El Plan El Salvador Seguro (PESS), el proyecto insignia con el que el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén anunció, en 2015, que combatiría la delincuencia y prevendría la violencia que aqueja a la población, no logró mantener a varios alcaldes del FMLN en los municipios en los cuales se implementa la medida.
El PESS —diseñado en conjunto con la Comisión Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (CNSCC)— contempla la ejecución de cinco acciones concretas en los 50 municipios que han sido seleccionados: dar seguridad en el territorio, atender a las víctimas de la violencia; brindar oportunidades educativas; buscar ofertas laborales y de inserción productiva, así como recuperar los espacios públicos para hacerlos dinámicos y seguros.
Para financiar estas acciones, el Gobierno central tiene que inyectar económicamente a las municipalidades, o al menos eso anunciaron las autoridades en su momento.
A estos fondos se suma el dinero que aportan las alcaldías, lo recaudado con la Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana, así como lo obtenido con créditos y cooperaciones internacionales; organizaciones sin fines de lucro y empresa privada.
El lanzamiento de la primera fase del ambicioso plan, que incluyó a 10 municipios, se llevó a cabo en julio de 2015, en Ciudad Delgado. Históricamente, esa jurisdicción fue considerada “bastión” del partido de izquierda. Ya no lo es.
Tomás Minero lo gobernó los últimos 12 años, pero en las elecciones del domingo pasado él no logró los votos suficientes para seguir en el cargo por quinto periodo y deberá ceder el puesto a Élmer Cardoza, del partido ARENA.
En diciembre de 2016, las autoridades anunciaron la segunda etapa del proyecto, que abarcó a otras 16 localidades y, en noviembre del año pasado, fueron incorporadas 24 más.
Además de Ciudad Delgado, otros municipios que están incluido en el PEES y que desde el 1 de mayo dejarán de ser gobernados por el FMLN son Jiquilisco y Tecoluca (donde hay amplia presencia de excombatientes de la guerrilla) San Salvador, Cuscatancingo, Soyapango, Ciudad Arce, Quezaltepeque y San Juan Opico.
Entre las razones por las que muchos habitantes de estos municipios dicen que no votaron por el partido de izquierda es porque los alcaldes no hicieron esfuerzos suficientes con las autoridades competentes para combatir a las pandillas y lograr reducir los índices de homicidios y extorsiones.
También hay localidades que no son administradas por el FMLN y están incluidas en el PEES, pero que estrenarán ediles. Ese es el caso de Cojutepeque: la alcaldesa es del partido ARENA, perdió las elecciones y será relevada por el PCN.
Las autoridades no han dicho si la llegada de nuevos alcaldes incidirá en el programa impulsado por el Gobierno.
Dudas sobre la eficacia
La puesta en marcha del Plan El Salvador Seguro —sumado al recrudecimiento del régimen carcelario por medio de las medidas extraordinarias, aplicadas desde 2016— no ha permitido tener una reducción drástica de muertes violentas.
Entre enero y febrero de este año fueron ultimadas 524 personas. En los primeros 6 días de marzo la Fiscalía registró 34 asesinatos. La mayoría de víctimas no tenía vínculos con pandillas.
Además, las estadísticas de las autoridades arrojan que en el 2015 fueron asesinadas 6,656 personas, con un promedio de 18 casos por día. El año siguiente murieron de forma violenta otras 5,280 homicidios, lo que se traduce en 14 víctimas diariamente.
Estas cifras situaron a El Salvador entre los países más violentos del mundo, según diversos organismos.
En 2017, el número de homicidios disminuyó a 3,954; el promedio diario varió a 11. Aún así, la cantidad de víctimas sigue siendo alarmante.
El PEES ha recibido críticas de diferentes sectores, sobre todo cada vez que las pandillas recrudecen la violencia aumentando el número de asesinatos.
Entre los descontentos, incluso, están algunos alcaldes de los municipios donde se aplica el proyecto, quienes sostienen que el financiamiento del Gobierno para ejecutar el plan es insuficiente.
El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, también ha cuestionado la efectividad del proyecto.
Tras el asesinato de varios agentes de seguridad pública, el religioso manifestó que el PEES no estaba dando los resultados previstos y exhortó a las autoridades a hacer una revisión para garantizar la seguridad a las familias salvadoreñas.