Al calor de la consternación generada por la masacre de 11 trabajadores y agricultores en el área rural de San Juan Opico, La Libertad, ocurrida en marzo de 2016 y los altos niveles de delincuencia que se registraban en esa fecha llevó a la aprobación, en abril de ese año, del decreto 321 que trajo a la práctica las “medidas extraordinarias” para elevar el control en los centros penitenciarios del país mediante la interrupción de la señal de telefonía, traslado de cabecillas y otros pandilleros peligrosos a la cárcel de máxima seguridad y prohibición de visitas.
En febrero de 2017, la Asamblea Legislativa volvió a ratificarlas.
Al cumplirse dos años de implementadas dichas medidas, su validez está por expirar, es por eso que se ha presentado nuevamente a la Asamblea Legislativa la petición para su extensión por un año más, haciendo caso omiso a las observaciones que organismos internacionales han hecho a este tipo de medidas que “violan Derechos Humanos”.
Una de las voces más críticas ha sido la de la relatora especial de Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias de las Naciones Unidas, Agnes Callamard que en repetidas ocasiones ha recomendado al gobierno el cese de estas medidas.
“Instamos a la Asamblea Legislativa de El Salvador a no extender las medidas extraordinarias en su versión actual y cumplir con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”, escribió a través de su cuenta de Tuiter la funcionaria el pasado 21 de marzo ante una posible renovación.
Por su parte, el Gobierno ha justificado estas medidas como necesarias para reducir los crímenes y ha centrado parte de los esfuerzos en limitar el accionar de cabecillas de pandillas en las prisiones pues, según las autoridades, desde allí se ordenaban los crímenes. De hecho parte del discurso oficial es que se ha reducido los homicidios en más de la mitad, según sus balances en el último año.
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Sin embargo, en términos de vidas humanas, la tasa de homicidios sigue siendo alta. De acuerdo con datos de la Policía Nacional Civil (PNC) por cada 100 mil habitantes en 2017, 64 personas fueron asesinadas, mientras que en 2016, asesinaron a 81. Estas cifras, aunque son menores al registro de 2015 cuando alcanzó 108.6, es la más alta en América Latina.
Con el referido decreto, seis centros penales asignados por el Estado a las pandillas: Zacatecoluca, Gotera, Izalco (I, II y III), Chalatenango, Quezaltepeque y Ciudad Barrios, quedaron bajo esta política.
Endurecer medidas
Analistas y políticos consultados por El Diario de Hoy consideran que las medidas deberían de elevar su nivel y reforzarse con nuevos componentes que frenen los niveles de delincuencia que viven las familias salvadoreñas.
Agregan que ante una posible renovación se debería incorporar como componente principal la recuperación del control de los territorios dominados por pandillas.
Para el diputado, Mauricio Vargas se ha sobredimensionado la efectividad de las medidas extraordinarias atribuyéndole resultados - que si bien podrán tener algún grado de incidencia- “no lo son todo”.
“No es una pomada mágica que ha venido resolviendo la dinámica de la violencia como lo ha sostenido el gobierno, los homicidios las estadísticas demuestran que ha habido una disminución pero estos no reflejan en si el global de la violencia, es una porción tan pequeña que no debería ser el indicador de los mismos”,asegura vargas.
Según cifras de la PNC la violencia acabó con la vida de 3,954 personas durante el año 2017, es decir, se registraron 11 homicidios por día.
Las autoridades policiales aseguraron que hubo una reducción de 1,326 asesinatos con respecto al año 2016 que cerró con 5,280 crímenes. En el 2016 se registraron 14 homicidios por día, en promedio.
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Vargas agrega que esa “leve” baja de homicidios no es atribuible completamente a las medidas, “Es uno de los errores de lectura que ha dado el gobierno con el fin de defender dicho proyecto”.
Por su parte el ministro de seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde manifestó que las referidas herramientas legales aplicadas en el sistema penitenciario, han incidido en la disminución de los índices de violencia, es por eso que han solicitado un tiempo adicional para concluir proyectos constructivos y de tecnología.
