Informe del Departamento de Justicia, clave en juicio caso troles

El documento de las autoridades estadounidenses señala a Mayra Morán y Andrés Ortíz Lara en la compra de los dominios de internet con los cuales se clonó el sitio web de La Prensa Gráfica y de elsalvador.com.

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San Salvador.- 20112017.- Por tercera semana consecutiva se realiza la audiencia en contra de los troles en la sala 1 de los Juzgados de Santa Tecla. Hoy supuestamente termina el juicio pero pasa aotra instancia mercantil. Foto edh por Mauricio C‡ceres

Por Jaime López

28 November 2017

Tras nueve días de juicio contra cinco acusados por los ciberataques a La Prensa Gráfica y en la que la defensa unió todas sus fuerzas para desbaratar las pruebas que Fiscalía y la acusación particular presentaron, los defensores no se atrevieron a rebatir el informe técnico del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en ninguna de sus partes ni momentos, ni siquiera en los alegatos finales.

En ese informe se establece que Andrés Ricardo Ortiz Lara y Mayra Morán Lemus, dos de los cinco imputados, intervinieron en la compra de los dominios en internet desde los cuales se clonó los sitios de La Prensa Gráfica y elsalvador.com.

El documento, que goza de toda la credibilidad y fuerza legal y que reúne todas las condiciones como evidencia, fue tramitado e incluido en el proceso en tiempo y lugar (Juzgado Segundo de Instrucción) como lo demanda un proceso legal, estima el acusador particular, José Arístides Perla.

El documento fue enviado por solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), mediante los oficios de la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de Relaciones Exteriores, bajo la Convención Interamericana sobre Asistencia Legal Mutua entre ambos países.

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Según las autoridades estadounidenses, Morán y Ortiz Lara compraron los dominios vinculados a los ciberataques contra El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica en julio de 2015. Ambos habrían pagado esos servicios con tarjetas de crédito y débito registradas a sus nombres. Una aseveración que también fue contrastada por un informe bancario nacional que registra esas transacciones y que tampoco fue objetado por la defensa.

El informe revela que en las compras de servicios de dominios web se utilizaron no menos de cinco de tarjetas de crédito.

El documento del Departamento de Justicia de Estados Unidos dice que Morán abrió dominios como “laprensagriafica.com” y “iaprensagrafica.com”, poniéndose como residentes en direcciones del vecino país Guatemala bajo la cuenta

“Chancleteando” o “Chancleta Balco”, y que como estrategia para no dejar rastros fue cerrado el 29 de noviembre de 2015, dos semanas después de los primeros allanamientos y la captura de Ortiz Lara, el pasado 11 de noviembre de 2016.

A este último procesado, el informe estadounidense le atribuye la compra del dominio www.axpuntes.com, vinculado con la información personal de Ortiz Lara, alojada como administrador del sitio falso de LPG.

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El Departamento de Justicia detalla varios domicilios de Ortiz Lara: Residencial Altavista, colonia Florencia en Soyapango, Villas Las Dalias, Jardines del Volcán, colonia San Francisco, colonia 3 de Mayo, entre otras. Estos domicilios corresponden a las direcciones que dio Ortiz Lara para comprar el dominio www.axpuntes.com y son los mismos que allanó la Fiscalía y la Policía en el marco del operativo.

Tanto Mayra como Andrés Ricardo laboraban para las agencia Blue Group y Búnker, las cuales brindaron servicios digitales y publicitarios a la comuna capitalina que dirige Nayib Bukele.

La información del Departamento de Justicia refleja casi los mismos resultados de otra investigación que, de forma independiente, La Prensa Gráfica ordenó a Inteligencia Digital para que la desarrollara luego de descubrirse los ciberataques.

Pese a que los resultados son similares al informe oficial estadounidense, los defensores le restaron toda credibilidad porque, a juicio de ellos, ni siquiera revela su autor, la metodología empleada y los instrumentos que se utilizaron para llegar a sus conclusiones.

Además, que el documento para su valor legal no debió haber sido solicitado parcialmente por la empresa ofendida, sino con el aval de un juzgado. De ahí que el grupo de abogados defensores tienen la esperanza de que el Tribunal de Sentencia de Santa Tecla los favorezca con su fallo a ofrecerse este 1 de diciembre.

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