Laura Sánchez Pichinte fue la última de las 34 mujeres asesinadas el pasado mes de abril. Las autoridades levantaron su cadáver a primeras horas del 1 de mayo y le pusieron la etiqueta de “desconocida”. Sin embargo, cinco días después, la Fiscalía General de la República (FGR) publicó su identidad y dijo que estaba investigando el caso. Sin más detalles.
En abril, en todo El Salvador, 34 mujeres fueron asesinadas en diferentes circunstancias. La osamenta de una más fue encontrada en San Luis Talpa, departamento de La Paz.
De esos 34 crímenes cometidos contra mujeres, el Estado salvadoreño solo ha podido capturar a los sospechosos de cuatro casos. En otros dos, los asesinos se suicidaron. Uno era policía y otro, soldado.
Aunque familias de víctimas consideran que la vida de las 34 mujeres valían igual, opinan que en El Salvador parece que hay unos muertos que valen más que otros. O que a las autoridades les importa resolver más rápido unos crímenes en tanto que otros los dejan a lo que el tiempo, la suerte, el esmero y los recursos que tenga el investigador asignado al caso.
“He ordenado a nuestras autoridades de seguridad, realizar una urgente y efectiva investigación para llevar a los culpables ante la justicia lo más pronto posible”, dijo el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, el 15 de abril anterior, minutos después de que se conociera que el cadáver que el día anterior había sido encontrado a la orilla de una carretera en el municipio de Santa Rosa Guachipilín (Santa Ana) era el de la periodista Karla Turcios.
En los otros dos casos donde hay sospechosos capturados, ha sido por el esfuerzo de investigadores locales. Estos son los casos de dos personas de la tercera edad. Una fue acuchillada por su mismo nieto en Sonzacate (Sonsonate) y otra acribillada a balazos por pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS-13) en Tacuba (Ahuachapán).
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En el resto de los casos, las investigaciones no han avanzado más allá del reconocimiento legal del cadáver, a pesar de que en algunos hay indicios de quiénes son los responsables. Por ejemplo, en el crimen cometido contra una niña de dos años, su madre y su padre, perpetrado el 10 de abril. Sus cuerpos fueron encontrados enterrados días después en unos potreros del cantón El Junquillo, municipio de Cacaopera, departamento de Morazán. Pero hasta Cacaopera o hasta Moncagua, Jucuarán o Nejapa, los recursos tecnológicos para investigar asesinatos de mujeres no llegan a los departamentos de investigaciones (DIN).
En muchos municipios del interior del país no hay cámaras de vigilancia en las carreteras y los recursos que tienen los investigadores locales son limitados; “ni soñar que se va a hacer una comparación geosatelital”, aseguran las fuentes. Una comparación geosatelital puede ser gestionada solo por el fiscal asignado al caso. Consiste en que la compañía telefónica les proporciona el detalle de las antenas que se activaron durante llamadas hechas o recibidas por una víctima.
La diferencia también se observa en la cantidad de dinero que se les asigna en concepto de “régimen”, es decir, para alimentación por permanecer ininterrumpidamente en sus lugares de trabajo por varios días.
Los informantes indican que un investigador de una DIN de cualquier delegación recibe 150 dólares, en tanto que a los detectives de la DCI les dan 240, y si es de la División Elite contra Crimen Organizado (DECO), les asignan casi 300 dólares.
“Es decir que hay investigadores para los casos de gente importante. Y para las víctimas que tienen poca relevancia, pues les toca que les lleven los casos en las unidades locales. Y los más ricos tienen a su disposición investigadores de la DECO, quienes ganan más que los de la DCI”, explicaron las fuentes.
“En las unidades locales, a duras penas tienen computadoras viejas y lentas; muchas esos investigadores no disponen de internet y menos de acceso a redes sociales para realizar su trabajo”, explicó un investigador de una Udin (Unidad de Investigaciones) del área metropolitana.
