Experta propone que la ciudadanía fiscalice la elección magistrados CSJ

Doctora Úrsula Indacochea, Fundación para el Debido Proceso

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Por David Marroquín

19 January 2018

La doctora Úrsula Indacochea es miembro de la Fundación del Debido Proceso con sede en Washington, Estados Unidos. Ella trabajó en la elaboración del estudio del manual de selección de magistrados y jueces de El Salvador.

Entre las propuestas que formula la referida fundación destaca la máxima transparencia posible con la participación indirecta de la ciudadanía en la escogitación de los magistrados a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La doctora Indacochea habló con El Diario de Hoy considera que las elecciones de magistrados y jueces por voto popular, como se hacen en Bolivia y plantea el oficialismo en El Salvador, no funciona.

¿Cuáles son los tres puntos principales de la propuestas y sus recomendaciones?

Decidimos hacer un análisis del manual porque creímos que un poco de lo que habíamos recomendado en el manual había sido recogido por el CNJ y mucho de los estándares internacionales estaban ahí clasificados. Entonces el documento que comenta el manual, reconoce esos avances y es muy importante para nosotros reconocer el esfuerzo que ha hecho el CNJ por adecuar esos estándares internacionales. Pero también queríamos señalar las cosas que todavía seguían pendientes y darles unas recomendaciones prácticas al CNJ que pudiera subsanar, sin necesidad de cambiar su Ley Orgánica ni hacer una modificación normativa.

¿Cuáles son esos aspectos?

El primer aspecto y que creo que es el más importante es el de la transparencia. El manual señala que el proceso es público y señala la publicidad en ciertos momentos del proceso como las entrevistas, como la sección de deliberación, pero creemos que debe ser aún más concluyente señalando de que la información que presenten los candidatos puede ser pública. Todas esas constancias y documentos que forman el expediente del aspirante deben ser hechas públicas. Es algo muy sencillo que se podría agotar con una medida administrativa y que beneficiaría muchísimo la transparencia del procedimiento.

¿Si alguno de los candidatos alega que pone en riesgo su vida en vista de la inseguridad que hay al exponer estos detalles?

Evidentemente esa publicidad tiene que resguardar los datos personales. No se va a poner la dirección donde vive el candidato ni su teléfono ni el número de integrantes de su familia. Esas cosas no se publican, pero todo lo que tiene que ver con su acreditación y sus aptitudes sí debería de ser público.

¿Ustedes planteaban que si el candidato tiene cuestionamientos, se pueden hacer llegar al CNJ o adonde corresponda para que sea tomada en cuenta?

Es otro tema que a nuestra opinión es algo que le falta afinar al manual porque en por la experiencia comparada con otros países y a nivel internacional, el escrutinio social es esencial, y ese escrutinio no solo se limita a que la gente pueda ver, sino que tratar de influir en la decisión que toma el órgano, aportando información que el órgano no está en la capacidad de conseguir porque sería muy costoso. Es muy difícil que consiga, por ejemplo, si un candidato tiene problemas con sus vecinos porque nunca paga sus cuotas del mantenimiento del lugar donde vive. ¿Cómo puede el CNJ saber eso? Son las personas que conocen a ese candidato las que ponen de manifiesto esto. También una persona que ha tenido cuestionamientos de plagio por la elaboración de una tesis, ¿cómo podría el CNJ o una asociación de abogados conocer sino es la academia la que se lo comunica? Hay algún tipo de información que solo la ciudadanía tiene y que es importante para poder evaluar si una persona con las calificaciones adecuadas y por eso es que el procedimiento tiene que tener un espacio para eso.

¿Qué requisitos se plantean?

Una cosa que nos parece positiva es que el manual está desarrollando un poco más cuáles son los requisitos del perfil. Normalmente en los países se confunde lo que es el perfil con los requisitos mínimos y se piensa que una persona cumple el perfil cuando tiene la edad mínima, la profesión, la antigüedad, cuando el perfil es otra cosa, es un conjunto de cualidades y el manual lo describe muy bien.

El problema es que en este país, los partidos creen que deben tener cuotas en todos los poderes. ¿Cómo se puede corregir eso?

Eso ocurre en todos los países, no solo en El Salvador cuando un órgano político decide este tipo de nombramiento siempre hay cuotas porque así es como actúan los políticos. No es que se pueda evitar del todo, pero se puede hacer mucho más difícil... Hay mecanismos que no eliminan esto de las cuotas pero si lo hacen mucho más costoso y difícil para los partidos.

¿Hace como tres años ustedes hicieron una recomendación de prescindir la elección de abogados?

Nosotros cuestionamos el voto como un mecanismo para identificar el mérito y para premiarlo. El problema no es la participación de los abogados, sino que esa participación se manifieste por el voto.

¿Qué piensa de las elecciones de magistrados por “voto popular”?

He visto que ha habido ahí en El Salvador una propuesta de tratar de introducir por el voto popular general como en Bolivia. Nosotros nos hemos dado cuenta de que es un mecanismo que no sirve para elegir magistrados, podrá servir para elegir a políticos, pero no para elegir autoridades de justicia. Resulta que no sería un buen sistema. Un buen sistema de concurso de méritos en el cual una autoridad independiente como un consejo de judicatura pueda hacer una evaluación técnica... tiene que tener un filtro previo de aspecto técnico y en el caso de El Salvador lo tiene pero el problema es que esta dividido en dos vías, y eso es lo que hace que sea mal el mecanismo.