Por Gadiel Castillo
La Fiscalía General recibió ayer un vehemente llamado de organizaciones de la sociedad civil salvadoreña para investigar una serie de anomalías para favorecer a postulantes vinculados al partido oficial en el proceso de selección de candidatos a magistrados de la Corte Suprema.
Esta elección de magistrados es crucial porque cuatro de ellos serán para la Sala de lo Constitucional, el máximo tribunal que tutela los derechos constitucionales de los salvadoreños y tiene el poder de frenar leyes o decretos injustos y los abusos de poder.
Sin embargo, desde un inicio, varias organizaciones han denunciado maniobras para que se entreguen las magistraturas a personajes vinculados al partido de gobierno, que en todos estos años ha atacado a la actual Sala por su independencia.
Ahora el Consorcio
por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción, que aglutina organizaciones jurídicas y de otros sectores, denunció una posible manipulación de expedientes de 15 candidatos propuestos por el gremio de abogados.
La Federación de Asociaciones de Abogados (Fedaes) presentó al Consejo Nacional de la Judicatura el listado de candidatos elegidos en votaciones a mediados de marzo.
Sin embargo,
ocho de los 15 expedientes de los aspirantes
estaban incompletos, lo que hace temer al Consorcio que ha habido una manipulación para favorecer a los candidatos ligados al oficialismo, quienes sí tenían su documentación completa.
Al
presidente del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), Humberto Sáenz, le parece extraño que solo los expedientes de los representantes de
la Unión de Abogados por la Justicia y Democracia (Unajud), una asociación ligada al oficialista FMLN,
estuvieran completos. “Lo más extraño que de los 15 candidatos electos casualmente siete propuestos por Unajud son los únicos candidatos que tienen sus expedientes completos. Es una coincidencia muy extraña. Por tanto, se debe investigar”, manifestó Sáenz.
La Sala de lo Constitucional ha establecido que los jueces y funcionarios que tengan que ver con la aplicación de justicia no deben estar ligados a partidos políticos, pues deben ser imparciales.
Los representantes del Consorcio llamaron a la directiva de Fedaes, presidida por Gregorio Sánchez Trejo,
para que esclarezca si hubo manipulación de los expedientes o extracción de documentos.
Claudia Umaña, presidenta de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia, llamó a Sánchez Trejo “para que dé la cara” y asuma las responsabilidades que como presidente de Fedaes
le incumben, entre ellas garantizar la seguridad jurídica de este proceso. Lo que ha pasado “es inaudito y muestra un manoseo indescriptible”, advirtió Umaña.
Por su parte, Javier Castro, director de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), pidió a la Fiscalía que investigue “qué fue lo que sucedió. Si hubo supresión, ocultamiento o manipulación de documentos esto es totalmente grave”.
Además, Umaña pidió al CNJ que se transparente el proceso de elección de magistrados y se excluya a quienes no tienen los perfiles idóneos ni capacidad.
Antes del 15 de julio, la Asamblea Legislativa debe elegir a los magistrados y sus suplentes de una lista de 30 candidatos propuestos, 15 por el CNJ y 15 por Fedaes.