Esa fue la expresión con la que el juez presidente del Tribunal de Sentencia de Santa Tecla anunció este viernes a las cinco personas que eran acusadas de cometer un ciberataque contra La Prensa Gráfica, en 2015, que quedaban libres de cargos.
Andrés Ricardo Ortiz Lara, Mayra Lisseth Morán Lemus, José Carlos Navarro Martínez, Óscar Alejandro Domínguez Ruiz y Sofía Verónica Medina Pérez fueron absueltos de los delitos de falsedad material, agrupaciones ilícitas, violación a derechos de autor y violación a distintivos comerciales.
El Ministerio Público y el representante legal de La Prensa Gráfica, Arístides Perla (quien actuó como querellante en el proceso), acusaban a los imputados de haber creado un plan para clonar la página web de ese periódico -laprensagráfica.com- para publicar notas falsas con las que pretendían poner en entredicho la credibilidad del medio ante la opinión pública y causarle pérdidas económicas.
Los argumentos de los jueces
En su resolución, los tres jueces señalaron que en el delito de violación de derechos de autor el peritaje de escala comercial y uno elaborado por el Centro Nacional de Registros (CNR) arrojó que no podía establecerse que la página web fue usada por los imputados para lucrarse o para perjudicar económicamente a una tercera persona.
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Tampoco se estableció que ellos tuvieran participación en la elaboración de las notas que se publicaron en los sitios.
“El tribunal cree que escapa de lo racional plagiar un sitio web para obtener un beneficio… Las redes sociales no son una fuente fiable de infomación”, razonó uno de los jueces al explicar el fallo.
Agregó que hubo deficiencia en la realización de los peritajes y dejó entrever que algunos de los especialistas que fueron delegados para realizarlos no cumplían con el perfil idóneo. Él aclaró que eso no fue responsabilidad de los peritos, sino de “de quien los propuso y los acreditó”. En este caso, la Fiscalía General.
Similar análisis hicieron para el delito de violación a distintivos comerciales. Durante el juicio, la querella y la Fiscalía alegaban que con las supuestas actuaciones de los imputados habían afectado la credibidad, el buen nombre y el prestigio de la empresa.
Sin embargo, los jueces señalaron que esos no son los bienes jurídicos protegidos de esos tipos penales, sino que en este caso, el bien jurídico protegido es el patrimonio y el orden socioeconómico.
Para los jueces, no se logró establecer cómo se vio afectada económicamente La Prensa Gráfica con las publicaciones que se les atribuyeron a los procesados.
Sobre el delito de falsedad material, el tribunal concluyó que la mera existencia de una noticia falsa con contenido burlesco, que no se pudo corroborar porque la víctima no llegó declarar que lo que ahí se exponía fueran declaraciones que hubiera dado, no reunía los requisitos para afectar la fe pública, la cual es el bien protegido en el delito de falsedad material.
Los jueces señalaron que el Ministerio Público no logró individualizar la participación o el grado de responsabilidad que tuvo cada uno de los imputados.
Mientras que el delito de agrupaciones ilícitas, al no haberse probado la existencia de los otros tres delitos, no se configuró ya que no es autónomo y consecuentemente no podía verificarse.
“El tribunal ha sido correctamente imparcial y sobretodo bastante claro al establecer que en este proceso quedó evidenciado que hubo un forzamiento de los tipos penales con el único afán de ajustarlos a las situaciones que se les querían imputar a los muchachos”, declaró el abogado Adolfo Muñoz, quien defendió a Navarro y a Ortiz.
Por su parte, Bertha Deleón, defensora de Morán y Medina destacó que el presidente de tribunal fue enfático al decir que ya se debe dejar la práctica de “andar forzando los tipos penales”.
“Esperaríamos que la Fiscalía deje de saturar el sistema judicial con casos que no son delito; esperaríamos que no apelen este caso porque ya han dicho los jueces, por unanimidad, que no se cumple ni siquiera el primer requisito para entrar a un análisis jurídico”, sostuvo Deleón.
Al terminar la diligencia, los fiscales se marcharon del Centro Judicial de Santa Tecla sin brindar declaraciones a los medios de comunicación.
En 2015, La Prensa Gráfica denunció que los ataques fueron cometidos tras la publicación de investigaciones periodísticas que vinculaban a funcionarios con casos de nepotismo o de poca transparencia en el uso de los fondos públicos.
El primer ciberataque fue perpetrado el 8 de julio de 2015. Ese día lanzaron una clonación o “espejo” del sitio laprensagrafica.com, utilizando la URL: iaprensagrafica.com y como “gancho” colocaron una falsa entrevista al director de La Prensa Gráfica.
En esa ocasión, el querellante explicó que con esa clonación los acusados, que a su juicio integraban “una estructura criminal digital”, pretendían divulgar noticias falsas con el propósito de desprestigiar al medio de comunicación ante la opinión pública y generarle pérdidas económicas.
El segundo ataque fue el 22 de julio de 2015, para lo cual usaron el “espejo” con URL: “laprensagriafica.com”, usando una nota falsa referente a un premio organizado por el medio.
Perla: tribunal reconoció que hubo participación de alcalde Nayib Bukele en ciberataque
Tras escuchar el veredicto que absolvió a las cinco acusados de cometer un ciberataque contra La Prensa Gráfica, el abogado de la empresa de comunicación, Arístides Perla, aseguró que recurirá a una Cámara para que pedir que anule el fallo del Tribunal de Sentencia de Santa Tecla que eximió a todos los imputados del delito de falsedad material.
Para el abogado, “es grave” que el tribunal haya reconocido ayer que en este caso hubo participación de una “sexta persona” (de quien no revelaron el nombre) pero que no fue enjuiciada. Perla sostuvo que los jueces se referían a Nayib Bukele, el alcalde de San Salvador.
“Es lamentable que el tribunal no haya tenido el valor de decir el nombre pero en el juicio lo hemos visto: es el contacto Nayib Bukele. El tribunal le atribuyó a él la elaboración de los textos de las notas falsas y dijo que los demás imputados no tenían responsabilidad, pero eso no es cierto: ellos se los distribuyeron (el trabajo), compraron los dominios donde se lanzaron esas noticias, la información estaba en sus teléfonos… El fallo es sumamente extraño”, reprochó Perla.
Durante el juicio, uno de los peritos ofrecidos por la Fiscalía General detalló cómo se dio la clonación del sitio web del matutino a partir del cruces de registros de llamadas entre los teléfonos celulares asignados a los imputados con el número que identificaba al alcalde Bukele.
Además, el director editorial de La Prensa Gráfica, Gabriel Trillos, declaró en el juicio que recibió mensajes intimidatorios, humillantes y amenazantes vía WhatsApp. Esos mensajes, sostuvo, los recibió desde el teléfono celular que identificó como el de Bukele. El periodista explicó que reconoció que se trataba del número del alcalde porque él en una ocasión se lo proporcionó en una reunión de trabajo.