“Los que se oponen a la prórroga de las medidas son los grupos criminales que quieren continuar cometiendo delitos desde las cárceles” asegura Landaverde.
Para el ex viceministro de seguridad, Francisco Bertrand Galindo las medidas deberían de continuar, pero deberían de pasar al plano de la implementación permanente siempre y cuando no se cometan violaciones de Derechos Humanos, ni ejecuciones extrajudiciales.
“Las medidas han sido buena, pero incompletas y el problema de esto es que no permite visualizar el final. No sabes que tanto tiempo pueden tardar los efectos de esta política,”, manifiesta Bertrand.
De acuerdo con el criminalista Ricardo Sosa, las medidas extraordinarias no solo deben de renovarse sino fortalecerse en los componentes combate, represión y persecución del delito.
Sin embargo, considera que se debe hacer una evaluación de los efectos que se están generando a la población recluida en los seis centros penales que están bajo estas medidas y de los cuales se han indicado que se están vulnerando Derechos Humanos.
“Desde la visión de la criminología no existe ninguna justificación y buenas prácticas en ninguna prisión del mundo que violando derechos y garantías disminuyan los crímenes, delitos, baje la membresía de estructuras criminales; por el contrario se alimenta el odio y deseo de venganza que sin duda al salir de esa prisión se la cobrará la sociedad salvadoreña”, detalla Sosa.
La delegada de la ONU, Agnes Callamard en el informe final de su visita al país, en febrero pasado, destacó que la aplicación de estas medidas han dejado más de 39 mil personas detenidas y que están bajo condiciones “crueles e inhumanas”. En ese sentido, cuestionó la situación en que están los presos y que las razones de seguridad no la justifican.
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“Las condiciones espantosas que he observado no pueden explicarse solo por condiciones de seguridad. Esto me lleva a la conclusión principal que su finalidad es la deshumanización de los detenidos”, calificó la relatora.
Al respecto el ministro de Seguridad Descartó que se violenten los derechos humanos, ya que el hacinamiento es histórico y las enfermedades que afectan a los reos, ocurren desde antes de la aplicación de las medidas.
“Se ha desatendido es un problema que tiene décadas, por tanto la situación carcelaria no es una causa para no aprobar lo solicitado”, aseguró Landaverde.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Estado salvadoreño no renovar las medidas extraordinarias de seguridad porque “han ocasionados serios riesgos para la vida e integridad” de las personas detenidas en cárceles.
“En el ámbito carcelario, además de incrementar las tasas de encarcelamiento, estas medidas han resultado en graves violaciones a los derechos humanos de miles de personas privadas de libertad, tales como aislamiento prolongado e indefinido bajo condiciones inhumanas, suspensión del régimen de visitas”, se lee en la resolución de la CIDH.
Las extorsiones
Uno de los aspectos que buscan las medidas es contrarrestar la criminalidad que se ordena desde los centros penales.
De acuerdo con investigaciones y según los analistas desde los centros penales se sigue extorsionando.
Para el diputado Vargas, el hecho de que las extorsiones continúen desde las cárceles se debe a la ineficiencia del personal de seguridad “falta de control estricto de los agentes penitenciarios y procesos administrativas para erradicar este problema”.
En nuestro país la extorsión continúa siendo la principal fuente de ingresos y sostenimiento de las estructuras de las pandillas y sus colaboradores, pero que también les ha permitido lavar dinero e ingresar a otros negocios para cometer competencia desleal e ilegal a los micros y pequeños empresarios.
Investigaciones del Consejo Nacional de la Pequeña Empresa de El Salvador, (Conapes) revelan que el 92 por ciento del sector es extorsionado. El sector transporte público tampoco escapa de este flagelo. Un informe anual de la Federación de Asociaciones Cooperativas de Aprovisionamiento de Empresarios del Transportistas Salvadoreños (Fecoatranas) reveló que en 2017 pagaron $19 millones en concepto de extorsión.