Al terminar la fase de renovación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para cerca de 190,000 salvadoreños que viven en Estados Unidos inició el vía crusis de estas personas, ante la incertidumbre y preocupación por la finalización de un amparo migratorio que llega a su fin en septiembre de 2019.
“Estoy desesperada, serán 18 meses amargos que me quedan para ver que no hay solución, que este Gobierno nos castigó por ser trabajadores honestos y honrados, no sé si voy a aguantar la presión”, dijo Patricia Hernández, beneficiaria del TPS.
Activistas y beneficiados reconocen que la preocupación para los salvadoreños, el mayor grupo de inmigrantes que quedaron al borde del desamparo tras la decisión de la Administración del presidente Donald Trump de no extender el beneficio, quedó patente mientras se realizaban los trámites de renovación.
Pero la cuenta regresiva hasta el 9 de septiembre de 2019 ha comenzado, fecha en que los salvadoreños amparados por el TPS pierdan la protección.
Pablo Alvarado, director de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), explica que el desasosiego de este grupo de inmigrantes es diferente al de los indocumentados en general e incluso al de los jóvenes beneficiados por la Acción Diferida (DACA), pues algunos de ellos llevan 20 años con un estatus legal que podrían perder en 18 meses.
“Tuvieron casi 20 años un estatus legal y están perdiendo todo: su empleo, sus familias, sus casas, mientras los otros están luchando por ese sueño, ellos ya pensaban que lo habían logrado”, advierte Alvarado.
Hernández es un claro ejemplo de esto. A sus 55 años, y después de haber vivido por más de 20 años en Estados Unidos, la salvadoreña había logrado comprar una casa y establecer un negocio.
Ahora hasta el matrimonio de esta inmigrante peligra. “Mi compañero es mexicano, y no sería justo decirle vámonos para El Salvador a enfrentar una extorsión y quizás la muerte, ya no me quedan tantos años para emprender otra lucha”, resalta Hernández.
Si estos 18 meses representan una carrera contrarreloj para saber qué hacen con los bienes materiales, la encrucijada de Víctor Iraheta, amparado por el TPS, se centra en qué hará con su hijo de 3 años.
Este salvadoreño que vive hace más de 20 años en Los Ángeles no quiso ser padre hasta no tener una base económica para brindarle seguridad a su hijo.
“De nada me sirvió ser responsable y precavido, ahora mi hijo está tan pequeño que no puedo pensar dejarlo con algún familiar”, insiste.
Un estudio encargado por Alianza TPS, una coalición de decenas de organizaciones alrededor del país que defiende el beneficio migratorio, asegura que el 81 % de los amparados tienen hijos, lo que supone que unos 273,000 niños nacidos en Estados Unidos tienen al menos un padre con TPS.
Aunque hay cuatro proyectos legislativos en el Congreso para encontrar una vía de legalización permanente para los “tepesianos”, el camino se ve difícil.
Teresa Tejada, directora de la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles (ASOSAL), cree que parte de su invisibilidad se debe a que desde que se aprobó en 2001 el TPS para los salvadoreños en respuesta a los terremotos que ese año azotaron a su país no se habían planteado seriamente la posibilidad del fin del amparo.
“Esperamos a que se diera una reforma migratoria integral y nos quedamos ahí, y ahora estamos hundiéndonos sin un flotador a la vista”, indica.
Pero la cosa ha cambiado y ya existen casi 40 grupos de defensa del TPS, que han presentado dos demandas federales en contra de la Administración Trump por rescindir el amparo.
Los salvadoreños no son el único grupo de beneficiados que cuentan ya los días que quedan para perder su permiso de residencia, pues haitianos, nicaragüenses y sudaneses están en similar situación.
Solo los hondureños recibieron recientemente una prórroga de seis meses, que expira el próximo 5 de julio, aunque se teme que el Gobierno de EE.UU. replique la estrategia de sus vecinos centroamericanos y les dé 18 meses para salir del país.
El canciller salvadoreño Hugo Martínez reiteró el compromiso “de seguir las gestiones a todo nivel para lograr una solución permanente a la situación migratoria de miles de compatriotas”, en el marco de la estrategia que impulsa el Gobierno salvadoreño en este ámbito, desde noviembre de 2016.