En 2017 El Salvador vivió un incremento de deportados con antecedentes penales graves en Estados Unidos o perfilados como mareros, que de acuerdo con expertos en seguridad y el mismo director policial podrían modificar las actuales maneras de delinquir y hasta refundar nuevas estructuras criminales en este territorio.
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Lo anterior pone en alerta a las autoridades, debido a que la gran mayoría de pandilleros deportados queda en libertad a su retorno, a pesar de tener perfil pandilleril y haber cometido delitos en Estados Unidos, pero como no existe orden de captura girada por un juez entran al país como un deportado más.
Según datos del exdirector de la PNC y diputado Rodrigo Avila, las pandillas pasaron de 14 mil a más de 70 mil en El Salvador desde que el FMLN gobierna.
Según Avila lo ha sostenido, lo más grave es la pérdida de territorios a manos de mareros y la expulsión o asesinatos de gente trabajadora de diversas comunidades,
El retorno de pandilleros preocupa tanto a las autoridades como a los salvadoreños pues el clima de violencia que se vive en el país podría incrementar, pues el accionar de estas estructuras se modificaría a como lo realizaban en el país de donde fueron retornados.
“-Los mareros deportados- son una preocupación para todos los salvadoreños y especialmente para las autoridades de Seguridad Pública, porque esto pudiera venir a incrementar el clima de violencia que vivimos en el país”, expresó Héctor Rodríguez, director de DGME.
De acuerdo con Sosa, ante el retorno de miembros de estructuras criminales se podría estar antes nuevas tipologías de delitos o variaciones de ilícitos que no están presentes en el territorio. “Estas personas activarían delitos que de alguna manera están dormidos como: secuestros, asaltos a agencias bancarias, asesinatos contra políticos, funcionarios, entre otros”, dice.
Otro de los escenarios que Sosa vislumbra es cómo los pandilleros retornados se van a desempeñar en el territorio, pues de acuerdo con él, lo más probable es que estos se integrarán a la pandilla a la que pertenecían antes de irse del país, lo cual reforzaría el accionar delictivo.
A juicio de Sosa “los miembros de las diferentes estructuras criminales al llegar al país no van a buscar trabajo, no van a encontrarlo”, entonces la necesidad los obligaría a buscar a sus antiguos grupos.
“Los que tienen pertenencia a estructuras de pandillas buscarán integrarse a dicha estructura criminal, buscarán ser cabecillas por medio de nuevas modalidades y tipologías de delito, si no son aceptados crearán su propia estructura y esto puede generar nueva criminodinámicas (forma de operar cualquier delito) en el país”, dice Sosa.
Esta afirmación secunda a la que el Fiscal General de la República, Douglas Meléndez, manifestara el pasado mayo cuando advirtió que los pandilleros deportados desde Estados Unidos expanden el accionar de las “maras” en el país con la fundación de nuevas células.
En esa oportunidad Meléndez dijo que una investigación reveló que pandilleros repatriados de EE.UU. están ampliando o refundando clicas en El Salvador, a las cuales están bautizado con el nombre de los lugares o ciudades norteamericanas donde estaban viviendo.
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De acuerdo con el jefe del Ministerio Publico estas estructuras han estado operando en diferentes zonas de El Salvador.
Las pandillas MS 13, Barrio 18 y otras minoritarias poseen más de 600 células y solo en el 24.4 % de los 262 municipios mantienen una “poca presencia”, de acuerdo a datos de la PNC.
PNC necesita más recursos
Para Sosa el Estado debe tomar como prioridad esta situación de incremento de mareros retornados y dotar de mayores recursos a la Policía y a la Fiscalía para un combate frontal del problema.
A su criterio estos recursos servirían para la creación de unidades especializadas para llevar un seguimiento, control y supervisión de todas aquellas personas que no han cometido delitos en el país pero por su conducta criminal presuman atentar contra el patrimonio de ciudadanos.
Es un tema que demanda nuevas responsabilidades y funciones a la PNC, ya que no solo se recibirán miembros de pandillas “sino personas que han estado involucradas en estructuras de delincuencia organizada”, dice el experto.
Lo que el incremento de pandilleros organizados exige también, es mejorar la inteligencia policial, con seguimientos y tecnología, algo que por ahora sigue como aspiración de la Policía y no como referente.