Un grupo de organizaciones que promueve la transparencia denunció este martes la eliminación de los filtros en el reglamento de elección de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia por parte de la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (Fedaes), los cuales garantizarían los requisitos legales y la idoneidad para el cargo que tienen los aspirantes.
También señalaron rechazaron el incumplimiento de la jurisprudencia constitucional que ordena a los candidatos no tener vínculos con partidos políticos ni con grupo de poder, ya que eso comprometería su independencia al momento de emitir resoluciones de lelgar a ser magistrados.
Las organizaciones además pidieron que el presidente de la Fedaes, Gregorio Sánchez Trejo, sea excluido de todas las tomas de decisiones que afecten el proceso de elección.
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Aunque los denunciantes no mencionaron nombres de candidatos que tendrían vínculos partidarios, la semana pasada se conoció que la Fedaes avaló las candidaturas de cinco abogados que, en reiteradas ocasiones, han sido señalados de tener vínculos con el FMLN y han ocupado diferentes cargos en los gobiernos de izquierda.
Ellos son Jaime Edwin Martínez Ventura, director de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP), Gilberto Canjura Velásquez, exmagistrado propietario del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y actual gerente de la Unidad Jurídica de la Anda; así como el director ejecutivo del Centro Nacional de Registros (CNR), Rogelio Canales.
También Tito Zelada, expresidente del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) y actual Inspector General de la Policía Nacional Civil, y Ulises Rivas, exmagistrado propietario del TSE. Ambos fueron separados de sus cargos por por la Sala de lo Constitucional por sus vínculos partidarios con el FMLN.
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"Si las personas que se están buscando claramente tienen vínculos partidarios, pues ya sabemos cómo va a ser la aplicación de la legislación y la Constitución. Lo que se está jugando no es menor: estamos frente a la elección del máximo intérprete de la Constitución de la República, así que todos los derechos ciudadanos que tenemos pueden ser vistos como una óptica muy política", dijo Claudia Umaña, de la Fundación Democracia, Transparencia, Justicia (DTJ) .
Las organizaciones denunciantes, entre ellas el Consorcio para la Transparencia, la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), Acción Ciudadana e Iniciativa Social para la Democracia (ISD), señalaron que hay ejemplos de países donde se ha manipulado la justicia para concentrar el poder. En El Salvador, lo que se busca, es que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial sean independientes.