Las solicitudes de asilo presentadas por los inmigrantes salvadoreños “Mariela” y “Francisco”, ambos beneficiarios del Estatus de Protección Temporal, TPS, cuyo permiso les vencerá el 9 de septiembre de 2019, es una prueba con la que una de las organizaciones pro inmigrantes del Área Metropolitana de Washington busca tantear las flaquezas del sistema y las oportunidades que se abrirían para miles de centroamericanos de ampararse a esta protección ante la inminente pérdida de la estancia legal en Estados Unidos el próximo año.
El director ejecutivo del Centro de Recursos para Centroamericanos, Abel Núñez, al igual que la directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes, CHIRLA, Angélica Salas, coinciden en que es momento de probar todas las líneas de batalla, pues lo vientos que soplan les dejan dudas de que el Congreso actúe con prontitud y si lo hiciera aún debería superar el veto del presidente Donald Trump en la Casa Blanca.
Según estimaciones de estas organizaciones que ventilan la posibilidad de formar una avalancha de peticiones de asilo de tepesianos, de los cerca de 400 mil beneficiarios del TPS (entre haitianos, nicaragüenses, hondureños y salvadoreños), un 20 por ciento podría aplicar a un ajuste de estatus por las vías regulares de petición de un familiar.
Otro 20 por ciento se la vería complicada al no calificar para ninguna medida. Y un 60 por ciento sí podrían pedir protección especial de asilados por los riesgos que supone regresar a algunas zonas en El Salvador y en Honduras, donde hay fuerte dominio de pandillas, redes de narcotráfico, entre otros peligros, con la consecuencia de traer consigo a sus hijos ciudadanos estadounidenses.
Ese 20 por ciento que no calificarían para ninguna vía alternativa se concentra en inmigrantes que habían recibido una orden de deportación antes de que se aprobara el TPS o que presentaron solicitudes de asilo y fueron rechazadas antes de 2001 para el caso de los salvadoreños y antes de 1999 para hondureños y nicaragüenses.
“Seguimos estudiando esta posibilidad, porque los datos que tenemos como organizaciones son un indicador importante; con ese 60 por ciento que no tiene familia que lo pueda pedir o un empleador que lo pida, el asilo sería una opción viable, pero hay que saber manejar con asistencia legal esta opción que tiene también sus complejidades”, explica Abel Núñez.
Para sondear el terreno esta organización asistió con su equipo legal a los primeros dos casos de peticiones de asilo: el de “Mariela” y “Francisco”, nombres ficticios para proteger su identidad.
En ambos casos se encontraron con lo previsible. El Departamento de Justicia, dirigido por el Fiscal General, Jeff Session, un reconocido político republicano de larga data por sus medidas contra los inmigrantes, giró un memorando para que los nuevos casos de peticiones de asilo se pongan en la primera línea y no a la cola como indicaría la norma, pues con esto el Departamento de Justicia buscaría reducir la admisibilidad de casos.
También el gobierno ha puesto presión al cuerpo de jueces para que depuren cuotas de casos en períodos supervisados por la instancia judicial; sin embargo, el rechazo inicial de admisibilidad, como sucedió en estos dos primeros casos de asilo, no es la última palabra.
Ahora ambos peticionarios salvadoreños deberán ir a la Corte para hacer la petición, donde tendrían la oportunidad de presentar las pruebas por las que solicitan la protección de asilo; este proceso en la Corte empezaría a dar más tiempo, pues en éste la instancia judicial está regida por calendarios de audiencias.
Y si un juez rechaza la solicitud de un beneficiario del TPS, a éste aún le queda la oportunidad en la Corte de Apelaciones, una instancia independiente a la presión del Departamento de Justicia.
Para los directivos de las organizaciones, ahí se formaría el cuello de botella y de ahí podría surgir la presión para que surta una legislación definitiva para los tepesianos.
Sobre esto hay antecedentes importantes, reconoce Núñez, en la década de 1980 ante la negación de casos de asilo para inmigrantes salvadoreños que huían del conflicto bélico; hubo una demanda colectiva ante las corte de apelaciones que le llevó al final a revisar casos y terminó con una solución legislativa, la caducada Ley de Ajuste para Nicaragüenses y Alivio para Centroamérica, NACARA.