¿Tenemos un buen proceso de elección de magistrados?
Aquí hay que ser honestos. En el pasado, sin todos esos filtros que se quieren poner, a la Corte llegó gente de alta calidad; filósofos como Julio Fausto Fernández o Mauricio Guzmán. Solo que en aquel momento no existía todavía una cultura jurídica constitucional, entonces ellos conocían de casaciones penales o civiles. Después se crea la Sala de lo Contencioso Administrativo y comienza la gente a medio entender la cuestión administrativa.
Si nos vamos a las constitucionalidades que había, la primera década se presentaron como cinco inconstitucionalidades, poquísimas. De manera que a los magistrados anteriores no se les exigió tanto precisamente porque la población no presentaba casos como los de ahora, como cuestionar procesos eleccionarios o elecciones indirectas de segundo grado; no se les puso a prueba en esos temas porque lo tradicional eran las cuestiones civiles y penales, que era lo tradicional del derecho en aquel momento.
¿Qué es para ustedes el perfil del magistrado ideal?
Primero, Hay que arrancar diciendo que tiene que ser un magistrado independiente, esa es la característica más importante. Y cuando hablamos de independencia hablamos de independencia político partidaria, que quizá sea la más evidente, pero también independiente de fuerzas económicas, sociales, incluso religiosas, que puedan afectar el criterio que pueda tomar esa persona en decisiones que son trascendentales, sobre todo cuando estamos hablando de la Sala de lo Constitucional.
Segundo, debe ser una persona que esté empapada del ambiente, que conozca la realidad en la que va a desempeñar la judicatura, que no sea una persona que esté alejada de esa realidad por la academia.
Tercero, tiene que ser un profesional que dentro del área que va a fungir como magistrado tenga ya una experiencia y no pretenda llegar a adquirirla en la magistratura. Si pretende ser un magistrado en el área constitucional, pues que alguna experiencia tenga.
Y cuarto, que sea una persona que cumpla con ese requisito de moralidad notoria que exige nuestra Constitución.
¿Son esas las características que han prevalecido en elecciones anteriores, particularmente dentro del gremio de abogados?
No. Nosotros tenemos que hace un mea culpa, sobre todos los abogados, porque no ha sido ese el criterio. Hemos tenido buenos magistrados y creo que tenemos ahora una buena Sala de lo Constitucional, pero hay que reconocer que eso ha sido por accidente. Las asociaciones de abogados hemos tenido un alto componente de responsabilidad en no incorporar en nuestros procesos de selección los filtros necesarios para que las personas que se van a postular cumplan con ese perfil ideal.
¿Cuál es el peligro de que no haya un buen proceso de selección o no haya un accidente como el que menciona?
O que el accidente sea al revés, que el accidente produzca un resultado negativo. El peligro es que retrocedamos. Hemos avanzado de manera sustancial en ese sistema tan imprescindible de frenos y contrapesos en una democracia, en donde hemos visto cómo el Órgano Judicial, con esa independencia que requerimos, ha frenado decisiones del Órgano Legislativo, del Órgano Ejecutivo, ha tenido trascendencia enorme en diferentes áreas de la sociedad.
No contar con magistrados independientes con este perfil podría ocasionar, sobre todo por la jurisprudencia que ya ha asentado esta Sala de lo Constitucional, que se realicen abusos que impliquen un retroceso importante en nuestra democracia y que podamos tener problemas como los que está teniendo Honduras, por ejemplo, en donde un Órgano Judicial se presta a interpretaciones que de manera evidente son contrarias a los principios más elementales de la Constitución.
¿Qué puede hacer un abogado para contribuir al proceso?
No permanecer en esa pasividad que también nos ha caracterizado al gremio. No hay explicación de por qué en las anteriores votaciones que tenemos los abogados hay un promedio de 6 mil o 7 mil que participan cuando hemos llegado anteriormente a altos niveles. El gremio está llamado a demostrar un genuino compromiso con la democracia, con la independencia judicial, y acudir a apoyar a los aspirantes que reúnen esos requisitos. No está definida la fecha pero se especula que será a finales de febrero o marzo. El llamado sería a los más de 30 mil abogados autorizados, a que participen de estas elecciones.
¿Y el de la ciudadanía en general?
Los ciudadanos en general tienen que involucrarse en este proceso. No tienen una participación directa, pero sí tienen formas de incidir de manera indirecta en estas votaciones. Ciudadanos: cuestionen a las personas que pretenden llegar a la Asamblea Legislativa y pregúntenles si están dispuestos de verdad a llevar a las mejores personas a la Corte Suprema. De la respuesta que den, hay que considerar si se les apoya o no en las elecciones.