A las 10:00 de la mañana, dos pandilleros que viajan a bordo de una lancha terminan su patrullaje de varios kilómetros en las aguas del Embalse del Cerrón Grande. En el trayecto, uno de ellos revisa su celular de alta gama mientras que el otro solo rema. No pescan, andan vigilando la zona del cantón El Tablón, en el municipio de El Paraíso, Chalatenango.
Antes de llegar a la orilla, ambos se percatan de que hay personas extrañas y advierten con señas que la zona es dominada por la mara Salvatrucha. Uno de ellos se cubre el rostro para no ser identificado y sigue haciendo señas con sus manos alusivas a la MS. Es delgado, su cabello está rapado y viste una camisa de la Selección de Fútbol de El Salvador.
Los pobladores aseguran que los sujetos vienen desde las islas situadas en los alrededores para asegurarse de que no hay pandilleros de la 18 que operen y vivan en el cantón Santa Bárbara. Buscan que sus rivales no “invadan o ganen el territorio”.
Las aguas del embalse del Cerrón Grande bañan los departamentos de Chalatenango, San Salvador, Cuscatlán y Cabañas, abarcando 14 municipios: El Paisnal, Suchitoto, Cinquera, Jutiapa, Potonico, San Luis del Carmen, San Francisco Lempa, Azacualpa, Nueva Concepción, Chalatenango, Santa Rita, San Rafael, El Paraíso y Tejutla.
Esa disputa del territorio entre las pandillas de la zona y el incremento de las tropelías de las dos estructuras delincuenciales han llevado a decenas de pescadores y pobladores a vivir bajo el mando de los pandilleros y a someterse a sus “reglas”.
Las maras han tomado el control de la referida zona del Cerrón Grande y poco a poco avanzan hacia arriba, hacia cantones, caseríos, islas, y todos los recovecos habitados a las orillas de uno de los lugares de mayor turismo y pesca del país.
Los mareros controlan y deciden los horarios y zonas que, imaginariamente, han delimitado en el agua para pescar. Nadie puede desobedecer las órdenes; de lo contrario, es asesinado o castigado por la pandilla a no pescar por varias semanas.
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“Hay sectores a los que tenemos prohibido llegar aunque no andemos en nada de pandillas, solo por vivir en una zona donde viven los contrarios, ahora ese es el delito, vivir en la zona contraria”, dice un pescador mientras repara su red.
En esa zona del Cerrón Grande, los pescadores deben respetar las zonas delimitadas, no pueden circular en territorios no autorizados aunque sea solo de paso. Tampoco pueden ingresar a las islas dominadas por las pandilla.
En los atracaderos (estacionamiento de lanchas o cayucos), los mareros mantienen sus “postes” (vigilantes) para tener mejor control de los territorios. En muchos casos, todos los pescadores deben dejar cierta cantidad del producto a los pandilleros como parte de “la cuota” de extorsión que impone la pandilla.
“Los pandilleros saben quién es quién, cómo se viste, cómo habla, a uno lo tienen bien investigado. Saben todas las características. Si el Gobierno no sabe cómo funciona, los pandilleros sí lo saben, porque siempre hay ojos y oídos por todos lados. Así es como funciona esto”, detalla un pescador mientras realiza gestos de indignación.
La vida en la zona del Cerrón Grande está marcada de mucha pobreza. Los vecinos aseguran que un 60 por ciento de sus habitantes sobrevive de la pesca. Para muchos, ese oficio ya no es muy rentable y en algunas épocas del año, solo se dedican a la agricultura, albañilería y ganadería.
En las labores de pesca sacan guapote y tilapia. Una docena alcanza un valor de hasta cuatro dólares. Cuando en las jornadas de día o de noche les va bien, los pescadores sacan hasta 20 dólares; y cuando les va mal, la ganancia no sobrepasa los ocho dólares.
Sin embargo, hay algunas jornadas largas, de toda la noche, donde los pescadores solo entran al agua y no tienen mucha suerte. La pesca está mala.
