¿Qué alcances y aspiraciones tiene la Sala de lo Constitucional para que se respete la voluntad del pueblo en las elecciones de 2018 y que no haya dudas, y sobre todo para no llegar a situaciones como la de Honduras?
En un evento electoral no solo hay cuestiones de logística y de competitividad entre partidos, sino que también están involucrados derechos constitucionales de los ciudadanos y esto último amerita intervención de la Sala. El TSE administra los proceso pero, cuando por ejemplo, se señaló que había urnas donde el máximo de votos tenía que ser 450 y aparecían en el acta casi 2,000 votos en las legislativas de 2015, y ordenamos hacer recuentos. No nos metemos en el tema de declarar ganador a X o Y candidato, pero sí que en el procedimiento se respete la legalidad del voto y que el sufragio sea como dice la Constitución. Ya lo hicimos en 2015 y estamos en toda la disposición de velar que no se anulen como se anularon casi 2,000 votos cruzados, que no se le impida a los ciudadanos ejercer el sufragio y que no haya alteraciones de resultados. El TSE es el administrador del proceso y nosotros estamos, digamos, de forma subsidiaria garantizando el cumplimiento de los derechos constitucionales en ese proceso.
¿O sea que la Sala no se puede retrotraer ante abusos y arbitrariedades que se den en esa situación como se ha visto en otros países, donde poderes judiciales son indolentes ante situaciones que llevan al caos?
Por el contrario, buena parte de las reformas legales que la Asamblea ha hecho en materia de sufragio y procesos electorales ha sido en seguimiento de fallos de la Sala, a juicio nuestro para mejorar la calidad de nuestra democracia representativa. Lo peor que podría pasar es que, ante una situación de incertidumbre y desorden, que va a poner en serio riesgo el funcionamiento de la nueva legislatura y los 262 alcaldías, la Sala se mantenga al margen, es decir, que puede garantizarse desde la Sala que, siendo respetuosos del procedimiento a cargo del TSE, en aquello que pueda afectar garantías constitucionales nosotros vamos a intervenir, para que no se dé una situación de ruptura del orden constitucional. No creo que lleguemos a esa situación, ahora ve usted una ciudadanía más vigilante de los procedimientos, una sociedad civil más involucrada en la elección de gobiernos locales y diputados, pero también de Fiscal, de Corte Suprema, Corte de Cuentas, etcétera, lo cual es una buena señal y por supuesto que le da una presión a los partidos y al TSE que estamos todos bajo vigilancia ciudadana.
¿La ciudadanía qué tiene que hacer? ¿Confiar en la sala, recurrir a esa instancia ante dudas y señalamientos con la seguridad que sí se va a defender la institucionalidad?
En aquello que implique violación a los derechos constitucionales, por supuesto la Sala puede intervenir como la hecho en estos años, como se ha venido haciendo desde los años 90. Ciudadanos que eran expulsados a su juicio arbitrariamente de un partido, demandaban a ese partido ante la sala y fueron amparados. Partidos cancelados, recuerdo que en la presidenciales del 94, apelaron ante la Sala y la Sala resolvió sobre la cancelación. Etcétera... Por supuesto, como hemos visto en los últimos ejercicios, la Sala está para cumplir su rol de defensa de la constitucionalidad y cualquier ciudadano está habilitado para instar a la Sala.
Hay que hacer un esfuerzo por involucrarnos, esto se ha venido ciudadanizando y por primera vez, por una resolución de la Sala, que la Asamblea acató, los miembros de las JRV ya no serán militantes de partidos sino ciudadanos propuestos por partidos, pero que en las mesas están a las órdenes no de los partidos, sino del TSE y además parece que en algunos casos de partidos no alcanzaron a presentar los números requeridos se ha abierto la puerta al voluntariado, esto hace que el proceso electoral sea más ciudadano, más de todos. Nos interesa que esta asamblea pueda hacer elecciones de segundo grado de mejor calidad, que pueda reformar las leyes, etcétera. Es un tema que nos atañe a todos.
¿Qué llamado le hace la Sala a la ciudadanía para que participe, sobre todo a los llamados a las JRV y a al TSE, a efecto de garantizar que toda esta gente concurra porque hay una medida de voluntariado, hasta cierto punto?
Los ciudadanos tenemos interés, aunque no sea inmediato, en que la democracia funcione bien, cuando los mecanismos democráticos están mal se genera corrupción, despilfarro, mal funcionamiento de la economía, de la seguridad, y entonces empezamos a sufrir efectos ya concretos, tangibles, así que hay que evitar ese deterioro desde un primer momento. Es un deber ciudadano como cuando le llaman a usted a ser jurado. Parece que el TSE ha hecho ajustes como para dar un reconocimiento de 25 dólares para quien ese día dedique su día familiar para hacer una contribución ciudadana, y dado que la Asamblea, de forma muy injusta le redujo el presupuesto al Tribunal en lo que tiene que ver con transporte y alimentación de los miembros de las JRV, ojalá que fundaciones y asociaciones se involucren contribuyendo al TSE con el tema del transporte y la alimentación.
