La Fundación para el Debido Proceso (DPLF), un centro de análisis con sede en Washington, instó a que en el país se mejoren los filtros para la elección de los candidatos a magistrados de la próxima Sala de lo Constitucional, aplicando con más rigor el manual de selección que aprobó el año pasado el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) para lograr que los mejores aspirantes conformen la lista de 30 abogados que conocerá la Asamblea Legislativa.
Esto implica, según el informe de la organización, que no solo es importante que el abogado cumpla con los requisitos del cargo sino que también del perfil, el cual conlleva una total independencia de los partidos políticos y de posibles escenarios de conflictos de interés.
“Se deben de tomar en cuenta aspectos que van más allá de los requisitos, por ejemplo la vocación judicial, el compromiso con la institucionalidad, la protección a los derechos humanos, los valores democráticos, la ética judicial y la transparencia”, asegura el documento de la DPFL.
Este tanque de pensamiento también deja claro que el manual que aprobó el CNJ también se debe de aplicar a los 15 candidatos que se elijan, vía votación, en la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (Fedaes), sobre todo para otorgar “unidad y transparencia” a todo el proceso de escogitación.
“Es recomendable que los criterios desarrollados por el manual sean cumplidos por los candidatos que se postulen a la elección por parte de las asociaciones de abogados y que no solo se limite a ver los requisitos formales sino que también los elementos del perfil como la independencia e imparcialidad de los postulantes”, agrega el análisis.
Javier Castro, director del departamento de estudios legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) comparte este análisis y le agrega un elemento : todo el proceso de selección debe de ser acorte a méritos e idoneidad, no solo a requisitos.
Esto, según Castro, permitirá aumentar el estándar del proceso porque no solo se trata de demostrar, con una constancia del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la no vinculación a un partido político sino que también los nexos no materiales y las relaciones con las estructuras partidarias.
“Esta claro que no puede haber vinculación, para Fusades no es lo mismo los requisitos que el perfil, este es un concepto mucho más amplio donde se puede profundizar en la relación o en los conflictos de interés que puede tener un aspirante”, explicó el también abogado.
Castro consideró que aun hay tiempo para que se modifique el manual y se incluya la revisión de los perfiles en el CNJ de los candidatos que envíe la Fedaes para enviar a la Asamblea Legislativa “la mejor de las listas”.
“Tenemos que mejorar los procesos en todas las etapas, sobre todo porque en la Asamblea Legislativa los diputados hacen entrevistas muy pobres y solo verifican aspectos formales y no cuestiones de fondo”, recordó Castro.
Para el DPLF el análisis de las relaciones político partidarias deben de ser objeto de un análisis razonado con criterios como la temporalidad, grado de vinculación, intensidad y frecuencia. Además hay que indagar las relaciones de parentesco con funcionarios públicos y se debe de obligar a que presenten sus estados patrimoniales.
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Crucial la participación de la ciudadanía
Por otra parte la DPLF califica como “el desafío más importante” la transparencia al procedimiento a través de los diferentes mecanismos de participación. Uno de estos sería que el CNJ ponga a disposición, en su sitio Web, todos los documentos y antecedentes presentados por los aspirantes durante su postulación.
Para Humberto Sáenz Marinero, presidente del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), en el gremio de abogados se han impulsado diferentes mecanismos de transparencia, sobre todo el manejo público de toda la documentación de los aspirantes.
“La transparencia debe de estar en todas las instancias del proceso, nosotros como gremio lo que estamos impulsando es que toda la información de los postulantes sea de dominio público para evitar discrecionalidad”, dijo Sáenz.
Para el abogado miembro del CEJ (una de las gremiales de la Fedaes), en la Asamblea Legislativa debe de habilitarse un plazo para que los abogados y la sociedad civil puedan enviar opiniones o documentación que pueda demostrar que el perfil de algún candidato no es el indicado o que hay vinculación partidaria.
La Asamblea Legislativa debe renovar, a más tardar el 15 de julio de 2018, a cinco magistrados, cuatro de ellos integrantes de la Sala de lo Constitucional y uno de la Sala de lo Civil.