La deportación masiva de los más de 200,000 salvadoreños que tienen el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) y sus familias sería devastador para El Salvador, advierten los abogados del Comité Legal a favor de los Derechos Civiles y la Justicia Económica de Estados Unidos. Los abogados representan a un grupo de salvadoreños que a inicios de año decidió desafiar la orden de la Casa Blanca de cancelar el programa TPS y presentaron una querella ante el Tribunal Federal de Boston para que la corte anule la cancelación.
“El reclamo se basa en que la cancelación del TPS viola los derechos constitucionales de los tepesianos porque la cancelación no tiene mérito, es motivada por política, por promesas de campaña que el presidente hizo, que son producto de racismo y discriminación contra los centroamericanos”, sostuvo Iván Espinoza-Madrigal, director del comité legal, ubicado en Massachusetts.
“Las decisiones en temas de migración están siendo directamente infectadas por racismo”, añadió. Espinoza explicó que, en los Estados Unidos, la Corte Federal tiene el poder de hacer una revisión constitucional de las decisiones del presidente, por lo que esperan prevenir la deportación de los “tepesianos” a través de ese proceso.
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Los abogados representan a Centro Presente, que es una organización comunitaria, también a 14 personas con TPS, seis de ellos son salvadoreños. En mayo también incluyeron a Honduras en su querella.
“Todas las personas que tienen TPS es porque lo merecen y porque están productivos”, añadió.
¿Dónde viven los salvadoreños con TPS?
Recientemente Espinoza y Oren Nimni, experto en derechos civiles, visitaron El Salvador para verificar cuáles son las condiciones socioeconómicas que encontrarían sus clientes si son deportados.“No es viable la reinserción e integración de estas personas en la economía y sociedad salvadoreña”, concluyó Espinoza.
Los salvadoreños con TPS encontrarían escasez de oportunidades laborales, de viviendas y servicios médicos. “Los salvadoreños son una comunidad increíblemente fuerte y acogedora, pero el punto es que con las necesidades que existen ya con la población que está aquí, la idea de integrar a 200,000 personas que vendrían en una ola masiva de deportación sería devastador y no existe la infraestructura, ni aquí ni en ningún país”, reiteró el abogado.