La abogada y especialista peruana Úrsula Indacochea accede a hablar con El Diario de Hoy (EDH) sobre la elección de magistrado en El Salvador y la importancia que tiene este proceso en el país.
Indacochea es oficial de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), organización formada por profesionales de varios países y cuyo fin principal es promover el Estado de derecho en la región.
¿Cuál es la relevancia de la justicia constitucional en el día a día de un ciudadano común?
Es una relevancia muy grande, aunque con frecuencia, los ciudadanos la perciban de manera indirecta. Este ámbito especial de la justicia, es la última línea de defensa de la democracia: la de los derechos y las libertades individuales. Es allí donde los ciudadanos pueden acudir cuando el poder público –El Legislativo a través de las leyes, o el Ejecutivo a través de actos de gobierno- lesiona sus derechos más básicos, aquellos derechos que son previos al Estado, y que, por lo tanto, el Estado no debería poder restringir. De algún modo, la justicia constitucional es un “arbitro de línea”: su función es recordarle al Estado los límites dentro de los cuales puede legislar y gobernar. Quizás un ámbito en esta relevancia es mas visible, es el ámbito de los derechos de las minorías o grupos especialmente vulnerables: niños, personas con discapacidad, personas mayores, pueblos indígenas, población LGBTI. En esos casos, los pronunciamientos de las Cortes Constitucionales han tenido efectos muy visibles en la vida concreta de esas personas.
¿Por qué se habla de la independencia como elemento central?
Porque sin una Judicatura independiente, y especialmente, sin una justicia constitucional independiente, la protección de los derechos se vuelve ilusoria, precaria, contingente, y deja de estar garantizada. Los ciudadanos tienen sus derechos básicos garantizados en la Constitución y en los tratados internacionales, independientemente de quien sea el gobernante; pues muchas veces, debe oponer esos derechos frente al gobernante. Si no existe una justicia independiente, esa garantía no existe, o cuando menos, depende de elementos externos que nada tienen que ver con la justicia.
¿Qué tipo de elección garantizaría esa independencia?
Una elección basada estrictamente en los méritos, realizada a través de un procedimiento con máxima transparencia, y sometida al escrutinio público, en el que los ciudadanos tienen canales de participación claros y que les permiten aportar información relevante y de esa forma, tener incidencia en los resultados de la elección. Por ejemplo, es fundamental que todo proceso de designación establezca un plazo para presentar información, o para plantear una oposición u apoyo a candidatos concretos, sobre la base de información objetiva.
¿Cuál es su apreciación sobre el sistema de elección de magistrados en El Salvador?
El mecanismo de designación que tiene El Salvador es mixto, y combina distintos tipos de mecanismos. Personalmente, creo que tiene un problema que debe ser solucionado en el futuro, y que es el siguiente: al tener dos mecanismos de preselección (vía CNJ y vía FEDAES), se generan dos listas de aspirantes elegidas bajo criterios distintos, de manera que no es posible saber si el mejor calificado por el Consejo, tiene mejores méritos que el más votado en la FEDAES. Esto genera una disfunción, y no permite que los miembros de la Asamblea puedan valorar, y luego elegir, a quienes están mejor calificados. La manera de mitigar este problema, es que ambas instituciones pongan a disposición del público la máxima cantidad de información sobre los aspirantes, de manera que la ciudadanía pueda asumir esa tarea de comparar.
¿Falta construir cultura de justicia constitucional en ese sentido?
No podría afirmarlo respecto de El Salvador, aunque si respecto de la región. Se tiende todavía a considerar que la elección de las altas cortes no es igual de importante que la elección en los otros poderes del Estado, como los Presidentes o los miembros de los Parlamentos, cuando en realidad se trata de las más altas autoridades de un poder del Estado, que encierra por ello un alto interés público y debería interesar mucho a los ciudadanos.
¿Cómo se construye justicia constitucional?
Creo que la forma más efectiva, es con una educación basada en la tolerancia. Hay una conexión directa entre la tolerancia hacia otras formas de pensar y de vivir, y la capacidad de comprender el valor de la institucionalidad: que hay que obedecer las reglas y que hay que cumplir las sentencias, aunque las primeras nos impongan algunas cargas y aunque no estemos del todo de acuerdo con el sentido de las segundas, porque al hacerlo estamos reafirmando un valor superior, el valor de las instituciones.
¿Qué aspectos observará su organización en este proceso?
Desde DPLF, venimos observando el proceso de selección desde mucho antes que se iniciara, y elaboramos un documento sobre la regulación del proceso, que lo analizaba críticamente a la luz de los estándares internacionales. También, más recientemente, emitimos otro documento que analizaba el Manual de Selección del CNJ. Actualmente, junto con diversas organizaciones internacionales, venimos siguiendo el proceso en cada uno de sus pasos, y hemos promovido un Panel Independiente de Expertos que hará un análisis independiente de los perfiles de los finalistas seleccionados por CNJ y FEDAES, y evaluará la transparencia y publicidad del proceso, en general. Este Panel se ha acreditado como observador internacional frente a la FEDAES, y estará visitando el país durante estos próximos días.
¿Qué mensaje enviaría a los abogados del país?
Que, dado que la regulación vigente les ha encargado la importante responsabilidad de seleccionar a una parte de los candidatos a la CSJ, que acudan a votar, y que ejerzan un voto de consciencia, pensando en los candidatos que serán capaces de mostrar más independencia en caso de resultar designados. nados. ÂÁ\?=