El magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rodolfo González, en una ponencia ante abogados y académicos ayer afirmó que le llamó mucho la atención que la jefa de una de las fracciones representada en la Asamblea Legislativa -que tomó posesión el 1 de mayo-, dijo “se están violando los Acuerdos de Paz, donde acordamos el reparto de las instituciones”.
El reclamo en redes sociales de la diputada de quien el magistrado se reservó la identidad y su afiliación política, fue porque el seno del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) había excluido por su vinculación política partidaria a dos aspirantes a candidatos a magistrados de la CSJ de la lista de 15 que había presentado la Federación de Asociaciones de Abogados (Fedaes).
“Si es que en eso habíamos quedado en los Acuerdos de Paz, que nos íbamos a repartir las instituciones”, detalló González, que dijo la diputada. El funcionario afirmó que se ha enfatizado en la desvinculación partidaria en las elecciones de funcionarios de segundo grado, porque es lo más evidente como el proceso que actualmente se realiza para la selección de 5 magistrados de la Corte y en el que se hace necesario aplicar el control.
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Tras lo expresado por esa legisladora, el magistrado González dijo: “No podemos estar interpretando la Constitución según los cánones y paradigmas de los 60 diputados constituyentes de hace 35 años”.
Ni siquiera, “según las ideas de algunos de los firmantes o de los que intervinieron en la elaboración de los Acuerdos de Paz sobre las ideas preconcebidas que tenían hace 26 años, sobre qué iban hacer con la institucionalidad del país”.
La lucha por la desvinculación política partidaria no solo se ha limitado al Poder Judicial también ha trascendido a otros órganos e instituciones públicas donde se ejerce el control y de no hacerse podría darse abusos en el poder público.
Instituciones como el Poder Judicial, Fiscalía General de la República, Corte de Cuentas, Consejo Nacional de la Judicatura y el Tribunal Supremo Electoral no pueden estar sometidos a ningún poder político partidario, enfatizó el magistrado.
Ni siquiera en los casos en que los diputados a discreción tienen potestad de nombrar funcionarios pueden hacerlo “estos deben recaer en personas que reúnan requisitos establecidos por la Constitución y por tanto ese proceso no debe estar sujeto a repartos o cuotas partidarias u otras índoles, prescindiendo de las exigencias constitucionales”.
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El jefe del departamento Jurídico de Fusades, Javier Castro dijo que en este proceso es necesario que estas elecciones se hagan sobre la base del mérito y la idoneidad, tomando en cuenta los criterios de independencia.