algunas pruebas que el Juzgado Cuarto de Instrucción, durante la audiencia preliminar, rechazó; entre ellas un dictamen de opinión técnica sobre el peritaje contable financiero realizado por el Ministerio Público.

Junto con Saca, Funes y Rank están siendo procesados Élmer Roberto Charlaix Urquilla, exsecretario privado de la presidencia; Francisco Rodríguez Arteaga, exjefe de la Unidad Financiera Institucional de Casa Presidencial; Pablo Gómez, excontador del secretario privado de la presidencia, y Jorge Herrera, extesorero institucional.

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La Fiscalía los acusa de haber desviado, entre 2004 y 2009, más 300 millones de dólares provenientes de fondos públicos hacia cuentas particulares.