Estados Unidos advirtió ayer de la “extendida corrupción gubernamental” en El Salvador, y en otros países de Centroamérica, así como problemas de las autoridades civiles a la hora de “controlar” a las fuerzas de seguridad en la región, lo que provoca impunidad.
En su informe anual sobre los derechos humanos en el mundo, publicado ayer, el Departamento de Estado de EE.UU. también constató numerosas acusaciones de ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad, en muchos casos contra supuestos miembros de organizaciones criminales.
Sobre El Salvador, el Departamento de Estado indica que además de la “extendida corrupción gubernamental”, el país sufre duras condiciones penitenciarias, arrestos arbitrarios, falta de respeto gubernamental por la independencia judicial, violencia de maras contra mujeres, niñas, lesbianas, homosexuales, bisexuales y transexuales.
El informe también denuncia “las peores formas de trabajo infantil” en El Salvador.
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También señala que las autoridades civiles a veces fueron incapaces de “mantener un efectivo control sobre las fuerzas de seguridad”, se produjeron ejecuciones ilegales de supuestos criminales, desapariciones por parte de militares y torturas.
EE.UU. reconoció que en el caso de las desapariciones realizadas por personal militar, el Gobierno presentó cargos.
Pero las fuerzas de seguridad también fueron responsables de torturas y ejecuciones ilegales de supuestos criminales.
Los demás países
La violencia contra las mujeres, niñas, lesbianas, homosexuales, bisexuales y transexuales también fue generalizada en la región en 2017, según el informe de EE.UU.
De Honduras indica que los problemas de derechos humanos más graves registrados por EE.UU. son las acusaciones de “ejecuciones ilegales y arbitrarias”, las duras condiciones penitenciarias que suponen un riesgo para la vida y los asesinatos y amenazas a los miembros de los medios de comunicación.
El informe del Departamento de Estado también se refirió a “la extendida corrupción gubernamental, incluido el sistema judicial” y las amenazas contra las comunidades de origen africano, así como violencia contra lesbianas, homosexuales, bisexuales y transexuales.
Las organizaciones criminales, tanto locales como internacionales, cometieron también un número “significativo” de delitos como asesinatos, extorsión, secuestros, torturas y tráfico de personas.
Pero EE.UU. también reconoció que el Gobierno hondureño “tomó medidas para juzgar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos”, aunque constató la impunidad “en muchos casos”, como en el asesinato del zar antidrogas Julián Aristides González en 2009.
Sobre Nicaragua apunta que las autoridades civiles tienen dificultades en determinadas circunstancias “para mantener un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad” y que los principales abusos de derechos humanos son ejecuciones ilegales, tortura y las duras condiciones penitenciarias.
EE.UU. también destacó “la casi completa falta de independencia judicial” e informes de “al menos un prisionero político”, el excombatiente sandinista Marvin Vargas, así como “múltiples obstáculos para la libertad de expresión y de prensa”.
El informe señaló la “extendida corrupción” que afecta a la Policía, el sistema judicial y otros órganos gubernamentales, y “el aumento” de la violencia contra mujeres, lesbianas, homosexuales, bisexuales y transexuales.
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Ante estos abusos, “el Gobierno, en raras ocasiones tomó medidas para enjuiciar a los funcionarios que cometieron abusos”, ya fuesen miembros de las fuerzas de seguridad o del Gobierno, por lo que “la impunidad siguió siendo un problema extendido”.
De Guatemala, el informe dice que las autoridades a veces fueron incapaces de “mantener un efectivo control sobre las fuerzas de seguridad”, son la “extendida corrupción gubernamental”, violencia contra personas con discapacidades y asesinatos de mujeres.
Estados Unidos también se refirió a “la corrupción e intimidación de jueces”, las duras condiciones penitenciarias y las amenazas contra periodistas por parte de organizaciones criminales y funcionarios corruptos.
El Departamento de Estado también denunció la “violencia policial” contra lesbianas, homosexuales, bisexuales y transexuales en el país, el tráfico de personas, “las peores formas” de trabajo infantil y violencia contra sindicalistas y activistas laborales en Guatemala.
Además, en el documento se señala que la corrupción provocó que “la impunidad siguiese siendo extendida” y destacó que el presidente Jimmy Morales intentó expulsar del país, sin éxito, al comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velásquez.