Las extorsiones tienen al borde del colapso a miles de empresas que se dedican a la distribución de mercadería en las comunidades y colonias del país. Investigaciones del Consejo Nacional de la Pequeña Empresa de El Salvador, (Conapes) revelan que el 92 por ciento del sector es extorsionado.
Tres años atrás, en 2014, ese porcentaje era del 80 por ciento, lo que significa que la afectación a los empresarios se ha incrementado en un 12 por ciento.
Los estudios más recientes de la gremial empresarial (entre julio y diciembre de 2017) puntualizaron que el chantaje al que diariamente se ven sometidos los diferentes negocios y distribuidores, implica un pago de entre cinco y mil dólares, excepto el transporte colectivo, que la extorsión asciende a mil dólares por empresario.
La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador confirma los resultados del estudio del Conapes.
Sostiene la gremial que los empresarios, especialmente los distribuidores, en su afán de llevar a la puerta de los negocios los diversos productos y que estos no falten, deben pagar al menos cuatro cuotas a los delincuentes.
Estos son hechos durante los diferentes recorridos por colonias y municipios hasta llegar al destino final.
Te puede interesar: Director PNC: Combatir extorsiones y homicidios, principal apuesta de la Policía
El problema es que la totalidad de mercadería que se distribuye a supermercados, tiendas, almacenes y otros centros comerciales situados en los 262 municipios del país, parte de los principales centros de almacenajes e importación, en San Salvador.
Y en ese trayecto que va desde el centro de acopio a las distintas rutas de distribución, los empleados deben alistar los pagos que deben hacer a los grupos de pandillas que se encuentran en el camino y tiendas de colonias. A esto hay que agregarle el rubro conocido como “rebalse” que paga el dueño de la tienda por el flujo de clientes que le compran.
Cuando el distribuidor no porta dinero y los extorsionista lo interceptan deben pagar con mercadería, que luego es comercializada a un precio inferior (cachada) o forma parte de la alimentación de la mara.
“Eso (multiplicidad de pagos) se está volviendo insostenible para el sector, porque eso, más otros gastos que vienen incluidos en la operación, encarecen los costos de operación y que no pueden ser incluidos en el precio al consumidor final”, afirmó el vocero de la Cámara de Comercio, quien por razones de seguridad pidió no ser identificado.
Cuando las extorsiones comenzaron a afectar en el país, varios comerciantes optaron por sumarle esos costos al precio de los productos, el cual dio como resultado que el mismo mercado los sacó de esa competencia.
El portavoz dice que las sumas por extorsión puede constituir el salario de otro empleado a tiempo completo, “lo que deja imposibilitado al comerciante o empresario para invertir en mejoras de la organización, porque la utilidad cada vez es menor”.
Hay otros casos y a pesar de que la empresa está al día con sus pagos con la pandilla, al cabecilla o palabrero se le puede ocurrir que cierto empleado, por considerarlo rival o porque no le cae bien, pide que no ingrese a la colonia, de lo contrario amenaza con asesinarlo.
En estas circunstancias, el empleador no tiene alternativa que quitar al trabajador para no poner en riesgo al resto del personal a un ataque generalizado. “Hay varios casos en que no se puede brindar el servicio en algunas colonias, a menos que la mara lo permita”, aclara el ejecutivo.
Las empresas dicen estar conscientes de que los despidos es una medida cruel que deben tomar porque es quitarle el sustento a tres o cinco personas de su grupo familiar.
Se aprovechan
A juicio del representante de la Cámara de Comercio, las pandillas se aprovechan de todas las necesidades o circunstancias; en el caso de las empresas de salud, farmacias o que distribuyen equipo médico a domicilio, estos grupos duplican el pago de la extorsión, dependiendo del nivel de emergencia o urgencia con la que se tiene para hacer llegar la medicina a su destino.
Sigue leyendo: Transportistas denuncian alza de extorsiones
Pero ese costo no se puede trasladar al consumidor final, aclara. “Hay empresas que envían medicamentos a una paciente en una determinada colonia pero para llevárselo hay que negociar con la pandilla y dependiendo de la emergencia así es el cobro”, explicó el representante de la Cámara.
Anteriormente, la utilidad o ganancias de los comerciantes rondaba el 25 por ciento, pero con esta serie de pagos extras aseguran que están disminuyendo a un diez por ciento, en algunos casos, los números están en rojo, es decir hay pérdidas, aclara el ejecutivo de la Cámara.
El sector transporte público tampoco escapa de este flagelo. Un informe anual de la Federación de Asociaciones Cooperativas de Aprovisionamiento de Empresarios del Transportistas Salvadoreños (Fecoatranas) reveló que en 2017 pagaron $19 millones en concepto de extorsión.
El parque de transporte público de pasajeros es de más de diez mil unidades que transportan al 82 por ciento de los salvadoreños, principal el segmento de la carga productiva del país.
Los extorsionistas no perdonan tiempo, lugar, edad, religión, raza ni estatus social, está presente de forma invisible e insospechada, afirmó Ernesto Vilanova, director presidente de Conapes.
El dirigente gremial sostiene que sólo el 34 % de las pequeñas y medianas empresas de El Salvador (Pymes) tienen cobertura de seguridad pública, la cual es brindada por la Policía y la Fuerza Armada.
Aparte de esa leve atmósfera de seguridad para unos, no hay nada que los proteja, dicen los empresarios, pues el 90 por ciento del sector carece de vigilancia privada que garantice sus mercancías y de eso se vale la delincuencia.
No invertir en este servicio parte de que el 53 % del parque empresarial salvadoreño es de subsistencia, con ingresos inferiores a los $20 diarios.
Según la Cámara de Comercio, desde el 2007 empezaron a golpear las extorsiones en el país, pero el flagelo se agudizó y en el 2018. “Han evolucionado al grado que tienen todo controlado y han visto la forma en ir subiendo en lo que comercialmente se debe pagar factura”, dice su vocero.
En los últimos tres años, las maras han alcanzado mayor margen de maniobra e inteligencia de la que cualquiera puede imaginar, afirma el representante de la Cámara.
En marzo de 2017, las autoridades de Justicia y Seguridad Pública bautizaron ese año contra las extorsiones.
El titular de esa cartera, Mauricio Ramírez Landaverde, detalló que el plan que arrancó en junio de 206, busca incrementar la operatividad policial y profundizar en reformas legales para facilitar las investigaciones que realiza la Policía y Fiscalía como garantizar el anonimato y la identidad de las víctimas.
“Nos comprometemos a librar el país de las bandas que se dedican a la extorsión”, afirmó Ramírez Landaverde.
En diciembre pasado las autoridades afirmaron que habían reducido en un 37.2 por ciento este delito y en un 36 % las denuncias, respecto de 2016, cuando registraron 2,066 casos de extorsión.
Pero según expertos, estos casos representan un bajo reflejo del fenómeno en el país, pues son los que
se atrevieron a denunciar. Parte de los factores que limitan la denuncia son las amenazas que ejercen pandilleros en los pequeños empresarios y el control en la cadena de distribución.