Los datos oficiales del gobierno salvadoreño y las proyecciones en alza en materia económica y social fueron tomadas al pie de la letra por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS en inglés) para justificar la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para cerca de 200 mil salvadoreños amparados con ese beneficio migratorio desde el 2001.
La secretaria de DHS, Kirstjen Nielsen, que brega con el sistema migratorio y de seguridad interna de la potencia del norte, considera que dados los indicadores presentados por el ejecutivo de Salvador Sánchez Cerén, El Salvador ha llegado a niveles óptimos que no impiden que sus ciudadanos se puedan reincorporar a la vida productiva del país.
A ello se suma, según el documento oficial, la buena disposición del gobierno salvadoreño para recibir a los miles de connacionales deportados cada año desde Estados Unidos con un trabajo coordinado entre las dos naciones.
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“Las condiciones sociales y económicas afectadas por los terremotos se han estabilizado y las personas pueden llevar a cabo sus actividades diarias sin impedimentos (…). Además, El Salvador ha estado aceptando regularmente el regreso de sus nacionales con órdenes de deportación definitiva. En el año fiscal 2016, DHS deportó a 20,538 ciudadanos salvadoreños y, en el año fiscal 2017, DHS removió a 18,838 salvadoreños”, justifica la secretaria Nielsen en el memorando.
La titular del Departamento de Seguridad Nacional agrega que su despacho ha hecho valoraciones tomando en cuenta los insumos que le sirven a otras agencias del gobierno estadounidense, como el Departamento de Estado, a través de su legación diplomática en San Salvador e instancias como la Agencia Internacional de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID, por sus siglas en inglés).
A esto se suman las cifras económicas celebradas por el gobierno salvadoreño que revelan que el país tiene un crecimiento sostenido con tasas de producción que irán en crecimiento del corto a mediano plazo.
Ni una palabra sobre la violencia e inseguridad ciudadana en el país
Apenas una semana después de que Estados Unidos advirtiera a sus ciudadanos reconsiderar hacer viajes a El Salvador ante el clima de inseguridad ciudadana, violencia y extorsiones, el documento publicado ayer en el Registro Federal para llamar a la reinscripción del TPS a los cerca de 200 mil salvadoreños omite cualquier referencia a la violencia en el país.
En reinscripciones anteriores, especialmente las de los últimos seis años, el titular de turno en el DHS, consideraba como uno de los grandes desafíos para El Salvador revertir los problemas de violencia, inseguridad ciudadana, extorsiones y corrupción, con lo que el retorno de sus nacionales al país, luego de vivir en EE.UU. de manera legal desde 2001, no era una garantía para resguardarles su integridad.
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El director ejecutivo del Centro de Recursos para Centroamericanos (Carecen) en Washington, Abel Núñez, matiza sobre este punto que resulta curioso que el año pasado las embajadas de Estados Unidos en la región enviaron cartas a Washington para decir que los países del Triángulo Norte de Centroamérica, entre estos El Salvador, presentaban notorias mejorías.
“Resulta curioso que el Departamento de Estado emite cartas donde dice que países como El Salvador han experimentado una mejoría sustancial en todos los indicadores, pero al mismo tiempo ese mismo departamento emite advertencias a sus ciudadanos de viajar a esos países por la violencia, que es una condición para considerar un TPS”, comenta Núñez.
Desde el anuncio oficializado ayer con la publicación en el Registro Federal, los salvadoreños amparados al estatus legal tienen 60 días para realizar la reinscripción que les garantice la estancia en Estados Unidos hasta la media noche del 9 de marzo de 2019, fecha en la que caducará el TPS otorgado a El Salvador hace 16 años por el expresidente George W. Bush, tras los terremotos del 2001.