Con 10 docenas de pescados que vendamos nos quedan unos $20 a cada uno. Pero a veces entramos solo por pasear, no se agarra nada y nos exponemos a la criminalidad que se vive en el agua”, lamenta un pescador.
El producto es comercializado en los mercados de Chalatenango, Aguilares, Apopa y otras zonas.
En las aguas del Cerrón Grande la pandilla tiene el control estricto del ingreso de los pescadores, saben quiénes ingresaron en la noche y salieron en el amanecer.
“Todo esto nos limita a nosotros porque trabajamos con temor, además, tenemos que pescar en el mismo pedacito porque está prohibido traspasar el límite que ponen ellos”, expresa un afectado.
La pandilla sabe quién trabaja individualmente y por cooperativas, conoce de las inversiones que se realizan para medir el cobro de las extorsiones e identificar a los pescadores con más facilidad para pagar.
“El negocio ha empeorado, cuando hay viento del norte, el pescado se va para la profundidades y en algunos lugares, la mayoría pescamos en las orillas, no podemos ir a todos los lugares porque la pandilla no lo permite”, detalla un pescador.
También los mareros tienen a la orden las lanchas construidas de madera o fabricadas de fibra y equipadas con un motor. Los mareros en los atracaderos se toman a la fuerza las lanchas y salen a realizar actividades ilícitas.
En el cantón Santa Bárbara, por ejemplo, los pescadores encontraron en la mañana una lancha rotulada con el nombre “La Reubicación”. Todos saben que la canoa no es de ahí y que ha sido robada durante la noche y luego abandonada en ese lugar.
En la mayoría de cantones de las riberas del Cerrón Grande, los propietarios de los botes encadenan a las llantas y palos sus lanchas para evitar los hurtos.
Los pescadores se arman de cadenas pesadas con gruesos candados para amarrarlas unas con otras entre las llantas y de esa forma evitar que los pandilleros se las hurten y cometan sus delitos en ellas.
Zona de peligro
La permanencia de la pandilla en las aguas del Cerrón Grande y sus alrededores ha dejado en los últimos dos años más de ocho asesinatos. Las últimas víctimas fueron los hermanos Leonel Eliseo y Juan Rubén, ambos Landaverde Miranda, de 18 y 14 años, respectivamente. Los jóvenes pescadores fueron ultimados el 29 de octubre de 2017.
Los pobladores coinciden en que no en todas las zonas hay problemas de operatividad de las pandillas, en lugares como el municipio de Copapayo, por ejemplo, las pandillas no navegan en las aguas del lago.
Fuentes policiales instaladas en el puesto del referido lugar afirman que en la zona no hay pandilleros, huyeron hace varios años por la operatividad policial y otros que fueron asesinados por rivales.
Los agentes sostienen que varios pobladores aseguran que en las montañas ven constantemente grupos de pandilleros que se movilizan con sacos de nylon. Los policías aseguran que mueven fusiles.
Los ganaderos del lugar mantienen constantes patrullajes y advierten a los pandilleros u otros delincuentes a no robar o cometer delitos.
“Este lugar es privado, no entrar o no respondemos”, reza un rótulo frente a un terreno que finaliza en el agua y donde guardan ganado. Tres kilómetros adelante, en el lugar conocido como Puente Quezalapa, en el desvío hacia el municipio de Tenancingo, la pandilla 18 ha marcado su territorio con un escrito “XV3” en la calle principal.
El embalse del Cerrón Grande fue declarado “humedal de importancia internacional el 22 de noviembre de 2005 por la Convención Ramsar”. El área total del humedal Ramsar es de 60,698 hectáreas, de las cuales unos 13,500 están dentro del embalse.
Sirve anualmente como lugar de alimentación, cría y descanso de miles de aves acuáticas, tanto residentes como migratorias.
Este humedal es de enorme importancia hidrológica, destaca por su papel en el control de inundaciones, depuración de aguas y producción de energía eléctrica.
El lugar representa el mayor cuerpo de agua dulce del país y está situado en el tramo medio del río Lempa, un lugar olvidado por la Policía, donde existe una especie de guerra para tener y ganar más territorio.