Las autoridades de la Corte de Cuentas de la República (CCR) hicieron ayer un “mea culpa” por las auditorías que la institución dejó de realizar a los traslados de fondos a la partida de gastos reservados de Casa Presidencial (Capres), por lo cual se investiga penalmente a dos expresidentes y varios de sus funcionarios.
La titular de la CCR, junto al magistrado, Roberto Anzora, aseguraron que administraciones anteriores “sacaron limpias” las auditorías porque en Capres les negaron los datos de esas transferencias, pese a que la misma ley de la CCR les faculta para realizarla.
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Aún así, los auditores no realizaron su trabajo durante las gestiones de Elías Antonio Saca y de Mauricio Funes, quienes actualmente son enjuiciados por delitos relacionados a peculado y lavado de dinero.
Ambos funcionarios dijeron que están analizando efectuar de forma retroactiva un examen especial de los gastos reservados de años anteriores hasta el 2016, que son los periodos en que les fue negada la información a los auditores.
“Vamos hacer una auditoría especial tal como lo manda nuestra normativa, para poder llegar y poder auditar de acuerdo a nuestra normativa así de forma retroactiva, anteponiendo allí el interés de la colectividad y los fondos públicos, que es evidente la notoriedad del mal uso que le han otorgado”, manifestó la titular de la CCR.
Aseguraron que la auditoría del año 2017 a Capres ya está en marcha y que ahora la labor de los auditores será diferente y transparente.
“De ser necesario, inclusive nosotros podemos pedir en virtud del artículo 102 de la ley (de la CCR) auxilio o confirmaciones al sistema financiero nacional, que es una facultad que realmente la Corte no ha hecho uso de ello y que es una herramienta legal para que nosotros fiscalicemos los fondos públicos de una manera más efectiva”, abonó el magistrado Anzora.
Añadieron que pese a las trabas que tuvieron los anteriores auditores, la actual CCR colaboró con la Fiscalía General de la República en el caso “Saqueo Público”, enviándole un informe sobre viajes y boletos de Funes y funcionarios, que indagaron con otras entidades.
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