Nuevamente los pacientes con insuficiencia renal crónica y la autoridades del Servicio de Nefrología del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) entraron en choque porque los enfermos que recibian el tratamiento de hemodiálisis son obligandos a pasar a tratamiento de Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria (DPCA).
La Asociación de Pacientes Renales informó que tienen varios casos en que a los pacientes que recibián hemodiálisis, sin su consentimiento, los “regresaron” a la diálisis ambulatorioa, es decir que deben hacerse el tratamiento en sus casas.
Tanto la hemodiálisis como la diálisis peritoneal son tratamientos parasacra las toxinas del cuerpo, una función que hacen los riñones sanos.
La Diálisis Peritoneal se práctica cuando los riñones presentan un deterioro de entre el 5-15% de su capacidad, mientras que la hemodiálisis es practicada a los que tienen un daño de insuficiencia renal aguda o crónico terminal.
Según la asociación, algunos pacientes decidieron pagar la aplicación de la hemodiálisis en centros de salud privados.
El nefrólogo y jefe de Medicina Interna del ISSS, Otto Iván Meléndez, explicó que en la institución trabajan aplicando las normativa de tratamiento para los pacientes renales y cuando existe una determinada complicación en el abdomen del paciente de diálisis peritoneal, lo trasladan por un periodo corto a hemodiálisis.
Esto se hace con la venia del paciente a quien le explican que después tiene que regresar a diálisis peritoneal, aseguró Meléndez.
Pero Mónica Trujillo, de 33 años, quien estaba en el programa de hemodiálisis y fue sacada de ahí porque se negó a pasar a la diálisis peritoneal ambulatoria, según denunció.
“No me he dejado operar, no me he dejado poner el catéter blando (necesario para recibir la diálisis); entonces, ellos me han suspendido mi tratamiento (de hemodiálisis) para presionarme para que me lo ponga”, aseguró la paciente.
Trujillo dijo que tenía más de un año de estar con hemodiálisis y que se la suspendieran a principios de marzo.
Ella es una empleada, gana el sueldo mínimo, y dado que no se quiere poner el catéter blando para la diálisis peritoneal ha tenido que ir a una clínica privada donde le cuesta $125 cada sesión.
Obviamente, su salario no le alcanza para costearse por mucho tiempo las hemodiálisis, las cuales en el ISSS le hacían dos sesiones por semana.
Agregó que ha tenido que andar prestando dinero para poder hacerse la hemodiálisis porque, de lo contrario “me puedo descompensar y me puede dar un infarto, si los tóxicos (del cuerpo) suben puedo entrar en coma. Un montón de cosas que me pueden pasar sino me hago la hemodiálisis”, dijo con preocupación la paciente.
Por el momento solo se está haciendo una tratamiento a la semana en un centro particular, indicó Trujillo.
El nefrologo Otto Meléndez dijo que entre las razones para trasladar a los pacientes a la DPCA es porque las máquinas de hemodiálisis no son suficientes y la población que el ISSS cubre es alta “y se tiene que estar listo para que en cualquier emergencia que tengamos haya una máquina disponible”, expresó.
Añadió que no están haciendo cosas que la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Sociedad Latinoamericana de Nefrología no les estén sugiriendo. Estas sociedades están estimulando a que cada vez los pacientes estén en diálisis peritoneal.
Los médicos en ningún momento decidirán una opción de tratamiento que pueda dar un perjuicio a la salud de los pacientes, insistió el galeno.
“Queremos dejar bien claro que si hay una contra indicación médica de que ese abdomen que originalmente se comenzó a ocupar por la razón médica que se pueda conocer, ese paciente se queda en hemodiálisis”, aseguró.
De acuerdo con la jefa del Servicio de Nefrología, Ana Luisa Navas, en el ISSS manejan una devolución del tratamiento de diálisis peritoneal continua ambulatoria del 80% de los pacientes “dado que tienen habilitado su cavidad peritoneal y son pacientes jóvenes. Es el tratamiento ideal que les corresponde”.
No obstante el presidente de la Asociación de Pacientes Renales, Omar Vásquez, dijo que existen muchos casos de enfermos que los quieren obligar a pasarse a diálisis ambulatoria, “pero ellos tienen miedo a denunciar”.
Vásquez expresó que como pacientes saben que “la diálisis peritoneal continua ambulatoria es el tratamiento por excelencia; pero nos oponemos a los métodos que ellos utilizan para pasar a los pacientes a diálisis ambulatoria” porque lo hacen obligado.
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El esposo de Rocío Castellón tiene insuficiencia renal crónica. A él lo dejaron sin cupo de hemodiálisis.
Rocío aseguró que su esposo estuvo con diálisis peritoneal ambulatoria y ya le habían puesto tres catéteres.
“A él le querían poner un cuarto catéter, lo querían obligar a que se lo pusieran. Como una forma de presión en el Seguro Social le dijeron ‘o te pones el cuarto catéter o te quitamos el tratamiento’”, contó la esposa del paciente.
Debido a que a su esposo lo dejaron sin cupo para la hemodiálisis, dijo que recurrieron a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) porque estaban atentando contra su vida.
Contó que los tres catéteres anteriores siempre le dieron problema a su esposo, por eso se negó a ponerse el cuarto, ya que “lo estaban lastimando”. El último se lo habían puesto el 26 de abril del año pasado.
Pero debido a que se negó a operar para ponerse el cuarto catéter el 1 de marzo le quitaron el cupo de hemodiálisis.
“Estuvimos moviendo cielo y tierra. Como dicen en este país, lastimosamente si no tiene un conecte no le ayudan; gracias a Dios conseguimos ese conecte y nos ayudaron” para que lo dejaran definitivamente con hemodiálisis, dijo.
Eso lo lograron el pasado 8 de marzo “con una persona que tenía sus influencias con el Seguro Social”, insistió.
Pero casos como el esposo de Rocío Castellón hay varios, dice la Asociación de Pacientes Renales, lo cual es ilegal porque los quieren obligar.