Los registros que la Fiscalía General realizó en la residencia donde vivía el prófugo Mauricio Funes, en agosto del 2016, permitieron descubrir que tenía 91 armas de fuego de distinto tipo y calibre, lo que llamó la atención del Ministerio Público.
Al indagar sobre el arsenal que tenía Funes, las investigaciones establecieron que 80 armas de fuego habían sido donadas por el entonces capitán piloto aviador Luis Alfredo Maida Leiva, por un valor simbólico de un dólar cada una de las mismas.
Pero las investigaciones fiscales arrojan que Maida Leiva pagó 214,496 dólares por 79 de esas armas, dinero que salió de los “gastos reservados” de la Presidencia, porque se comprobó que el referido militar no tiene la solvencia económica para comprar esa cantidad de armamento.
El monto anterior no incluye un arma de fuego, porque no se tiene la factura de compra, situación que puede aumentar el valor de la compra hasta sobrepasar 215 mil dólares.
Otras 11 armas fueron compradas por Maida Leiva a distintas instituciones. Ocho de esas armas a la empresa Compañía Salvadoreña de Seguridad conocida como COSASE, cuyo propietario es Miguel Menéndez conocido Mecafé, quien es amigo de Funes y financista de su campaña presidencial.
Fiscalía asegura que el prófugo Mauricio Funes pagaba tarjetas de crédito y hasta préstamos personales con dinero en efectivo.
El valor de esas once armas es un misterio para los investigadores.
Compras de armas a través de prestanombres
Las ochenta armas donadas a Funes, fueron compradas a través de prestanombres, entre los años 2011 y 2012, según las investigaciones fiscales.
Testigos aseguraron que los entonces capitanes Werner Antonio Rodríguez Romero y Luis Miguel Angel García García se encargaron de buscar a empleados del Batallón Presidencial que no tuvieran armas de fuego matriculadas a sus nombres.
A los que no tenían armas registradas a sus nombres les pidieron sus documentos personales y los citaron a presentarse a una venta de armas en un centro comercial cerca del Centro de Ferias y Convenciones (CIFCO).
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En ese lugar, los esperaba el entonces capitán García García, quien los instruía de que solo firmaran las escrituras de compraventa de las armas. Cuando recibían las facturas de la compra se iban a matricularlas a sus nombres al Registro de Armas del Ministerio de Defensa. La matrícula era de manera temporal.
Los testigos dijeron a la Fiscalía que García García era el que pagaba las armas de las personas que servían de prestanombres y él se las llevaba.
Aseguraron los testigos que nunca supieron de donde provenía el dinero para la compra de las armas que cancelaba García García, quien era el piloto del presidente.
Explicaron que los “compradores” nunca tuvieron esas armas en sus manos y que solo sabían de que ese armamento era para “el expresidente Mauricio Funes”.
Fiscalía asegura que el prófugo Mauricio Funes pagaba tarjetas de crédito y hasta préstamos personales con dinero en efectivo.
Posteriormente, a los empleados les hicieron firmar escrituras de compraventa donde hacían constar que le vendían las armas al entonces capitán y ahora mayor Maida Leiva.
El entonces capitán García García dijo que la orden de comprar las armas venía del exsecretario privado Francisco Cáceres, quien en algunas ocasiones los acompañaba a la tienda de armas.
Aseguran los testigos que García García era el que se encargaba de realizar los pagos de la compra de las armas y luego se las llevaba a la Secretaría Privada de la Presidencia.
García García sabía de donde provenía el dinero para la compra de las armas y que eran para Funes, según las investigaciones.
En la investigación fiscal se estableció que Maida Leiva le donó 80 armas de fuego a Funes a un precio simbólico de un dólar por cada una de las mismas. Ese armamento era el mismo que los empleados del Batallón Presidencial le habían “vendido” a Maida Leiva.
La “donación” se formalizó el 6 de mayo del 2014 a través de escritura pública de donación ante los oficios de la notario Roxana Elizabeth Robles Zelaya.
A la Fiscalía no le queda duda de que el mayor Maida Leiva se prestó a ser un testaferro, es decir, un presta nombres para la adquisición de las armas de fuego, luego dárselas en donación a Funes para encubrir que habían sido compradas con fondos públicos.
Testigos dijeron a la Fiscalía que a los empleados que “compraron” las armas les expresaron que las mismas serían para Funes, pero que él no las podía poner a su nombre porque estaba tramitando un permiso especial, por lo que solamente las iban a tener a su favor de manera temporal, ya que cuando el presidente Funes tuviera el permiso, esas armas iban a pasar a su nombre.
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El Juzgado Quinto de Paz emitió las ordenes de captura para los prófugos en el caso Saqueo Público por los delitos relacionados a la corrupción cometidos durante el gobierno de Mauricio Funes. En total son 15 personas que se encuentran prófugas.
Entre el tipo de armamento que adquirieron habían revólveres calibre .357 mm a un costo de dos mil dólares, una pistola Five Seven calibre 5.7 por 28 mm que valía tres mil ochocientos dólares y una pistola calibre .22 mm valorada en 600 dólares.
Los testigos no supieron que otros tipos de armas habían sido compradas porque nunca las tuvieron en su poder.
Según las indagaciones, en algunos casos se falsificaron hasta las firmas de los “compradores” en las escrituras que legalizaban las ventas a Maida Leiva.
La Fiscalía advierte que hubo falsedad material al alterar los documentos de legalización de las armas, ya que dos compraron las armas aseguraron que las firmas de las escrituras de compra venta no corresponden a ellos y otro dijo que nunca había firmado ningún documento de venta.
Funes, quien era el comandante de las Fuerzas Armadas tenía conocimiento de los trámites que se hacían para poder adquirir las armas de fuego, según la Fiscalía.
Incluso, Funes le canceló la multa que le impuso el Ministerio de Defensa a uno de los que compró armas que ahora son del prófugo, porque sino no podía renovar su licencia para portar armas.
Resulta que le dijeron que no podía renovar su licencia porque había una venta de arma de fuego que estaba a su nombre y que no había presentado la documentación del traspaso al nuevo propietario, que se supone era Maida Leiva.
Por esa razón le pusieron 105 dólares como multa, pero Funes le dió ese dinero.
Ese empleado dijo que en ningún momento había firmado el documento para vender esa arma a otra persona. Lo anterior ocurrió en el año 2015 cuando esta persona trató de renovar su licencia de portar arma de fuego y se la negaron por ese problema.
Otro testigo aseguró en la Fiscalía que además de que el mayor Maida Leiva le conseguía las armas a Funes, también habían otros dos mecanismos. Uno que se las regalaba la Fuerza Armada y la Policía y otra que Miguel Menéndez conocido como Mecafé se las regalaba.
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En una oportunidad se dió un problema entre Funes y Maida Leiva porque Mecafé le dijo a Funes que el mayor cobraba el doble del precio por las armas.
También existen las declaraciones de varias personas que aseguraron que le vendieron armas de fuego al mayor Maida Leiva, quien también es prófugo.