El exviceministro de Seguridad salvadoreño Inocente Montano reconoció este lunes ante el juez español que le investiga por el asesinato de cinco jesuitas españoles en su país que asistió a la reunión de la cúpula militar en el marco de la ofensiva de 1989, pero dijo que nunca se había girado una orden para asesinarlos.
Montano, excoronel del Ejército, fue extraditado la semana pasada desde Estados Unidos para ser juzgado en España por su implicación en esos asesinatos ocurridos durante la guerra civil de El Salvador (1980-1992), este lunes dio su versión ante el juez que lleva el caso.
Según fuentes presentes en la declaración que cita la agencia Efe, Montano admitió ante el juez de la Audiencia Nacional de España Manuel García Castellón que asistió a una reunión celebrada el 15 de octubre de 1989.
Al día siguiente de esa reunión, un grupo de militares incursionaron en la Universidad Centroamericana (UCA) en El Salvador y causaron la muerte de cinco sacerdotes jesuitas españoles, entre ellos el entonces rector Ignacio Ellacuría, además de a otros tres ciudadanos salvadoreños.
Montano se desvinculó de las operaciones del Ejército contra la guerrilla porque él, como viceministro de Seguridad no estaba encargado de las Fuerzas Armadas sino de las de seguridad: Policía Nacional, Guardia Nacional y Policía de Hacienda, que operaban en ese entonces, y señaló que el jefe de las Fuerzas Armadas en ese momento era Cristiani, a quien no dio ninguna responsabilidades en el asesinato.
Respecto al Informe de la Comisión de la Verdad de 1993, que le implica en la confabulación para el asesinato de los religiosos, dijo que nunca declaró en esa Comisión y puso en duda sus conclusiones al considerar que se trata de una investigación parcial.
Montano está en prisión provisional desde el día siguiente de su llegada a España, medida que recurrió su abogado alegando que está enfermo.
El defensor de también recurrió su procesamiento por delitos de asesinatos terroristas y delitos de lesa humanidad, al entender que no se aplica el principio de justicia universal porque los hechos no se pueden calificar como terrorismo ni tampoco hay pruebas de que él diera la orden del asesinato.
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