Las estadísticas de la Policía Nacional Civil aún no reflejan datos que muestren el impacto real del Plan El Salvador Seguro impulsado en casi medio centenar de municipios a nivel nacional y en el que el Gobierno asegura que los homicidios se han reducido en más de la mitad.
Así lo considera la Fundación Cristosal, que acompaña a víctimas de la violencia de pandillas, pues para ellos las condiciones de inseguridad se mantienen similares que en el resto de los municipios donde está en marcha el plan.
Y es que el estudio de esta ONG, hace ver que de la totalidad de desplazamientos de personas por el fenómeno de pandillas es de escasamente un 5 por ciento, pero no creen que este sea un dato exacto, pues estos grupos dominan buena parte del territorio.
Además, considera que muchas familias emigran sin denunciar que son víctimas de las pandillas. Todos estos factores, agrega, no permiten medir si el plan gubernamental ha tenido impacto o reducido los desplazamientos forzados.
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En el plano real, las pandillas ejercen presión sobre la población. Por ejemplo, los jóvenes de una pandilla no pueden cruzar el territorio de los rivales, tampoco acceder a servicios de salud y educación.
Además, en varias colonias y comunidades del país, los habitantes prefieren llevarse bien con estos grupos delictivos que con la Policía, ya que con las autoridades no se puede contar de forma permanente, en cambio las maras están presente día y noche todos los días.
Expertos han manifestado que la inseguridad obedece a que las autoridades han perdido el control de los territorios, y que su falta de permanencia les ha cedido dominio a estos grupos. Consideran que la Policía y Ejército deben asentarse no un día sino el tiempo necesario.