El nombre René Fortín Magaña ocupa varias páginas de la historia de El Salvador en la segunda mitad del siglo XX; desde los movimientos estudiantiles, como presidente de la Asociación General de Estudiantes Universitarios (AGEUS), hasta algunos impulsos reformistas y revolucionarios de este período.
Vivió en el exilio luego de integrar la efímera Junta de Gobierno de 1960. A inicios de los ochentas fundó el partido Acción Democrática y decidió no participar en la Asamblea Constituyente para construir su candidatura presidencial, que en 1984 acabó en cuarto lugar frente a los liderazgos carismáticos de Napoleón Duarte y de Roberto D’aubuisson. “Dios se ríe de los planes de uno”, asegura antes de la entrevista sobre aquella decisión.
En 2005, destacó como el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que se opuso a disminuir las funciones de la Sección de Probidad. En esta entrevista, el fundador y presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional valora las contribuciones de la Constitución de 1983 de cara a 2018.
¿Qué significó la Constitución de 1983 en esa etapa histórica?
Hasta 1983 se tenía como “Constitución modélica” la de 1950, pero por muy elogiada que fuera conservaba algunos resabios que era necesario modificar. Debía transformarse la estructura del Estado, como en efecto sucedió con la Constitución de 1983. Es una Constitución importantísima, porque a diferencia de actos anteriores participaron muchos partidos y entre todos trabajaron en el texto de la Constitución. Si bien no es perfecta técnicamente, introdujo cambios fundamentales en nuestra institucionalidad.
¿Hubo entonces una discusión plural?
La hubo. Estaban representadas las fuerzas de ARENA, la Democracia Cristiana, otros partidos de menor magnitud y el nuestro que se llamaba Acción Democrática, que tuvo dos representantes muy influyentes a quien desde aquí los recuerdo con aprecio y respeto: mi gran amigo Luis Nelson Segovia y el doctor Ricardo González Camacho. Lo fundamental de la Constitución de 1983 es el nuevo sistema para la elección de funcionarios de segundo grado, especialmente magistrados de CSJ y la creación de la Sala de lo Constitucional, que ha jugado un papel indiscutible.
El diputado González Camacho dijo que esa sala era un “tribunal constitucional”.
Todo eso se discutió y se llegó, a mi juicio felizmente, a la conclusión de que no era necesario el “tribunal constitucional” y que bastaba con que la Sala, con la autonomía que ha funcionado, pudiera dictar sentencias. Ese punto todavía está en discusión y posiblemente en el futuro vuelva a ponerse sobre la mesa. Mi opinión es que cuando las cosas funcionan bien no hay por qué tocarlas y creo que, aunque podamos tener discordancias, la Sala de lo Constitucional ha funcionado bien.
¿Se ha construido una cultura política sobre lo que significa tener una Constitución?
Creo que no. Una cosa es que sea una buena Constitución pero otra cosa son los que van a ponerla en aplicación; los funcionarios, pues. Y ahí es donde tenemos bastantes fallas como lo demuestra la historia reciente con los expresidentes que está en graves dificultades y con responsabilidad enormes, por ejemplo; y en general, con la resistencia del Órgano Ejecutivo contra las decisiones de la Sala de lo Constitucional. Históricamente, el Ejecutivo tenía un predominio de tal magnitud sobre las instituciones que difícilmente la CSJ lograba oponérsele -lo mismo pasaba con la Asamblea Legislativa. Esta institucionalidad republicana, basada en la división del poder, no se cumplía a cabalidad. Con los fallos de la Sala de lo Constitucional hemos visto un inicio para la vivencia del régimen republicano. No estos hablando aquí del régimen democrático que es otra cosa, sino del republicano.
¿Podría retroceder ese avance en 2018 con la elección de la Sala de lo Constitucional?
Ese es el grave peligro que estamos corriendo, porque si a través de esas maniobras electorales que estamos viendo en otros países de América Latina se tuerce la función institucional, el Órgano Ejecutivo recupera los poderes perdidos y puede nublarse esa conquista que adquirimos en 1983. Estamos muy próximos a elegir magistrados de la Sala de lo Constitucional y tenemos que esmerarnos todos, desde la sociedad civil sobre todo, para que lleguen magistrados de la misma fortaleza, calidad y sabiduría de los actuales.
¿Ve un avance en nuestra democracia?
Hay un avance que está gráficamente representado por la Sala de lo Constitucional. Ahora, el peligro es enorme y estas disputas por la presidencia de la República tan anticipadas tuercen el camino recto de la historia porque estamos descuidando las elecciones legislativas y municipales. Creo que las cosas hay que ponerlas en su lugar y en su tiempo. Los precandidatos presidenciales son todos de mi aprecio y de mi amistad, pero hemos puesto la carreta antes de los bueyes.