El retraso de dos días del juicio contra 87 detenidos por la Operación Jaque, con lo cual la Fiscalía aseguró “haber dado un duro golpe a las finanzas de la mara Salvatrucha”, ha puesto a pelear a abogados defensores, fiscales y al propio juez del caso.
Ayer, en el segundo día consecutivo en que no se instaló uno de los juicios más sonados en el país, las partes entraron en debates por una solución al problema.
Miguel Ángel Flores Durel, uno de los más de 12 abogados que participan en la defensa de los procesados, afirmó que la mejor solución era traer a todos los reos a San Salvador.
“La Constitución dice que los imputados deben estar a la par de sus abogados porque hay un principio de confidencialidad que con ese sistema se viola, además el reo no tiene la oportunidad de consultar a su abogado en caso de no entender alguna disposición”, afirmó Flores Durel. Los pandilleros en cuestión guardan detención en los penales de Zacatraz, en Zacatecoluca, Chalatenango, Ciudad Barrios e Izalco, entre otros.
Otros de los abogados dijo al juez que las medidas extraordinarias que impedían el traslado de peligrosos reos a la sala de audiencia en San Salvador ya no estaban vigentes -aunque estás vencen al final de abril- y que el juzgador tenía luz verde para mandar a traer a todos los acusados.
Los fiscales no estuvieron de acuerdo con esa versión y negaron que ante la falta de vigencia de las medidas extraordinarias, el juez no estaba obligado a realizar el juicio por videoconferencia, ya que la “Ley lo faculta que cuando los encartados -procesados- sean del crimen organizado, que se esté conociendo un caso de organización terrorista como el caso, por medidas de seguridad de todos, la ley permite que el juicio se haga por videoconferencia, independiente si están vigentes, las medidas extraordinarias”.
Lo que sucede, afirmó, “son situaciones administrativas que se dan en procesos voluminosos como este. Nosotros esperamos que se supere el último impasse administrativo (conectividad con el penal de Ciudad Barrios) para instalar el juicio y una vez que se supere, todo será más fluido”, recalcó el fiscal.
Frente a las opciones de realizar la audiencia mediante el sistema de videoconferencia y presencial, el juez resolvió que se inclinaba por la primera, ya que el decreto legislativo transitorio se lo mandaba (reforma del artículo 138 del Código Procesal Penal y el 321 del Código Penal) .
Ante la carencia de conexión vía Internet entre San Salvador y el penal de Ciudad Barrios, la instalación del juicio no fue posible ayer.