El presidente Salvador Sánchez Cerén vetó el decreto que los diputados de la oposición habían aprobado hace poco, para que unas 195,000 personas que, según el Tribunal Supremo Electoral, tienen su DUI vencido pudieran votar el 4 de marzo en las elecciones para alcaldes y diputados. Con la decisión del mandatario ninguna persona con el carné de identidad caducado podrá ejercer el sufragio.
La decisión fue aprobada el pasado 10 de enero por todos los partidos de la oposición. El FMLN no votó y advirtió al resto de partidos de que se exponían a un “inminente veto” presidencial.
Dicho y hecho, el Secretario de Comunicaciones, Eugenio Chicas, informó ayer que Sánchez Cerén vetó el decreto el viernes pasado y que la Asamblea ya fue notificada, lo que implica que la decisión del mandatario será conocida en la plenaria de mañana miércoles, sin embargo, el presidente de la Asamblea, Guillermo Gallegos y diputado de GANA, afirmó que no hay votos para superar el veto.
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“Este es un tema que el país ya lo ha vivido en otros periodos electorales, la decisión del Presidente (Sánchez Cerén) el pasado viernes, fue vetar esa resolución legislativa, con el propósito de aportarle a este evento electoral seguridad jurídica, transparencia, que evite que se ponga en cuestionamiento, en duda, el proceso electoral, de esta manera se aporta seguridad jurídica”, afirmó Chicas en un video divulgado por la Presidencia de la República.
Sin embargo, la mayor preocupación que tiene Sánchez Cerén, no es tanto porque se “revive un documento vencido”, como lo argumenta en su veto, sino los posibles “intentos de suplantación de identidad y emitir doble voto”.
Pero ARENA asegura que el FMLN se opone a que la gente con DUI vencido vote, porque el partido en el gobierno, ya hizo sus números de cuántos necesita para ganar, por lo que darle la oportunidad a ese grupo de casi 200,000 ciudadanos para que emitan el sufragio, podría hacer la diferencia entre ganar o perder algún alcalde o diputado.
Mientras que el FMLN argumenta que no se puede permitir esa disposición aunque sea sólo para votar, y no para efectos de trámites legales ni bancarios, ya que se estaría abriendo la puerta a otro segmento de población que ronda los 500,000 que, según el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), no renuevan el DUI desde hace más de una década.
Aún con esas justificaciones, lo real es que mientras el partido oficialista no apruebe la medida, la cual, sin los votos del FMLN, podría ser avalada en la Asamblea, mediante la creación de un decreto legislativo nuevo con la misma finalidad, el freno de mano lo tienen en el Ejecutivo.
Para lograr que la Asamblea supere el veto presidencial tendrían que haber 56 diputados dispuestos a votar a favor de que se pueda usar el DUI vencido para emitir el voto, pero con la oposición del FMLN, que tiene 31 diputados, eso es imposible.
Los diputados de ARENA, GANA, PCN y PDC aprobaron ampliar el plazo del DUI únicamente con el objetivo de que quienes no hayan podido renovar su documento, ya sea por falta de dinero para pagar los $10.31 que cuesta la renovación o por cualquier otro motivo, no se quedaran sin su derecho constitucional de elegir a sus diputados y alcaldes para el periodo 2018-2021.
Consultados ayer al respecto, los diputados de la oposición se resignan a tener que aceptar que miles de personas se quedarán sin emitir el voto.
Sin embargo, hay una salida que estaría en manos de la ciudadanía, y es que un salvadoreño acuda a la Sala de lo Constitucional a poner un recurso en contra del veto de Sánchez Cerén, argumentando que violenta su derecho consagrado en la Constitución de poder emitir su sufragio el día de las elecciones.
Lo anterior fue la base legal que ocuparon los partidos de oposición para determinar que constitucionalmente no hay restricción para que a un ciudadano se le prohiba votar sólo porque un “plástico” está caducado, explicó en su momento, el diputado René Portillo Cuadra, de ARENA, quien también es abogado constitucionalista.
Pero de acuerdo al Código Electoral no se puede votar sino se cuenta con un carné de identidad vigente. A este apartado se remiten los argumentos de Sánchez Cerén y a que la Sala también había resuelto sobre lo anterior.