Los defensores de los tres exempleados de la Casa Presidencial procesados en el caso en que se vincula al expresidente Elías Antonio Saca y otros tres de sus exfuncionarios con el supuesto lavado de $300 millones del Estado, desvirtúan la relación de los hechos fiscales.
Según la Fiscalía, Francisco Arteaga Rodríguez, exjefe de la Unidad Financiera (UFI) de la Presidencia; Pablo Gómez, excontador del secretario de la Presidencia, cometieron peculado y lavado de dinero, ya que el primero habría abierto 14 cuentas privadas y el segundo dos para el presunto desvío de dinero.
Mientras que a Jorge Herrera Castellanos, exjefe de Tesorería Institucional, el Ministerio Público lo acusa solo de peculado.
Para la defensora Tania Pastor, al revisar las cuentas personales de los imputados, no se encuentra en ellas cantidades de dinero de las cuales se hayan apropiado, por lo tanto, no podría existir el peculado o desvío de fondos públicos.
De acuerdo con la abogada, el caso constituye una represalia contra Rodríguez Arteaga, ya que el exempleado presidencial fue citado previo a las capturas de los imputados y tomaron su testimonio como parte de la investigación penal que el Ministerio Público sigue contra Mauricio Funes.
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Además, dice, le preguntaron sobre el manejo de las finanzas de Saca, pero cuando él no brindó la información que le preguntaban, porque según Pastor, la desconocía, pasó de ser testigo a acusado.
“En ningún momento él mintió de la procedencia de fondos y en la declaración jurada (al banco) dice que poseen (fondos) de cuentas administrativas”, sostuvo Roberto Claros, otro de los defensores de Rodríguez Arteaga, tras explicar que cuando el imputado abrió las cuentas a su nombre, siempre explicó que el beneficiario era la Presidencia de la República.
En una de las declaraciones juradas a las que tuvo acceso El Diario de Hoy se observa que el exjefe de la UFI abrió una cuenta con fecha junio de 2006, donde establece que los fondos para abrir la cuenta proceden de fondos públicos, que los fondos que depositará procederán de cuentas ya existentes de la Presidencia y que mensualmente estaría realizando depósitos por montos de $25,000 (ver imagen).
Cindy Rivera, parte del grupo de defensores, alegó que de la misma forma actuó Gómez con las dos cuentas que abrió y que, incluso, hay cuentas abiertas por ambos imputados, donde además de su nombre existe una pleca a la que le sigue “Presidencia de la República”. Asimismo, en otras cuentas los exempleados especificaron que los fondos a depositar eran propios de la gastos operativos de la Presidencia.
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Agregó que la Fiscalía sostiene que las cuentas bancarias tuvieron que ser abiertas con el visto bueno del Ministerio de Hacienda, según lo manda la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado. Pero, esta, explica, no regula el manejo reservado del Estado, sino cuentas de contaduría, por las cuales sí tienen por objetivo comprobarse los fondos.
“Ellos lo que hacen es pagarles a proveedores, ya que estos proveedores le pagaron a la empresa de Saca, si acaso fuera cierto, ya eso no lo saben ellos. Es el destinatario final del dinero que lo deciden los dueños del dinero, que es el Presidente y su secretetario privado (en este caso Élmer Charlaix)”, manifestó la abogada Pastor.