Los informantes indican que en ocasiones, las redes sociales de las víctimas suelen aportar mucha información sobre ella misma y sobre posibles amenazas o para orientar líneas de investigación.
“En una red social se puede ver con quiénes se relacionaba una víctima, por ejemplo, y a partir de allí uno puede buscar líneas de investigación o personas que posiblemente arrojen información sobre el entorno de la víctima”, detalló un detective.
Hay detectives que se ven en la obligación, a veces, de llevar a un testigo o un informante a un cibercafé para poder revisar redes sociales de posibles sospechosos de un crimen.
Para no ir lejos
Para algunos informantes, no hay necesidad de mencionar oficinas de investigación del interior del país. Un ejemplo de la carencia de recursos lo representa la Unidad de Asuntos Internos, en San Salvador.
En esa unidad, el Internet que la institución policial les paga es sólo para enviar correos o cualquier informe institucional, porque, en plena era digital, los mandos policiales consideran innecesario que tengan acceso a redes porque podría ser perjudicial para el desempeño de cada investigador.
Eso creen. Por eso en los departamentos de investigación si bien hay internet, el acceso a redes sociales está bloqueado. En casos extremos, los jefes prohiben que un investigador se meta a redes sociales en horas de trabajo, aunque sea para asuntos del servicio.
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Para contrarrestar esa carencia, entre varios investigadores que investigan actos de corrupción o delitos cometidos por elementos policiales, pagan paquetes de internet. De su propio sueldo ponen cierta cantidad de dinero mensual para poder tener una herramienta de trabajo que la PNC les debería proporcionar. Esa práctica es habitual, dicen, en los departamentos de investigaciones.
“Los casos avanzan lento porque no hay tecnología para hacer los análisis necesarios”, indicó un investigador.
“¿Qué pasa con los investigadores que no tienen esas iniciativas y la disposición de sacrificar sus propios recursos?, pues si nadie aporta testimonio alguno, ahí muere el caso”, señala un detective.
Otra carencia: a los investigadores asignados a delegaciones, la institución no les da teléfono celular ni saldo, para que haya una buena comunicación con testigos e informantes. En ocasiones, algunos investigadores deben pagar de su propio bolsillo la comida de los testigos de los casos que les asignan.
“Todo eso pesa en los resultados, además de que en las DIN (Departamento de Investigaciones) hay investigadores que tienen una carga laboral tal que algunos tienen más de 50 casos asignados”, se queja un detective.
“Mientras que la PNC no da teléfonos ni saldo a sus investigadores, los diputados salvadoreños tienen tres teléfonos inteligentes con saldo ilimitado. Igual sucede con jefes policiales que están asignados a oficinas que no necesitan hacer mucho uso de teléfonos celulares. Tal es el caso de los oficiales que están en el congelador (que no tienen ningún cargo asignado)”, señaló un inconforme.
Sin acceso a la base de datos del RNPN
Pero los departamentos de investigaciones locales no solo tienen limitados recursos tecnológicos, sino que tampoco disponen de las facilidades para acceder a bases de datos o a contactos con compañías telefónicas.
Un investigador señala que en las “dines” no tienen acceso a la base actualizada del Registro Nacional de la Personas Naturales (RNPN). El acceso que se les da es hasta quienes tramitaron el documento único de identidad (DUI) en el 2012. Es decir, que hay un desfase de más de cinco años.
Las fuentes aclaran que desconocen si la DCI o la DECO también tiene acceso limitado hasta el 2012, pero enfatiza que cuando se requiere conocer detalles de la identidad de un sospechoso que obtuvo su documento después del 2012, tienen que hacer el trámite de manera personal. Eso demora en mucho las investigaciones.
Varios investigadores entrevistados aseguran que mientras los detectives asignados a los departamentos de investigación no tengan los recursos necesarios, la mayoría de casos quedarán en la impunidad, a menos que haya órdenes expresas de que la DCI retome un caso. “No debería ser así”, dijeron los investigadores consultados.