Un total de 56 jueces de los Tribunales Antimafia de Instrucción y Sentencia del país son investigados por diferentes faltas: 26 en San Salvador, 28 en Santa Ana y dos San Miguel.
El departamento de Investigación de la Corte ha abierto 56 expedientes contra los jueces denunciados.
Pero tres exjueces de San Miguel traspasaron los límites de la Ley y ahora están del otro lado, presos y purgando penas de 4, 14 y 19 años.
Los tres fueron condenados por soborno o cohecho y agrupaciones ilícitas en febrero por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
Enrique Beltrán, exjuez especializado de sentencia de San Miguel purga una pena de 19 años y medio. Jorge González, exjuez especializado de Instrucción del mismo departamento, recibió 4 años de prisión y el exjuez suplente de Instrucción, Rodolfo Castillo, sentenciado a 14 años.
Los jueces recibieron fuertes sumas de dinero (10 mil dólares en algunos casos) a cambio de reducir condenas o mejorar el estatus legal de pandilleros y beneficiar a narcotraficantes.
Un informe de la Oficina de Transparencia de la Corte Suprema de Justicia reveló a petición de El Diario de Hoy que los tribunales especializados de sentencia e instrucción cuentan con 11 jueces.
También el informe indica que en San Salvador un juez de sentencia fue despedido, otro de instrucción está sancionado, mientras en San Miguel los tres que fueron condenados también fueron expulsados de la Corte.
La planta de San Salvador es de seis; dos de sentencia, dos propietarios de instrucción y dos suplentes de sentencia. en San Miguel, un suplente; en Santa Ana, hay cuatro.
Los cinco juzgados Antimafia de sentencia de El Salvador deben resolver todos los casos de bandas del crimen organizado del país. Los tres tribunales capitalinos A, B y C ven los casos que provienen de siete departamentos, los restantes son cubiertos por los de Santa Ana y San Miguel.
Hay un juez por tribunal a diferencia de los comunes que son tres.
A parte de estos casos, los jueces Antimafia aseguran que tienen la solvencia que en más de un 90 por ciento sus sentencias son declaradas firmes o que ninguna apelación ante las cámaras de lo penal o recurso planteado por un fallo hizo variar la decisión inicial del juez, porque a su juicio está fundamentada.