No creo que lleguemos la situación de llegar a las cinco de la mañana del día siguiente contando votos, porque se han tomado las cautelas para eso. Lo que he escuchado del TSE que solo se contarán los votos enteros en las mesas y se identificará los cruzados para que bajo la dirección del TSE personal del TSE haga el conteo de votos cruzados, con solo los votos enteros se pueden ir marcando tendencias. En ese momento no se prevé una situación complicadísima como la que tuvo Honduras, y en la medida que todos vayamos dando nuestro aporte se va a evitar una situación caótica.
En el tema del relevo de la Sala, ustedes dejan los cargos el 15 de julio, ¿de ninguna manera la Sala se va a prolongar?
No hay una previsión legal en este momento ni jurisprudencial, solo está a este día y a esta hora la confianza en que la legislatura entrante elija en tiempo. Hay que advertir ya a los partidos, a los candidatos y a los diputados que eventualmente resulten electos del grave perjuicio que ocasionarían al país si dejan en acefalía la Sala de lo Constitucional; podrían ellos mismos dar una solución vía legislativa, no hay nada en este momento, más que confiar que la legislatura va a cumplir con su deber y a elegir en tiempo. Hay que señalar y no quitar el dedo en el renglón de la importancia que estén electos en tiempo los sustitutos de nosotros.
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Se están jugando los derechos constitucionales de los salvadoreños y la estabilidad de la República, ¿cómo lograr que esta gente que gozaría con una acefalía de este tipo no se salga con la suya?
Lo ideal sería que, a esta fecha, tuviéramos ya las respectivas previsiones legislativas en las leyes procesales para regular la situación de acefalía y qué sucede en el caso que a la fecha que corresponde tener los sustitutos no estén electos. No hay ninguna solución o pronunciamiento de tipo jurisprudencial dado por la misma Sala, no hay en este momento. Lo ideal es que tuviéramos todo eso ya previsto con la debida antelación y nadie quiere llegar a esa situación, y al llegar a esa situación habrá que analizar lo que corresponde, porque como digo, el riesgo es grande, de quedarse sin un tribunal constitucional haciendo su rol, como sería grave quedarse sin fiscal, sin CNJ o sin Procuraduría de Derechos Humanos… todos debemos tomar conciencia de la importancia de que las instituciones funcionen bien.
Pero una señal positiva de los políticos sería extender las funciones de los actuales magistrados hasta que haya una elección, ¿o se pensaría que están regulando ese tema porque tiene previsto, en efecto, una acefalía?
Pueden hacer una reforma legal. Yo entiendo cuando hay diputados que nos han venido diciendo que si para obtener 43 votos a veces es complicado, para obtener 56 es más complicado. No me diga usted que forzosamente, en tres días, tenemos que ponernos de acuerdo 56 diputados o en dos semanas, no es tan simple. La misma Asamblea pudiera hacer una reforma legal que determinara, no solo en el caso de la Sala, qué sucede ante el supuesto de que llegada la fecha tope no se han puesto de acuerdo, porque no es una cosa del otro mundo pensar que es aveces difícil ponerse de acuerdo. Sería una buena señal si lo manifestaran como un plan B, aunque el plan A y la situación ideal es un compromiso, vamos hacer un esfuerzo yo no diría el uno de mayo, el cinco o seis de mayo, que saben ya quiénes son los diputados que resultaron electos pues entre las varias cosas que se sienten a discutir el tema de la renovación de la Sala y con la debida antelación la renovación o sustitución del fiscal, eso tiene que hacerlo en diciembre para que el cuatro o cinco de enero entre el nuevo Fiscal o renuevan el mismo.
No puede jugarse a que vamos a ver llegar al borde del precipicio y luego veremos qué hacemos, tiene que estar previsto con la debida anticipación. Sería una buen señal que determinaran qué sucede en el supuesto ese. Algunas cosas se han ido resolviendo por la vía jurisprudencial, nadie quiere llegar a esa situación y ojalá que no se llegue, pero deberían establecerse las previsiones respectivas.
Usted ha hablado de que hay aún seis casos en el tema de Probidad y sentimos que ha perdido impulso…
Yo mencionaba seis casos de funcionarios de alto nivel, vicepresidentes de la República, presidentes de la Asamblea, alcaldes de ciudades importantes que están ya concluyéndose desde finales de octubre porque a algunos se les dieron 30 días, a otros 60 días y a otros 90 para que ejercieran su derecho de defensa y se han ido concluyendo, y ya solo está que la comisión de ética y probidad de la Corte que está integrada por cuatro magistrados le dé el visto bueno al trabajo de la sección de Probidad y lo ponga en conocimiento ya del pleno para que se resuelva. Todavía tenemos semana y media de lo que va del año, otro meses ya al inicio del próximo año para que estos casos delicados, importantes de funcionarios de alto nivel en el que está la situación de incertidumbre, se resuelvan.
Si hay indicios como encontramos respecto de expresidentes de la república, exfiscal general, expresidente de la Corte, pues mandarlos a la Cámara respectiva y si no se encuentra nada, mandarlo al archivo. Creo que la Corte debería ya concluirlos esos casos, estamos en las etapas finales. Ya han dado su respuesta tratando de justificar o explicar de dónde tuvieron los ingresos para este incremento patrimonial que sumándolos son varios millones de estos funcionarios. Espero que la Corte pues retome el ritmo con el que se vino trabajando el año pasado y estos casos los resuelvan, no pueden quedar allí engavetados. Y se tiene que ir marcando el ritmo del combate a al corrupción y la transparencia, aunque ha habido intentos de bloquear a Probidad.
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