Casi 20 mil personas han sido asesinadas durante los cuatro años del gobierno de Salvador Sánchez Cerén; cinco mil homicidios más que en el mismo período del gobierno de Mauricio Funes.
Disminuir los homicidios no fue prioridad en el Plan Quinquenal de este gobierno, como tampoco dejar claras las acciones a realizar para disminuir la violencia. Entre el 1 de junio de 2014 y el 25 de mayo de 2018 el país registró 19 mil 795 homicidios.
El FMLN les prometió a los salvadoreños treinta acciones en el Plan Quinquenal “El Salvador productivo, educado y seguro” para acabar con lo que la OMS llama “epidemia de violencia” en El Salvador y que lo mantiene entre naciones con alta criminalidad.
En 22 de esas acciones no se detalla de manera concreta cómo el Gobierno pretende disminuir los índices de violencia. La mayoría de promesas busca “fortalecer o robustecer” el combate a la delincuencia; es decir reforzar lo hecho en gobiernos anteriores. En el resto de ejes, el Gobierno de Sánchez Cerén sí especifica cómo buscará disminuir la violencia.
El Plan Quinquenal habla de crear el Subsistema Nacional de Prevención de la Violencia y Delincuencia que, a cuatro años del Gobierno, aún no ha sido creado. ¿Por qué razón? El subsistema al que hace referencia el plan es en realidad una propuesta de ley para prevenir la violencia y la delincuencia en El Salvador; esta propuesta fue presentada a la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa en 2017.
Ahora, el diputado Rodrigo Ávila, quien pertenece a esa comisión, dice que la propuesta lo único que refleja es más burocracia: “El proyecto de ley se basa en el Plan El Salvador Seguro, como lo han planteado daría espacio para más burocracia, contratación de activistas o incluso regalías preelectorales”. El Gobierno especificó que haría una propuesta de ley, que esta sea aprobada no depende sólo del Ejecutivo.
Otra de las propuestas de Sánchez Cerén fue continuar con la policía comunitaria; esta buscaba acercarse a los habitantes para generar lazos de confianza que le permitieran a la Policía brindar resultados positivos en cuanto a prevención de la violencia.
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El criminólogo Ricardo Sosa opina que luego del año más violento para El Salvador, 2015, proyectos importantes como la Policía Comunitaria han quedado casi ignorados. Para Sosa las propuestas que se plantearon en el Plan son complicadas de medir: “No hay indicadores cualitativos o cuantitativos para determinar si, en efecto, los proyectos planteados en el Plan Quinquenal han funcionado o no”.
El Gobierno propuso un país sin extorsiones
Otra de las propuestas más ambiciosas, en un país en el que 85 de cada 100 dueños de micros y pequeñas empresas no denuncian extorsiones, es buscar reducir el número de estas.
En el Gobierno de Sánchez Cerén lo que se ha logrado reducir son las denuncias por extorsiones. De casi cuatro mil salvadoreños que en 2010 se acercaron a denunciar este delito, para diciembre de 2017, la Policía solo recibió 1,414 denuncias. El número de denuncias por extorsión se ha reducido en un 65 % en los últimos años. Esto significa que, ¿han disminuido las extorsiones o los salvadoreños prefieren no denunciarlas?
Sosa opina que las extorsiones son muchas y los recursos para atenderlas insuficientes. “El Estado se debe enfocar en combatir el delito que les da el oxígeno financiero a las pandillas; tenemos la suficiente capacidad técnica, científica y pericial. ¿Cuánto se está pagando en concepto de extorsión? Eso está dañando la imagen del país a nivel internacional, sobre todo si lo analizamos desde el indicador del costo del crimen”. Sosa considera que hace falta un estudio más amplio del fenómeno de las extorsiones para marcar líneas de acción acertadas.
Policías más preparados, pero con menos recursos
En la Academia Nacional de Seguridad Pública se prepara a los agentes que desean ascender a niveles ejecutivos y superiores del grado policial. De los 2,776 alumnos que ingresaron a la academia en los últimos cuatro años el 73 % se graduó del nivel básico.
La filosofía del Plan Quinquenal busca que los policías no solo se queden en el nivel básico de la carrera policial: sargentos, cabos o agentes, sino que también puedan escalar a niveles ejecutivos y superiores y optar por ser inspectores o comisionados. Es decir, se busca “fortalecer las capacidades profesionales de la Policía y el ejercicio de la carrera policial”.
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Sin embargo, solo el 58 % de los agentes que ingresan a la academia buscan ascender a otros niveles como cabos o sargentos. Esto se debe a varios factores, en cuatro años los policías solo pueden ascender en el mismo nivel en el que se hallen debido a que uno de los requisitos para buscar ascender es haber prestado entre 2 y 6 años de servicio a la Policía; aún así, casi la mitad de ellos no tiene más formación que la que le da su carrera policial básica. El policía retirado Marvin Reyes dice que en estos cuatro años “no se ha potenciado más que un curso de agente a cabo y uno de cabo a sargento y han dejado a miles sin la oportunidad de ascender”.
Él considera que la mayor oportunidad para ascender la tienen el nivel ejecutivo y superior: “Hemos visto alrededor de cinco cursos para el nivel ejecutivo, ascensos de inspector jefe, inspector y subinspector. Esto genera un conflicto entre el nivel básico y el nivel ejecutivo porque se manda un mensaje de desprecio al nivel básico al ir dándole prioridad solo a los oficiales”.
En la ANSP se han llevado a cabo varios cursos para policías. Sin embargo, Reyes considera que esas capacitaciones también deben acompañarse de equipo para desempeñar mejor esas funciones: “Las capacitaciones pueden generar buenos conocimientos, pero si no hay manera de aplicarlos no son eficientes ni eficaces. Hay un déficit entre las capacitaciones y los recursos”.
El Gobierno tiene una gran deuda con la Policía; desde hace diez años un agente con labores operativas recibe un sueldo inicial de 424 dólares y 77 centavos. Eso sin descontar AFP, ISSS y Renta; los policías han llevado a cabo varias manifestaciones en los últimos años para que se les aumente el salario a mil dólares al mes, pero estas no han pasado de ser solo peticiones.
El Plan Quinquenal también destaca mejorar la infraestructura de la Policía y equipar a sus miembros, pero Reyes considera que eso no puede lograrse si la Policía invierte en alquilar puestos y no en comprarlos: “Hemos visto la construcción de la delegación de San Salvador Centro y la actual delegación de Zacatecoluca. El resto de delegaciones, puestos y subdelegaciones continúan iguales. Hay situaciones engorrosas donde les han llegado a cortar energía eléctrica, agua e incluso los dueños, a los que se les arrenda el lugar, han llegado a decirles a los policías que desalojen por falta de pago”. El Gobierno aún tiene un año para reducir los índices de violencia trazados en su Plan Quinquenal.