La iniciativa de 13 diputados, de reformar la Constitución para corregir el sistema de elección escalonada de magistrados, se encuentra en su recta final. El acuerdo de reforma consiste en que dos de los magistrados que integren la Sala de lo Constitucional, a partir de julio de este año, tengan un período de seis años, de forma que en 2024 se vuelva a renovar el máximo tribunal de justicia de forma parcial y se eviten renovaciones de casi la totalidad de sus miembros.
El sistema fue distorsionado en 2003, con el traslado de los exmagistrados Victoria Marina de Avilés y Mauricio Clará de otras salas de la CSJ a la Sala de lo Constitucional. Con ello se llegó a la elección de magistrados de 2009, en la que se eligieron cuatro de los cinco magistrados que integran dicha sala.
De ahí que en 2018, nueve años después, los diputados se vean obligados a renovar casi la totalidad de la Sala de lo Constitucional. “El problema que hemos advertido es que ese mecanismo de elección escalonada de la CSJ, que nació en los Acuerdos de Paz, se ha deformado por pactos políticos que se fueron dando en la Asamblea Legislativa”, asegura Javier Castro, director de Estudios Legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades).
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El sistema escalonado fue insertado con las reformas constitucionales de 1991, que fueron la base del Acuerdo de Paz de 1992. En estas reformas se estableció que la CSJ se renovaría cada tres años en terceras partes, de forma que a cada una de sus salas entraran nuevos magistrados que renovaran el debate jurídico.
En octubre del año pasado, Fusades propuso corregir el sistema de cara a la renovación de Sala de lo Constitucional que deberá ocurrir en julio próximo.
De acuerdo al abogado de Fusades, la renovación parcial evita que los partidos se repartan “cuotas partidarias” y obliga a que convivan magistrados nuevos con magistrados con más experiencia, de manera que no hay cambios abruptos en la jurisprudencia constitucional.
Una correlación política favorable pero contra el tiempo
La iniciativa de acordar una reforma constitucional fue introducida a la Asamblea Legislativa por 13 diputados de los partidos PDC, ARENA, PCN y GANA. De ser respaldada por sus compañeros de bancada, el acuerdo lograría los 43 votos que requiere una reforma constitucional en su primera fase -luego tendrá que ser ratificada con 56 votos en la legislatura siguiente.
Sin embargo, el acuerdo debe ser aprobado antes de las elecciones del 4 de marzo para que este sea debidamente discutido en lo que queda de la campaña electoral. Lo anterior corresponde a dos fallos de la Sala de lo Constitucional que prohibieron que los acuerdos de reforma constitucional ocurrieran en el lapso entre la elección legislativa y la toma de posesión de la nueva legislatura, ya que esto impide que el electorado vote de forma informada considerando que hay una posible reforma a la Constitución en la legislatura siguiente.